La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Barceloneta. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio realizó una compra de equipos y vehículos en el estado de Florida, por los cuales desembolsó $48,730 en exceso de lo establecido en la ordenanza municipal y sin garantías. Además, se emitieron comprobantes de desembolso sin emitir las órdenes de compra sino hasta tres meses después. Esta situación impide mantener un control de las asignaciones presupuestarias y podría propiciar sobregiros.
La auditoría de cinco hallazgos señala que, contrario al Reglamento para la Administración Municipal de 2016, no se realizaron gestiones afirmativas para obtener cotizaciones de al menos, tres proveedores representativos en el mercado. Además, se emitió una orden de compra por $3,125 a favor de un proveedor, con un formulario de Solicitud de Cotizaciones alterado y sin la firma del empleado que realizó la modificación.
Los auditores hallaron que el encargado de la propiedad, no realizó el inventario físico anual de la propiedad para el 2016, no notificó las diferencias encontradas en el inventario de 2017 y no había preparado la Transferencia de Propiedad de 46 unidades, al 11 de abril de 2018. Esta situación refleja la falta de controles adecuados sobre la propiedad y propicia el uso indebido o pérdida de ésta.
El Municipio de Barceloneta tuvo que pagar $2,535 en multas por 169 violaciones a la Ley 22-2000, de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico relacionadas a la falta de balance en la cuenta de Auto Expreso. Esta situación se atribuye a que la directora auxiliar de Finanzas y el subdirector de Head Start no realizaban análisis periódicos de los balances de las cuentas.
Desde el 1994, no se actualizan los planes de clasificación de puestos para los servicios de carrera y de confianza en Barceloneta. Esta situación no permite mantener un sistema adecuado para la administración de personal.
Además, el Informe de Caja del Municipio reflejaba recursos económicos por $13,234 en dos fondos especiales que habían permanecido inactivos hasta por más de nueve años. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-16-32 de 2016.
El Informe comenta que el Programa de Administración de Documentos Públicos, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña, le notificó a la alcaldesa el 15 de junio y el 18 de octubre de 2018, la posible violación de Ley y de reglamentación tras la destrucción no autorizada de documentos por parte de empleados del municipio. Además, el Programa le requirió información sobre los documentos decomisados que al 31 de diciembre de 2018 no habían suministrado.
La Oficina del Contralor le notificó y orientó al Municipio en el 2017, sobre un contrato que tuvo con una sociedad especial en el 2013, por el cual pagó $88,296, y cuyo presidente se había declarado culpable de sobornar a un representante de otro municipio ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. La ley 458-2000, según enmendada, dispone, entre otras cosas, que ninguna entidad de Gobierno contrate servicios o bienes a persona natural o jurídica que haya sido convicta o se haya declarado culpable por delitos constitutivos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos. Al 5 de diciembre de 2018, el Municipio certificó que no habían realizado un análisis para determinar la restitución de fondos, debido a la falta de personal y alto volumen de trabajo.
Barceloneta ha mantenido 162 empleados clasificados como transitorios hasta por más de tres años. La ley establece que dichas contrataciones no pueden exceder de un año, con algunas excepciones.
El Informe recomienda a la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto asegurarse que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
El informe de Barceloneta cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2018, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
