Los representantes Orlando José Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico y Juan José Santiago Nieves, quien preside la Comisión de Asuntos Municipales, cuestionaron las alegaciones de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, quien expresó públicamente esta pasada semana que el contrato del gobierno central con la empresa LUMA Energy para administrar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), no se puede enmendar porque chocaría con la Constitución de Estados Unidos de América.
“Si con la aplicación de la Ley Promesa se pudo enmendar decenas, si no cientos de acuerdos con los bonistas y otras organizaciones e individuos, honestamente no entiendo cual es la base legal de Jaresko, sobre todo con la información lograda por el compañero Luis Raúl Torres”, detalló Aponte Rosario, quien es abogado y representa el distrito 26 de Barranquitas, Villalba, Orocovis y Coamo. Torres preside la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara y ha realizado casi una veintena de vistas públicas y ejecutivas como parte de la investigación de la contratación de LUMA.
“Jaresko sostuvo que la Cláusula de Contratos de la Constitución de Estados Unidos establece que un estado (o territorio) no puede enmendar un acuerdo unilateralmente. Cuando la acción gubernamental (legislativa) para modificar o revisar los términos de un contrato requiere cambios razonables y necesarios, a la luz de las circunstancias del caso para salvaguardar el sistema energético y la solvencia económica de la propia corporación pública, entonces el Tribunal Supremo valida la acción legislativa”, argumentó Aponte Rosario.
El legislador añadió que la protección constitucional a las obligaciones contractuales no es absoluta. “Esto se debe a que esa garantía constitucional debe ser armonizada con el poder de reglamentación del Estado cuando actúa en beneficio del interés público. Así ha sido reconocido consistentemente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como por la Corte Suprema de los Estados Unidos”.
Por su parte, Santiago, quien es especialista en Administración Pública graduado de la Universidad de Puerto Rico, señaló que el consorcio asumiría las riendas de la AEE el próximo 1 de junio, cuando vence el período de transición. “Lo menos que deberíamos aceptar es que esa fecha se atrase al menos un año para que se examine al detalle ese contrato, que a todas luces no es justo para Puerto Rico”.
El legislador por el distrito 28 (Comerío, Naranjito, Corozal y parte de Barranquitas), señaló además que un extenso estudio de cuatro meses que hizo el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico “en la fase técnica, sumado a otro del Colegio de Abogados en los temas legales, nos lleva a evaluar, con dichos datos, que ese contrato hay que enmendarlo. Hay unas disposiciones que deben garantizar derechos laborales, entre otros asuntos”.
El pasado jueves, la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara hizo unos requerimientos de información al Departamento de Justicia y Oficina del Contralor. Tanto el secretario Domingo Emanuelli, y la contralora Yesmín Valdivieso. Ambos tienen un término de 10 días calendario para entregar ciertos documentos y si realizaron alguna evaluación sobre el contrato, o de las negociaciones previas, entre la AEE y Autoridad para las Alianzas Público Privadas y LUMA o sus compañías matrices. “Este es contrato que se firmó el 22 de junio de 2020, es a 15 años y por $1,500 millones, al menos. Ante la situación fiscal que enfrenta Puerto Rico, tenemos que preguntarnos si podemos pagar eso, cuando ya tenemos a LUMA cobrando millones sin realizar inversión alguna”, añadió Aponte Rosario. 
Para Santiago Nieves, “incertidumbre que existe entre los servidores públicos de la Autoridad ante los nebulosas acciones de LUMA y un Gobierno que a todas luces dará paso a este contrato, nos levanta grandes preocupaciones y nos convoca a nosotros desde la Asamblea Legislativa a ser fiscalizadores y defensores del mejor interés públicos. Los derechos adquiridos por los trabajadores no pueden verse afectados por una privatización que en el balance de todos los elementos discutidos claramente es Puerto Rico quien se ve afectado y peor aún vulnerable ante una entidad privada que puede decidir irse en cualquier momento sin ningún problema”.
Ambos legisladores señalaron que es particularmente importante que se asegure el servicio a la zona de la montaña, “que es la parte más aislada está de la zona metro y requiere de los mismos beneficios que tiene el resto de Puerto Rico. Desde la Legislatura, vamos a darle seguimiento intenso a este caso”.
