Las principales organizaciones empresariales urgen a la Gobernadora a reenfocar esfuerzos y recursos en la corrección de las deficiencias del reglamento de permisos.
San Juan, 20 de agosto de 2020 – Las principales organizaciones empresariales del país urgieron hoy a la Gobernadora, Wanda Vázquez Garced a atender de manera inmediata las deficiencias contenidas en el nuevo reglamento de permisos, ante la realidad que experimentan los empresarios y negocios locales a raíz de la pandemia.
Jorge Argüelles Morán, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), expuso que “las constantes órdenes ejecutivas en respuesta a la pandemia han colocado a los negocios locales en una crisis sin precedentes, y el reglamento de permisos, establecido por la actual administración, agrava aún más la ya precaria situación”.
“Los comercios y empresas de la Isla están en una situación de total indefensión y parálisis. Por un lado, les dan el mandato de cerrar u operar por debajo de su capacidad, lo que provocará el cese de operaciones de muchos, y por el otro, le imponen mayores cargas económicas a los negocios, como lo es el requerimiento del Permiso Único y todo lo que ello conlleva. No hay forma que los negocios puedan levantarse bajo este escenario”, manifestó Argüelles.
Esta es la segunda ocasión que el Tribunal de Apelaciones declara nulo el Reglamento Conjunto de Permisos, por este no haber cumplido con los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). Sin embargo, la representación legal de la Junta de Planificación, compuesta por Valerie Rodríguez Erazo y Héctor Morales, insisten en sostener un litigio, pagado por el pueblo, que a todas luces es contrario a ley y al interés público. Esta insistencia de los abogados y de la Junta de Planificación resulta en un esfuerzo infructuoso y en una pérdida de fondos públicos.
Por su parte, Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA, comentó que “el impacto en costos puede ser significativo, en momentos en que el sector comercial se encuentra en preocupante debilidad. El objetivo de la ley era el simplificar los procesos y minimizar los requerimientos asociados, pero el reglamento no ha cumplido con ese objetivo. La Junta de Planificación y la OGPe no deben perder de perspectiva que el Permiso Único, según contemplado en la Ley, establecía un simple registro donde se consolidarían todos los permisos y licencias de operación de un comercio, bajo un mismo archivo”.
Las principales organizaciones empresariales del país, entre las que, además del Centro Unido de Detallistas (CUD), se destacan la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos
(MIDA), la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Asociación de Detallistas de Gasolina, Empresarios por Puerto Rico, la Cámara de Industriales de Rótulos y Anuncios (CIRA), la Asociación de Centros de Inspección (ACI), Coopharma, la Asociación de Funerarios de Puerto Rico, y la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado, entre otras, expresaron que llevan meses denunciando las deficiencias crasas del reglamento de permisos. Estas indican que, aunque hubo un compromiso de la Gobernadora de atender las preocupaciones, al día de hoy no se ha hecho nada.
Juan Carlos Agosto, presidente de la Cámara de Comercio, expresó que “hoy nos topamos con un reglamento que no simplifica los procesos, sino que impone unos más complejos, que no disminuye costos, sino que los aumenta. Un reglamento que trae requerimientos nuevos y onerosos, contrario a la reiterada sugerencia de estudios como Doing Business 2020, publicado por el World Bank Group. Los cambios integrados no fomentan un mayor desarrollo económico. Al final de la cadena, estos requerimientos cargan los costos de productos y servicios que redundan en potenciales aumentos para el ya abatido bolsillo del consumidor”.
El grupo de organizaciones hizo un llamado a la Gobernadora para que atienda el tema de permisos de forma prioritaria. “No dudamos que la Gobernadora posee una intención genuina de forjar cambios que sean base de transformación para Puerto Rico. Tiene en sus manos una oportunidad única, y confiamos en que lo haga. Hubo un compromiso de Fortaleza de atender el asunto y esperamos ese compromiso se concrete, y se atienda el PC 2404.”, puntualizó Argüelles.
“La reglamentación no solo convierte el Permiso Único en un permiso nuevo, sino que también integra una modalidad nueva de segregación del negocio, basado en usos, a pesar de que estos forman parte de una misma operación para lo cual el negocio ya había obtenido autorización del gobierno, a través de su permiso de uso. En palabras simples, el Permiso Único es utilizado por el gobierno para imponer una contribución adicional sobre permisos ya obtenidos”, señaló Rafael Mercado, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina.
Los representantes de los diferentes sectores económicos advirtieron que en este asunto hay intereses económicos de por medio. “El reglamento adoptado solo beneficia a un grupo exclusivo de personas, en detrimento de toda la cadena empresarial. No posee controles, tampoco unos parámetros de supervisión que garanticen la transparencia del proceso. Mientras miles de empresas se debaten en la continuidad de operaciones, tenemos una agencia invirtiendo cantidades sustanciales en abogados, para defender una reglamentación que es nefasta para su sector productivo. ¿Es este el paso de avanzada para propulsar el crecimiento económico que nos prometieron?”, señaló Elliott Pacheco, presidente de Empresarios por Puerto Rico.
Las organizaciones también alertaron que a pesar de que las licencias, permisos y certificaciones para la operación de un negocio están bajo un periodo de moratoria, otorgado por la Gobernadora, las agencias están requiriendo las renovaciones a los comercios, so pena de cerrarlos.
Coincidieron en que el Reglamento Conjunto de Permisos y el Permiso Único, según adoptados por la Junta y por OGPe, constituyen un retroceso de décadas en los avances logrados por el sector empresarial en la simplificación del proceso de permisos, obtención de licencias y renovaciones. Expusieron que el Proyecto de la Cámara 2404 atiende la problemática, mas, sin embargo, quedó corto de tiempo para su aprobación en el cierre de sesión ordinaria. Es por ello, que el grupo solicita a la Gobernadora que la medida sea incluida en una Sesión Extraordinaria.
“El gobierno debe enfocar su esfuerzo en atender los reclamos y problemáticas que han expuesto más de una decena de organizaciones empresariales. Nuestro sentir es que la Gobernadora no está recibiendo la información correcta, o que la está recibiendo de entes que poseen intereses económicos en el tema”, concluyó el Líder del Centro Unido de Detallistas.
