San Juan, P.R. –El Presidente de la Comisión de Salud, Ángel R. “Chayanne” Martínez Santiago y la Presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico, Nayda Venegas Brown sometieron la resolución 870 ante el Cuerpo Legislativo con el fin de realizar una abarcadora investigación sobre la implantación y efectividad de la Ley 206-2008 y la Ley 58-2009, a los fines de evitar la explotación financiera contra los envejecientes e incapacitados. Esta fue aprobada el pasado lunes, 29 de junio de 2020.
Martínez Santiago informó que los casos de explotación a ancianos en el Distrito de Arecibo y en todo Puerto Rico han ido en aumento. “Recuerdo un caso que me partió el corazón de unos ancianos, estos fueron abandonados por sus sobrinos y unos vecinos se hicieron tutores. Estos supuestos buenos samaritanos vaciaron su cuenta de banco, aprovechándose totalmente de la situación.”
La Ley 58-2009 se estableció como política pública del Gobierno de Puerto Rico, proteger a las personas de edad avanzada contra la explotación financiera por parte de familiares, personas particulares o empresas privadas. La Ley 206-2008 ordena al Comisionado de Instituciones Financieras, a la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y a la Oficina del Comisionado de Seguros a implantar aquellos reglamentos necesarios, a fin de, requerirle a toda institución financiera, cooperativas o de seguros en Puerto Rico que establezcan un protocolo de prevención y detección de posibles casos de explotación financiera a personas de edad avanzada o incapacitados. Pero no son suficientes y es necesario ser más enérgico con estos casos. Recientemente, los medios de comunicación han reseñado el aumento del patrón delictivo que atenta contra el bienestar y seguridad de las personas mayores de 65 años. Durante el pasado año fiscal, se presentaron 2,088 querellas ante la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada.
“Ante lo antes expuesto, resulta meritorio que el Senado de Puerto Rico ausculte sobre el cumplimiento de la legislación vigente que busca proteger a los envejecientes e incapacitados. De esta manera, podemos desarrollar iniciativas legislativas que redunden en una mejor calidad de vida para estas poblaciones que son las más vulnerables. Nos encontramos en el análisis y la viabilidad de presentar diversas piezas legislativas, para asegurar aquellas pérdidas de las personas de edad avanzada, atemperar conforme a la actualidad social los tipos de conductas, factores, elementos y/o características como indicadores sospechosos, a los fines de lograr prevenir e identificar la explotación financiera a esta población” expresó el Senador por el Distrito de Arecibo.
