El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, anunció la radicación de una medida de su autoría que propone la existencia de la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos. Aunque en la actualidad existe la Defensoría de Personas con Impedimentos, lo cierto es que durante los pasados años, su incumbencia se ha visto plagada de irregularidades y señalamientos por parte del gobierno federal.
A estos fines, Ríos aseguró que si no se actúa con premura dicha oficina podría perder millones de dólares en fondos federales. “Es urgente la aprobación de una legislación con la cual se establezca una entidad pública independiente que opere exclusivamente conforme a los requerimientos de las leyes federales. Con la misma se logrará que los fondos no estén catalogados como alto riesgo, se mantenga el personal y las facilidades para ofrecer los servicios. Además, garantizar la protección y defensa que tanto necesita esta población.”
“La implementación de un programa federal exigido para la subvención de los fondos, no puede depender de las decisiones administrativas del estado ni afectarse por la dinámica y controversias de la dirección de la defensoría ni cualquier otra entidad que brinde servicios, como ha sucedido hasta el momento. Con esta ley se viabiliza una política pública enfocada en aumentar la autonomía, fiscalización y rendición de cuentas”, dijo el senador.
El Proyecto del Senado 48 detalla que esta oficina velará y tomará acciones en contra del abuso, la negligencia u otras formas de negación de derechos y garantizará que se establezcan e implementen los programas requeridos para personas con impedimentos. Por otro lado, el organismo contará con una Junta de Directores, que estará al pendiente de la gobernanza, autonomía, transparencia, rendición de cuentas y fiscalizará el cumplimiento de las metas. La misma constará de 13 miembros, la mayoría de los cuales deberán ser representantes de la población de personas con impedimentos y conocedores de este tema.
Entre las facultades que tendrá la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos está proveer asistencia legal o administrativa que garantice la protección y defensa de sus derechos. Investigar incidentes de abuso o negligencia y capacitar a funcionarios sobre derechos de esta población, entre otros.
Datos obtenidos del Censo 2010 estiman que en Puerto Rico hay cerca de 900 mil personas que padecen algún tipo de impedimento. Esto representa 1/4 de la población de la isla.