Representantes de grupos comunitarios, ambientalistas y del sector laboral levantaron la voz de alerta ante la actitud del Gobierno de Puerto Rico en no auspiciar una discusión seria del problema mundial del cambio climático. La coalición integrada por Juan E. Rosario, (director de la agrupación ambiental AMANESER 2025), José Rodríguez Báez, (conocido líder obrero), Juan Camacho, (líder del grupo Toabajeños en Defensa del Ambiente) y Roberto Thomas del grupo IDEBAJO (Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos), denunciaron que el Gobierno pone en peligro la seguridad económica y social de cientos de miles de puertorriqueños al no atender con diligencia los efectos del cambio climático en Puerto Rico.
El grupo que fue convocado por la Alianza para el Manejo Sostenible de los Recursos (AMANESER 2025), una organización que trabaja para ayudar a crear comunidades sostenibles y resilientes expresó su preocupación con relación a la actitud del Gobierno, muy en especial con proyectos futuros y el manejo de los dineros disponibles para mejorar la infraestructura del país.
“Nos preocupa la forma y manera en que se anuncia el uso de más de $1,092 millones por parte del Departamento de la Vivienda. Los modelos que parece favorecer el Departamento de la Vivienda son una garantía de que si un huracán parecido a María nos azota en los próximos dos o tres años la mayoría de los residentes que estuvieron más de seis meses sin electricidad volverán a carecer del servicio en sus hogares. Esto a pesar de que existen modelos que se han probado exitosamente, que cuestan menos de la mitad de lo que cuesta los contratos que parece favorecer el Departamento y que sí pueden producir seguridad energética en menos de los seis años que plantea Vivienda” sentenció Juan Rosario, portavoz del Grupo Ambiental AMENESER.
Deben consultar a las comunidades para un mejor uso de esos fondos.
“Sin duda, es fundamental definir con más rigor cómo se va a usar la cantidad billonaria de fondos federales. Si se usan bien, estos fondos pueden servir para crear comunidades más resilientes y sostenibles; más equidad y “Justicia Climática” y una transición justa para nuestros trabajadores. Desgraciadamente estamos observando procesos para el otorgamiento de dichos fondos que podrían terminar beneficiando a empresas y contratistas, muchos de ellos extranjeros, y perpetuando modelos clientelistas que sólo servirán para minar los procesos autogestionarios que han comenzado a florecer en muchas de nuestras comunidades”, expresó Juan Rosario, conocido ambientalista y director de AMANESER 2025.
Es muy peligroso no discutir el tema del cambio climático en la Isla.
“El cambio climático reducirá dramáticamente la producción de alimentos y abastos de agua en el mundo, sobre todo, en los países tropicales. El proceso de mitigar y adaptarse al cambio climático, la introducción de nuevas tecnologías y la consecuente reorganización de la producción podría desplazar miles de trabajadores, también, poner en desventaja a los ciudadanos que por razones económicas no tengan acceso a nuevas tecnologías. Desde su segunda evaluación, en 1995, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre cambio climático concluyó que los países más afectados serían las islas densamente pobladas en las regiones tropicales y subtropicales. Tardamos 24 años en pasar una ley para atender los efectos del cambio climático, dos años después todavía no hemos preparado el Plan de Adaptación y Mitigación que la ley mandata”, dijo Juan Camacho, de Toabajeños en Defensa del Ambiente.
El sector laboral será el más se afectado, si no te toma en cuenta la opinión de las comunidades.
“Existe un verdadero interés de mejor uso de los fondos federales, entiéndase la falta de planificación con procesos transparentes y democráticos en las acciones del Gobierno. El resultado de todo esto se ve día a día con trabajadores desplazados, en agricultura, en las playas, en los residuos sólidos, en el manejo del agua, entre otros. Por eso estamos reclamando acciones concretas que garanticen una “Transición Justa” para los trabajadores y así evitar sobre 100 mil despidos masivos, ya que las medidas que se tomen para enfrentar el cambio climático podrían desplazar miles de trabajadores y también residentes de las comunidades. Las demandas que hacemos desde el sector laboral es que las medidas que se tomen para mitigar las consecuencias que trae el cambio climático tienen que presentar una “Transición Justa”, que evite desplazar a nuestra gente de sus comunidades y sus trabajos. Pero esa gestión no puede ser solo de los sindicatos, el Gobierno tiene que asumir su responsabilidad e insertar a las comunidades en la toma de decisiones y discusión del tema”, terminó diciendo el líder sindical José Rodríguez Báez.