A secas Lares, Adjuntas, Utuado y Jayuya, representante Jorge Alfredo Rivera Segarra a investigar ineficiencia de la AAA.
“Lo único que llega a tiempo es la factura”, asegura el legislador.
La crisis en el suministro de agua potable en varias comunidades de los municipios de Lares, Adjuntas, Utuado y Jayuya, donde el servicio es ineficiente o inexistente, llevó al representante de distrito Jorge Alfredo Rivera Segarra a radicar la Resolución Conjunta 558 para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las razones para que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tenga a las comunidades de dichos pueblos con problemas que datan de décadas.
“La intermitencia en el servicio de agua, escasez, baja presión o interrupciones prolongadas en el servicio de agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en un claro discrimen contra ciudadanos que residen en la zona montañosa, rural y urbana de los municipios que comprende el Distrito Representativo número 22 y que lo único que reciben a tiempo por parte de la AAA es la factura. Eso nunca falla”, denunció Rivera Segarra.
Los residentes de la zona montañosa se ven forzados a satisfacer sus necesidades por medio de acueductos comunitarios, comúnmente conocidos como ‘Non-PRASA’. El resto de población depende del servicio que ofrece la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. No obstante, este servicio ha sido por décadas deficiente y su falta de atención ha llegado a un punto insostenible.
“Concretamente, los residentes de los barrios Buenos Aires, Castañer y Espino en Lares; Viví Arriba, Tetuán y Ángeles de Utuado, así como muchos sectores y barrios de los municipios de Adjuntas y Jayuya, han expresado sus quejas claras e inequívoca de insatisfacción por las continuas interrupciones o baja presión en el servicio de agua”, añadió el legislador, quien preside la Comisión de Agricultura de la Cámara.
Rivera Segarra recordó además que la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como ‘Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico’ obliga a la AAA a presentar un informe ante la Asamblea Legislativa sobre los proyectos que la corporación prevé desarrollar para cada área, municipio y región. De manera que, como punto de partida este Cuerpo Legislativo debe identificar las dificultades que el propio aparato gubernamental enfrenta para cumplir adecuadamente con sus obligaciones.
“Nosotros en la Legislatura estamos para construir puentes de comunicación entre nuestras comunidades, agencias y corporaciones con miras a trazar una ruta hacia la solución de sus más apremiantes problemas. En el caso de la AAA, se están anunciando constantemente asignaciones millonarias, pero los detalles concretos, los compromisos, no los tenemos y por eso he radicado esta resolución”, finalizó Rivera Segarra.