El director de Recursos Humanos del Municipio de Arecibo, Marcos Navarro, indicó que impartió instrucciones para que se realice una investigación administrativa de inmediato en la dependencia que dirige en miras de esclarecer la contratación del doctor Edgar Cancel Zapata en el Sistema de Investigación y Rastreo de Contactos en el Municipio de Arecibo.
Cancel Zapata para marzo del 2013 fue arrestado junto a otros tres acusados por conspirar para cometer fraude al sistema de Medicare.
Una sentencia del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, del 13 de marzo de 2016, apuntó a que el doctor Cancel Zapata jugó un papel central en conspirar para someter reclamaciones fraudulentas al Medicare y apropiarse de unos $750,000 mil.
La empresa Olympic Medical Equipment (OME) sometió unas 1,150 reclamaciones falsas al programa de Medicare. Como consecuencia, se desembolsaron unos $747 mil. Una porción de este dinero se le pagó a Cancel Zapata mediante soborno.
Según el director de Recursos Humanos del Municipio de Arecibo la investigación “deberá incluir el análisis del expediente del doctor Cancel así como los requisitos y términos de la contratación. Una vez concluida la investigación, se evaluarán los hallazgos con el fin de determinar acciones posteriores, sí en efecto aplicaran y se rendirá un informe al alcalde, que incluirá, de ser necesario, un plan de acción sugerido. Cabe destacar que al momento de estas expresiones el contrato del doctor Cancel finalizó el pasado 30 de septiembre y el mismo carece de extensión o renovación”, agregó.
El Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico en su Artículo 3.4 sobre Inhabilidad para contratar con el gobierno, un contratista estaría inhabilitado de ser contratado si fue convicto a nivel estatal y federal.
Asimismo, la Ley para la Administración y Transformación de Recursos Humanos para el Gobierno de Puerto Rico, Sección 6.8, Habilitación en el Servicio Público, en su definición: el señor Cancel Zapata estaría inhabilitado de ser contratado “de forma permanente” por servicios profesionales en el gobierno.
