La portavoz senatorial del PIP, María de Lourdes Santiago, radicó hoy una moción en el Senado en la que propone que se convoque a Comisión Total a ese cuerpo legislativo, tan pronto como sea posible, con el propósito de celebrar una sesión de interpelación al Secretario interino del Departamento de Educación, Lcdo. Eliezer Ramos Parés. Ante la incertidumbre que confrontan las comunidades escolares con relación al reinicio de clases presenciales en las escuelas públicas, el documento establece como agenda mínima la discusión de: (1) las condiciones estructurales de las escuelas públicas que se vieron afectadas por los terremotos de enero de 2020 y otros movimientos telúricos subsiguientes, particularmente en la región suroeste del país; (2) el desarrollo y la implementación de protocolos de salud y seguridad efectivos para enfrentar la propagación de las nuevas variantes del Coronavirus (COVID-19), especialmente entre la población estudiantil para la cual no hay vacunas autorizadas; y (3) los ajustes que necesita el Programa de Educación Especial para que no se interrumpa el cumplimiento de la agencia con la Sentencia por Estipulación del caso Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación en el proceso de reapertura durante la pandemia.
“Las visitas que he realizado hasta la fecha a varias escuelas públicas, y la información que nos llega de todo el Archipiélago, aumenta los cuestionamientos sobre las medidas tomadas por el Departamento de Educación como preparación para el regreso a clases presenciales. Desde certificaciones con información falsa, hasta la falta de nombramientos de asistentes de Educación Especial, por todos lados hay señales de la insensibilidad y negligencia del Departamento”, denunció la también Presidenta de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial del Senado.
La moción subraya la necesidad de que el Senado atienda estos temas, y cualquier otro asunto relacionado al funcionamiento del Departamento de Educación, con el fin de garantizar la observancia de los derechos educativos, laborales y constitucionales involucrados.