La querella fue por beneficiarse de su puesto, conflicto de intereses y poner en duda la integridad de la función gubernamental
Redacción Islanewspr.com
La ex directora de la Oficina de Vivienda Municipal- Programa Sección 8 en Arecibo, Janet Rodríguez Colón, recibió una multa de $3,000 de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), luego que admitiera que utilizó su puesto para sacar provecho económico personal a través del pago de una renta del Programa Sección 8 durante la administración del ex alcalde, Carlos Molina.
Rodríguez Colón laboraba en el Municipio de Arecibo desde el 1995 y en el 2018 fue nombrada por Molina como directora de Vivienda Municipal. Mientras ocupaba esa posición, Rodríguez Colón le aprobó a una participante del programa federal Sección 8 un aumento en su vale, de $375 a $500 mensuales, a sabiendas de que la participante se convertiría en su inquilina.
Según la querella de la OEG, la ex funcionaria del Municipio de Arecibo, compró una casa en el barrio Miraflores, en Arecibo, cuyos propietarios la alquilaban a participantes del programa de subsidio federal. El Municipio de Arecibo paga directamente a los caseros la renta de los participantes del programa de Sección 8, que son familias de escasos recursos.
Mientras estaba en el trámite de compra, Rodríguez Colón le concedió un aumento de $125 en el vale a la inquilina de la casa que ella adquiriría. Con la consecuencia que, cuando la directora de Vivienda Municipal fuera la propietaria de la casa recibiría $500 de renta en lugar de los $375 de alquiler que se mantenía en ese entonces.
El aumento en el vale se aprobó el 1 de diciembre de 2018 y el 14 de diciembre de ese mismo año, Rodríguez Colón se convirtió en la dueña de esa propiedad, indica la querella.
“Rodríguez Colón utilizó sus funciones como directora de Sección 8 para aumentar el vale de su inquilina y posteriormente obtener una renta mayor por la propiedad que compraría. En otras palabras, Rodríguez Colón cobró como propietaria, el aumento que autorizó como directora de Sección 8”, lee la querella de la OEG.
La Ley de Ética Gubernamental establece que un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo, ni la propiedad o fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley.
En mayo de 2019 Rodríguez Colón firmó como propietaria un contrato de arrendamiento con el programa de Sección 8 y por ese mes de renta recibió un cheque de $500. En la que querella no se explica porque se detuvieron los pagos de renta.
Según la querella, con sus acciones la exfuncionaria también “incurrió en un conflicto de interés que resultó en un beneficio para ella” y “puso en duda la integridad de la función gubernamental”.
A principio del mes de agosto del 2021 Rodríguez Colón aceptó los hechos imputados en su contra en la querella y llegó a un acuerdo que le permite pagar $3,000 de multa, en lugar de los $20,000 por infracción sugeridos en la querella.
La aceptación de los hechos que hizo la exfuncionaria es a nivel administrativo, pero no representa responsabilidad criminal ni civil.
