Activistas exigen a la administración municipal que los residuos de la combustión de carbón a ser removidos de las calles sean enviados fuera de la isla a un vertedero de desperdicios peligrosos
Salinas, Puerto Rico – Ante la propuesta remoción de miles de toneladas de cenizas tóxicas de carbón enterradas desde hace 15 años en la mayoría de las calles de la comunidad Ranchos Guayama de Salinas, líderes ambientales y comunitarios presentaron su preocupación por el manejo de esa extracción, y exigieron que los desperdicios industriales sean llevados a vertederos de desperdicios peligrosos fuera de Puerto Rico.
En una reunión celebrada el pasado 25 de enero con residentes de Ranchos Guayama, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, finalmente anunció el comienzo de la reconstrucción de las calles de la comunidad, proyecto que desde hace más de diez años los vecinos han exigido. El inicio del proyecto está pautado para el próximo 22 de febrero.
Sin embargo, la reparación de las calles aún tiene un escollo importante: no se ha resuelto cuál será el destino final de las miles de toneladas de cenizas tóxicas de carbón provenientes de la planta de AES Puerto Rico, que fueron utilizadas en el 2006 como relleno en gran parte de las calles de Ranchos Guayama, con el consentimiento del exalcalde Carlos Rodríguez Mateo.
“Actualmente, la Ley 5-2020 prohíbe el depósito de cenizas de carbón en los vertederos o su uso como relleno en cualquier proyecto. Además, el reglamento aprobado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no provee ningún protocolo para este tipo de situaciones. Le advertí a la alcaldesa que la única solución es sacar las cenizas fuera de Puerto Rico. Y en mi opinión, ya que se ha comprobado científicamente que las cenizas sí son tóxicas, debieran ser depositadas en un vertedero de desperdicios peligrosos”, explicó Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas.
Durante la reunión con la comunidad, la alcaldesa informó que ese mismo día se reuniría con el secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, para saber cuál es la determinación de la agencia ambiental sobre el lugar a transportar las cenizas. Hasta el día de hoy, no se sabe la decisión final de Machargo al respecto.
Sin embargo, una preocupación de Alvarado Guzmán es que la alcaldesa le informó que ya tiene dos cotizaciones de empresas con vertederos en Puerto Rico para recibir las cenizas tóxicas. Una de esas empresas es EC Waste, quien anteriormente recibió cenizas tóxicas en sus vertederos de Peñuelas y Humacao, causando una de las luchas ambientales y comunitarias más épicas de la historia puertorriqueña.
“¡Qué para Peñuelas ni miren!”, fue la primera reacción de José M. Díaz Pérez, líder del Campamento contra cenizas en Peñuelas.
“¿Cómo es que hay vertederos haciendo cotizaciones para realizar un acto ilegal, pues, por ley, las cenizas no pueden disponerse en sus instalaciones? Para Peñuelas es inaceptable que regresen las cenizas. Quien generó ese tóxico, que responda. Que se la devuelvan a la carbonera AES y que ellos la saquen. Si a Machargo se le ocurre dar una dispensa para traer esa basura radiactiva a Peñuelas, aquí hay guerra otra vez. Advertidos quedan”, sentenció Díaz Pérez.
Por último, José Cora Collazo, líder de Acción Social y Protección Ambiental (ASPA), organización fundada por residentes de Ranchos Guayama, están de acuerdo que las cenizas deben sacarse fuera del país.
“Los vecinos de Ranchos Guayama nos reunimos y decidimos que le vamos a escribir a la alcaldesa pidiendo que saquen las cenizas de Puerto Rico, y que nos suministre toda la información sobre el manejo de la ceniza. La posición de nosotros es que se saque fuera y la comunidad no va permitir que se lleve a otro pueblo en Puerto Rico”, expresó Cora Collazo.