El expresidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, anunció la radicación del Proyecto de la Cámara 29 el cual obliga a toda agencia y corporación pública del gobierno central a atender cualquier querella presentada por la ciudadanía dentro de un periodo máximo de 30 días.
La medida, de la cual se hizo coautor el actual presidente del cuerpo, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, también viabiliza que los municipios ofrezcan los servicios que las antes mencionadas entidades no puedan brindar dentro del término establecido y faculta a los mismos a cobrarle a dicha agencia y/o corporación pública por los mismos.
“En los últimos años el gobierno ha enfrentado una crisis fiscal y como consecuencia de ésta, el pueblo ha experimentado un deterioro en los servicios ofrecidos por las agencias y corporaciones públicas que administran los servicios básicos. Innumerables son las quejas de los ciudadanos que ante el alza en el costo de estos servicios ven como disminuyen la eficiencia”, sostuvo el también Portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara Baja.
El proyecto define los servicios básicos que pueden prestar los municipios como salud, educación y seguridad, incluyendo, pero no limitándose, a servicios de energía eléctrica, agua potable y mantenimiento de las carreteras estatales.
Según explicó Méndez Núñez, quien representa el Distrito #36 de Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra, la falta de prestación de estos servicios de manera rápida afecta la calidad de vida de los ciudadanos.
“A tales efectos, entendemos necesario que se faculte a los municipios a prestar los servicios requeridos por los ciudadanos cuando las agencias llamadas a ofrecer el servicio tarden más de 30 días en proveerlos. Esta facultad la podrán ejercer los municipios cuando estén capacitados para ofrecer el servicio gubernamental que la agencia o corporación pública venga obligado a ofrecer. De esta manera podrán ayudar a restablecer el servicio rápidamente para que los ciudadanos se afecten lo menos posible y puedan atender efectivamente sus necesidades”, agregó el líder novoprogresista.
El periodo de 30 días laborables comenzará a contar al momento de la presentación de la querella por parte del ciudadano. Luego, de no completarse el servicio, los municipios podrían entrar en acción.
Se excluye de los parámetros de esta nueva ley al Departamento de Justicia, Departamento de Seguridad Pública, la Guardia Nacional de Puerto Rico, la Comisión Estatal de Elecciones, la Rama Judicial, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Gobernador.
