Durante una maratónica vista pública de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del programa de Educación Especial del Departamento de Educación, que preside la senadora María de Lourdes Santiago, y a la cual no compareció la designada Secretaria de Educación, Elba Aponte, los gremios sindicales y organizaciones sin fines de lucro, se manifestaron en contra de la iniciativa del gobierno de reiniciar las clases presenciales en las escuelas del país de manera presencial.
Este fue el caso del Comité Timón de Familiares de Personas con Impedimentos, Inc. que entiende que esta iniciativa es una improvisación sin garantías que salvaguarden la salud de los estudiantes.
“Nos parece que este regreso a clases, ha sido una iniciativa de improvisación y de la forma en la que se ha presentado, no garantiza un regreso seguro de nuestros estudiantes. Como bien mencionamos, para el Comité Timón del Pleito de Clase, la salud física y emocional de nuestros estudiantes es prioridad. ¡Queremos un regreso a clases presencial, pero un regreso seguro!”, indicó María del Carmen Warren, presidenta del Comité Timón.
Warren detalló que, en primer lugar, el Plan al que tuvieron acceso, según redactado, excluye a la comunidad escolar y los padres, en especial, a los estudiantes del Programa de Educación Especial. Asimismo, que el Departamento de Educación no contempla a los transportistas, que son los primeros en tener contacto con los estudiantes.
“No fueron incluidos en el plan de vacunación (en referencia a los transportistas), ni se consideraron medidas de higiene, distanciamiento físico, entre otros, para que los estudiantes reciban este servicio tan importante. Todos sabemos que la vacunación no nos eximirá del contagio, sin embargo, el Gobierno deberá tomar las medidas necesarias, para asegurarse de que el personal que se encarga de la transportación de nuestros niños es capaz y actúa considerando las condiciones específicas de cada estudiante”, insistió la líder comunitaria.
Mientras, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, insistió en que las escuelas deben reabrirse para el mes de agosto. “Estamos de acuerdo en que debe haber una reapertura paulatina de escuelas a partir del mes de agosto cuando el nivel de transmisión viral y la tasa de positividad de contagios por el COVID-19 disminuyan y sea bajo un estricto protocolo estructurado, salubre y seguro para nuestros maestros y estudiantes”, estableció Grishell Toledo quien participó en representación de Víctor Bonilla, presidente del gremio.
Según la Asociación de Maestros, no existen datos certeros o concluyentes sobre la cantidad de docentes vacunados y el programa de rastreo comunitario del Departamento de Salud mostró reservas.
En tanto la Federación de Maestros (FMPR), aseguró llevan tiempo sugiriendo iniciativas para este proceso. “Diversos factores que han sido ampliamente discutidos con la actual nominada secretaria de educación, igual al anterior, a la anterior gobernadora, legislatura y actual gobernador, la Federación de Maestros de Puerto Rico junto a los grupos que componen el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública y la Mesa Social, hemos presentado propuestas concretas para trabajar un reinicio de clases escolar, para que cuando sea seguro, se pueda reiniciar el semestre”, acotó la Profa. Mercedes Martínez, presidenta del gremio.
Asimismo, el Grupo Magisterial EDUCAMOS presentó su preocupación ante el reinicio de clases presenciales. Su presidenta quien también es maestra de Educación Especial, Migdalia Santiago Negrón, criticó el que el Gobierno, según dijo, pretenda que en ocho días laborables se retome la educación presencial, alegando asuntos como el hambre, el maltrato y el rezago para “justificar su prisa”.
La organización sin fines de lucro Mesa Social, la cual es un grupo de organizaciones y personas comprometidas con la salud integral y los derechos humanos en Puerto Rico, al igual que los grupos anteriores expresó su rechazo a la reapertura de escuelas en marzo. “Reiteramos nuestra oposición al regreso a clases presenciales hasta tanto nuestras comunidades no estén a riesgo y el DE provea las herramientas y recursos necesarios para mantenerlas seguras”, manifestó la Dra. Ángeles Acosta, Portavoz del grupo.
Igualmente, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores se expresó en contra del reinicio de clases presenciales. Al igual que UNETE. “Ante la intransigencia del gobernador en abrir las escuelas, lamentablemente la reputación del maestro ha sido mancillada”, lamentó Liza Fournier Córdova, presidenta de UNETE.
Todos los deponentes coincidieron que el Departamento de Educación no los han insertado en la confección del Plan de apertura.
