(Senadora Ada García Montes comprometida con escuchar todos los sectores)
El miércoles, 12 de mayo, es la fecha pautada en la cual la Comisión de Educación, Cultura y Turismo del Senado celebrará la vista pública para atender el Proyecto del Senado 172, el cual establece la nueva Ley de la Universidad de Puerto Rico. Mediante dicha medida, se pretende dotar a la institución de herramientas para garantizar su autonomía, permitiéndole contar con los recursos necesarios para garantizar el cabal cumplimiento de su misión, explicó Ada García Montes, senadora del Distrito de Mayagüez y presidenta de la comisión.
“Estamos listos para realizar una investigación exhaustiva que permita escuchar a todos los sectores y que garantice el fortalecimiento del primer centro educativo de nuestro país, la Universidad de Puerto Rico. Sin duda, los embates sufridos en nuestra isla que incluyen el orden económico, político y social impactan de manera directa la universidad por lo cual se acentúa la necesidad de reformar su Ley para atemperar sus necesidades a la realidad actual”, explicó García. “Por años los principales partidos políticos en la isla incluyeron propuestas para reformar la ley universitaria sin embargo, los resultados fueron limitados”.
El Proyecto del Senado resalta la necesidad de una transformación en el régimen legal de la universidad que organice y defina el rol estratégico de la Universidad de Puerto Rico como pilar del desarrollo científico, técnico, cultural y económico del país. “Estoy consciente de los reclamos históricos realizados por organizaciones y grupos estudiantiles universitarios que urgen este asunto se atienda con premura. Como maestra, abogada y egresada de la UPR estoy consciente, además, de la necesidad apremiante de reformar la universidad, para hacer de este centro educativo más justo, inclusivo y menos politizado”, sostuvo García. “De igual forma tenemos que escuchar todas las partes para poder cumplir con las necesidades estudiantiles y administrativas, para dotar a la UPR con las herramientas que garanticen el cumplimiento cabal de su misión sin poner en riesgo su acreditación ni gobernanza”.
Para García Montes, otro de los fines primordiales del proyecto es que el Estado garantice la autonomía universitaria así como un financiamiento público robusto. Informó que previo al proceso de vistas públicas sostuvo reuniones con el presidente de la UPR, los rectores de los recintos y con el Comité Multisectorial al igual que con organizaciones estudiantiles con el fin de escuchar las preocupaciones y propuestas de cada sector.
