La gobernadora Wanda Vázquez Garced emitió la Orden Ejecutiva 2020-075, para suspender temporeramente la aplicabilidad de la Orden Ejecutiva 2018-033, que aumentó el salario mínimo de los trabajadores de la construcción, poner en vigor las leyes que requieren el uso de cemento producido en Puerto Rico y requerir el uso de acuerdos laborales en proyectos de construcción sufragados con fondos públicos.
Esta nueva Orden Ejecutiva va dirigida a suspender temporeramente la OE-2018-033, que emitiera el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares para aumentar el salario mínimo de los trabajadores de la construcción a $15 para los obreros de construcción de obra financiada total o parcialmente con fondos del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas.
“La difícil situación que ha experimentado la industria de la construcción se ha agravado aún más como consecuencia de las medidas de cierre y distanciamiento tomadas como respuesta a la emergencia decretada por el COVID-19. A pesar de que la apertura cuidadosa y escalonada de distintos sectores económicos ha permitido la reanudación de los proyectos de construcción, la paralización total que fue necesaria implementar por aproximadamente dos meses ha tenido un grave efecto en esta industria. Como consecuencia, resulta imperativo repensar las medidas recientes que se han adoptado concernientes a la industria de la construcción y evaluar sus efectos, ventajas y desventajas, de manera que las decisiones futuras estén sustentadas en la realidad que vive la industria en estos tiempos de COVID-19 y dirigidas a la sostenibilidad de este importante sector”, expresó la gobernadora.
Posterior a la implementación de la OE-2018-033, múltiples sectores han señalado la urgente necesidad de sostener una evaluación detallada sobre el impacto que las medidas contenidas en la referida orden ejecutiva han tenido en la economía en general y en la industria de la construcción, incluyendo en aquellos proyectos de construcción no financiados con fondos públicos.
Entre los planteamientos expuestos por las distintas entidades públicas y privadas se encuentra que la implementación de la Orden Ejecutiva ha significado un incremento en costos en los proyectos de construcción. Esto, unido al incremento en costos que se ha experimentado en la adquisición de bienes y servicios propios de la industria de la construcción, amerita una evaluación ponderada sobre la deseabilidad de mantener vigente o no la OE-2018-033.
Las disposiciones de la OE 2020- 075 tendrán aplicación prospectiva. Por lo tanto, los proyectos de construcción financiados total o parcialmente con fondos del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas que comiencen o se publiquen posterior a la fecha en que se emita esta Orden Ejecutiva, no se regirán por las disposiciones de la OE-2018-033. No obstante, los contratos o acuerdos firmados, incluyendo enmiendas subsiguientes, conforme a las disposiciones de la OE-2018-033 continuarán vigentes, según los términos y condiciones acordados.
Durante este periodo de suspensión un grupo de trabajo compuesto por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDDEC), el Departamento de la Vivienda, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y miembros del sector privado, en conjunto con cualquier otra agencia que entiendan pertinente y el sector privado, realizará los estudios y evaluaciones correspondientes, de manera que pueda emitir una recomendación sobre la potencial derogación o enmienda de la OE-2018-033.
De igual forma, evaluará la posible derogación o enmienda a las distintas normativas emitidas por las agencias relacionadas a la implementación de la OE-2018-033, incluyendo las Guías Interpretativas emitidas por el DTRH en su Carta Circular Núm. 2018-001. Este grupo de trabajo estará liderado por el secretario del DTRH y deberá emitir las recomendaciones correspondientes en o antes de noviembre 30 de 2020.
Vázquez Garced concluyó: “La industria de la construcción es una de las principales fuentes de empleo de Puerto Rico, especialmente para las personas de clase trabajadora que más se han afectado por la crisis económica y fiscal de los pasados años y por las medidas tomadas para combatir el COVID-19. Por lo tanto, es deber ministerial del gobierno asegurar el bienestar y estabilidad tanto de los trabajadores de la construcción como de la industria en sí”.
