La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Hatillo. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio contrató una corporación regular por $276,680 para trabajos de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire, cuyo presidente tenía vencida la licencia de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración desde el 2008. Además, en los comprobantes de desembolso de ésta y otra corporación contratada, no hay evidencia de sus certificaciones de trabajo realizado, que garanticen la capacidad y conocimiento para desempeñarse como técnicos, según dispone el Colegio de Técnicos de Refrigeración.
Estas situaciones se remitieron a la Secretaria de Justicia el 20 de noviembre de 2019, a los presidentes de la Junta Examinadora y del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico, y a la presidenta de la Junta de Calidad Ambiental, el 8 de octubre de 2019, para las acciones correspondientes.
El Municipio contrató a un ingeniero para realizar diseños de planos, estudios de suelo y supervisión de la construcción del Parque de Pequeñas Ligas de las Parcelas Nuevas del barrio Carrizales por $31,500. Contrario a la cláusula contractual, el ingeniero subcontrató por $1,200 a una corporación regular (D), para trabajar los estudios de suelo. No obstante, el ingeniero facturó $3,000 al Municipio por dicho estudio. Esta situación, se refirió al presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) el 8 de octubre de 2019, para las acciones correspondientes. La corporación D, de hecho, estaba impedida de prestar los servicios de ingeniería ya que no estaba constituida como una profesional.
La auditoría de 13 hallazgos señala que el Municipio no obtuvo cotizaciones para la compra y construcción de tres hitos, ni 46 esferas por $48,780. Además, El Municipio comenzó la construcción de mejoras en el Centro Vacacional Luis Muñoz Marín, sin obtener los permisos, ni obtuvo el endoso y permiso del Departamento de Transportación y Obras Públicas, para la construcción de tres hitos por $52,030, en áreas colindantes con la carretera estatal.
Los auditores identificaron que se pagó $73,504 por el acceso y uso del Sistema Integrado de Municipios Avanzados (SIMA) y sus diferentes módulos sin utilidad ya que no estaba en funcionamiento. Esta situación contraria a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, se atribuye a que el director de Finanzas no protegió los intereses del Municipio al no asegurarse de la culminación de la entrada de datos para utilizar el módulo.
Contrario a la reglamentación vigente, el Municipio contrató los servicios profesionales de un perito electricista por $62,410, sin contrato escrito. Es un requisito que tiene que cumplirse sin excepción alguna, que para que un contrato, tenga efecto vinculante, debe constar por escrito.
La Junta de Calidad Ambiental multó al Municipio de Hatillo por $72,000 (luego la redujo a $36,000) por construir y operar seis instalaciones de inyección subterránea en el Centro Recreacional Punta Maracayo, sin permiso y en violación del Reglamento para el Control de la Inyección Subterránea de 1983. Esta situación, además de reducir los recursos disponibles, pudo ocasionar daños ambientales.
Del 2013 al 2016, el Municipio otorgó 2,063 contratos y sus enmiendas por $26,901,236. De la muestra evaluada, la Oficina del Contralor, halló que no se obligaron los créditos presupuestarios necesarios para el pago de contratos, sino hasta tres meses después de que se otorgaran. Además, adquirió piezas y servicios de mecánica sin emitir órdenes de compra. Esta situación impide mantener un control efectivo de las partidas presupuestarias.
El director de Finanzas admitió que no se mantenía un inventario perpetuo de las libretas de recibos de recaudador auxiliar en blanco, ni se verificaban con cierta periodicidad la existencia de estas. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-15-29 del 11 de mayo de 2015.
Tampoco el director de Finanzas contabilizó, en los sistemas de contabilidad, 416 cheques que se emitieron de forma manual del 2013 al 2015. De hecho, la auditoría determinó que para el 75% de estos cheques no se había completado la Autorización para Cheques Manuales según dispone la reglamentación aplicable.
El Informe devela que la Unidad de Auditoría Interna de Hatillo, no realizó auditorías que incluyeran, por ejemplo, la evaluación del funcionamiento del Sistema Uniforme de Contabilidad Mecanizada -SUCM, del Sistema Integrado de Municipios Avanzados – SIMA, ni del Módulo de Recaudaciones (Ingresys). El Municipio tampoco realizó gestiones efectivas para cobrar $467,144 en patentes, arrendamiento y venta de lotes del cementerio, al 30 de junio de 2017.
El Municipio de Hatillo carecía de reglamentación, a junio de 2017 para la solicitud de cotizaciones que no requieran subastas públicas, para donar materiales de construcción a viviendas, o para realizar compras en casos de emergencia, entre otros. Además, se detectaron 33 contratos y cuatro escrituras que no se habían anotado en el Registro de Contratos del Municipio como dispone la reglamentación vigente.
Lo auditores identificaron 44 fondos especiales con $360,349 que habían permanecido inactivos hasta seis años. El director de Finanzas no pudo explicar las razones de la inactividad de dichos fondos. Esta situación que se había comentado en el Informe de Auditoría M-15-29, priva al Municipio de recursos económicos que se pueden utilizar para sus necesidades.
El Informe comenta que el Municipio formalizó cinco contratos por $66,300 con una corporación regular no autorizada para prestar servicios de ingeniería. Esta situación se notificó el 8 de octubre de 2019 al presidente del CIAPR para que tome las acciones pertinentes.
Un funcionario municipal en estado de embriaguez, impactó un caballo con un vehículo del Municipio, lo cual le causó la muerte y daños físicos a su propietario. El Municipio transó una demanda del perjudicado por $27,000.
Tras un acuerdo con la U.S. Department of Labor, Wage and Hour Division, el Municipio pagó $16,952 a 67 empleados en el 2016 por concepto de tiempo extra trabajado y no pagado. El Municipio también tuvo que pagar $8,364 como devolución por la contratación de una maestra sin la preparación académica requerida para el programa Child Care Development Fund.
El Municipio tiene pendiente en los tribunales una demanda civil por $26,572 por derecho laboral, indemnización y reinstalación.
La auditoría recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con le Plan de Acción Correctiva establecido por la Contraloría de Puerto Rico. El Informe de Hatillo, cubre el periodo del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2017, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
