Aprobada en la Cámara medida que prohíbe que convictos por delitos en el ejercicio de un cargo público pueda contratar con el Gobierno.
Representante Orlando José Aponte Rosario agradece respaldo del PPD, PNP, PIP y MVC.
El representante popular Orlando José Aponte Rosario (distrito 26 de Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo), informó la aprobación del Proyecto de la Cámara 440, de su autoría, que enmienda el Art. 3.4 del “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”.
El mismo busca extender la prohibiciones de dicho artículo a todas las ramas de gobierno y prohibir que una persona que haya sido convicta por delitos en el ejercicio de un cargo público o contra los fondos públicos pueda contratar o licitar con el Gobierno de Puerto Rico, y para otros fines relacionados.
“En el día de hoy viernes, la Cámara de Representantes Puerto Rico aprobó con el voto a favor de 4 de las 5 delegaciones de diferentes partidos, que busca combatir la corrupción en el gobierno. Solamente la compañera del Partido Dignidad votó en contra de este proyecto que prohibirá que las personas convictas por corrupción que puedan ser contratadas por cualquiera de las tres (3) ramas del gobierno”, detalló el también abogado y presidente de la Comisión de lo Jurídico.
La medida, radicada el 20 de enero pasado, pasó por un proceso de vistas públicas, donde fue analizada. “La corrupción es una tragedia que ha ganado cada vez más notoriedad en la opinión pública puertorriqueña y no podemos permitir que actos que atenten contra la dignidad del servicio público queden impunes. Tampoco podemos aceptar la premisa de que la corrupción es inevitable. Por eso es tan importante que constantemente tengamos leyes y reglamentos para combatir este mal”, añadió Aponte Rosario. “Este proyecto que hoy se aprueba en la Cámara y pasa al Senado para su análisis, esperamos que finalmente sea aprobado por el Gobernador para que se convierta en Ley y que sirva para procurarle justicia a los puertorriqueños”, añadió.
Aponte señaló además su agradecimiento al trabajo de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Representantes, que dirige Héctor Ferrer Santiago “por la labor realizada para poder aprobar esta medida que, además de evitar que personas que han sido convictas por corrupción tengan contratos en el gobierno, también sirve de disuasivo para evitar que las personas que tienen el honor de trabajar en el servicio público caigan en mal de la corrupción”, finalizó Aponte Rosario.
