Annette Y. Jiménez Collet
Candidata al Senado Distrito 3 Arecibo
Movimiento Victoria Ciudadana
Trascendió en los medios noticiosos la carta que el Departamento de Justicia Federal suscribió al presidente de la CEE, Lic. Juan Dávila. En la misiva, se contesta de forma negativa la solicitud de financiación de un plebiscito legislado en enero, que viabiliza la sexta consulta sobre la estadidad en Puerto Rico. Se estima que esta consulta puede costarle $2 millones al pueblo de Puerto Rico.
El partido de gobierno obstinadamente pretende que el país, en medio de la fragilidad estructural que padece, el desamparo de familias que perdieron sus pertenencias por causa de las inundaciones recientes, y las imputaciones de administración deficiente señaladas por Oficina del Inspector General del gobierno federal, avale la celebración de un plebiscito más, con dinero público que no tenemos, que no cuenta con el aval del gobierno federal.
Esta terquedad, en apariencia irracional, está muy bien pensada: tiene como objetivo motivar a los electores que se inclinan por la estadidad, a que asistan al evento electoral del 3 de noviembre. Comienzan apelando al terror clásico de perder la ciudadanía, y culminan con la lista de las repúblicas a las que no nos queremos parecer. Una colectividad que retiene a sus seguidores en base al miedo y la desinformación está destinada a perecer. Esta es una de las muchas razones por la que el PNP, una fuerza electoral gigantesca en los años 90, ha venido a menos a través de los cuatrienios. Cada vez son más quienes se identifican con la estadidad, pero no con el partido que la usa como sombrilla para cubrir sus escándalos, los crímenes impunes, las burlas del chat infame, los suministros escondidos, las pruebas del COVID-19 a sobreprecio, la ineptitud de sus secretarios y secretarias de agencia y tantas otras afrentas.
En el MVC reafirmamos nuestro compromiso con la Asamblea Constitucional de Estatus (ACE), un proceso vinculante, participativo e inclusivo de todas las opciones descolonizadoras reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La participación amplia comienza con un referéndum para mandatar la ACE que, de ser avalada por la mayoría, se creará a través de una Ley Habilitadora. El pueblo escoge sus representantes en igual cantidad por cada opción: estadidad, libre asociación e independencia. Estos definen en conjunto con EU las condiciones específicas de cada opción descolonizadora, y luego esas opciones previamente acordadas con EU se presentan al pueblo a través de asambleas informativas, antes de emitir un voto consciente y educado, conducente a al proceso descolonizador seleccionado.
