La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Morovis. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio formalizó ocho contratos por $221,566 con cuatro corporaciones regulares, para el mantenimiento de acondicionadores de aire y servicios de electricidad. Sin embargo, no se aseguró que la Corporación A, cuyo dueño indicó que no tenía empleados, cumpliera con lo estipulado en el contrato, de no subcontratar los servicios. La auditoría de dos hallazgos señala, que personas no autorizadas prestaron servicios de refrigeración en Morovis. Los oficiales de la corporación A y B, no tenían licencia de la Junta Examinadora; tampoco la persona subcontratada que realizaba el mantenimiento de la Corporación A, ni el empleado de la Corporación B, tenían la licencia requerida. Los supervisores de ambas corporaciones sí tenían sus licencias, pero estaban vencidas y no se habían renovado.
Esta situación pudo resultar perjudicial ya que no hay certeza de que los servicios se rindieran de acuerdo con las leyes y las certificaciones. La Contraloría de Puerto Rico remitió estas situaciones al Departamento de Justicia, al Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico, al presidente de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico y a la presidenta de la Junta de Calidad Ambiental, para las acciones correspondientes. Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, el entonces director de Finanzas, autorizó el pago de $7,158 a la corporación A, por deudas contraídas el año fiscal anterior. Tampoco el Municipio obligó las asignaciones presupuestarias para el pago de siete contratos por $212,962, sino hasta un año después.
El Informe comenta que el Municipio transó por $30,000, una demanda que una empleada presentó en el 2015, por discrimen político y despido sin justa causa. La empleada fue reinstalada en su empleo en el 2018.
Al 31 de diciembre de 2018, estaba pendiente de resolución por el Tribunal, una demanda civil por $3,700,000 por incumplimiento de contrato y cobro de dinero. Además, 79 casos estaban pendientes de resolución ante la Comisión Apelativa del Servicio Público por reducción de jornada y ajuste salarial.
El informe de Morovis, cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2018, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
