La Legislatura Municipal peñolana aprobó una resolución del PIP rechazando la intención de los operadores de rellenos sanitarios de aceptar los residuos tóxicos a ser removidos de la comunidad Ranchos Guayama
El Legislador Municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), en Peñuelas, Elvin Lugo Rodríguez, anunció la aprobación por parte de la Legislatura Municipal, de una Resolución de su autoría expresando el rechazo a la intención de los operadores de rellenos sanitarios o vertederos, de disponer o depositar cenizas de carbón dentro de los límites territoriales del Municipio peñolano, así como en cualquier lugar del Archipiélago Puertorriqueño.
Hace un mes, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, anunció la reconstrucción de las calles de la comunidad Ranchos Guayama, comprometiéndose con sus residentes a remover las 7,500 toneladas de cenizas tóxicas, según sus cálculos, que fueron utilizadas como relleno hace 15 años, bajo la incumbencia del entonces alcalde del PNP Carlos Rodríguez Mateo.
Aunque la Ley 5-2020 prohíbe el depósito de cenizas en los vertederos, la alcaldesa Bonilla informó a la comunidad que solicitó una dispensa al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para poder disponer de los residuos tóxicos en algún vertedero de Peñuelas, Ponce o Humacao.
“Agradecemos el apoyo unánime de la Legislatura Municipal de Peñuelas a esta resolución. Se lo advertimos antes al DRNA, y ahora se lo advertimos a la alcaldesa popular de Salinas: para Peñuelas ni miren. De igual forma, si la empresa EC Waste o Ecosystems abren las puertas para el depósito de cenizas, sea legal o ilegal, con o sin dispensa, comenzaremos nuevamente las protestas a la entrada de sus vertederos. También, si la alcaldesa de Salinas insiste en negociar para enviarnos esa basura radiactiva de carbón, no descartamos mover la línea de protesta frente al ayuntamiento salinense”, advirtió el legislador municipal del PIP.
La medida aprobada exige al secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, que no autorice ningún tipo de dispensa, y que haga pública toda solicitud de dispensas a lo establecido por el Reglamento para el Manejo de Residuos de la Combustión de carbón, para garantizar que las comunidades que se puedan afectar tengan acceso a la información.
De igual forma requiere al alcalde de Peñuelas, Gregory González Souchet, que asigne recursos para que, de ser necesario, impugnar legalmente en tribunales cualquier dispensa que se pueda otorgar para el depósito y disposición de cenizas de carbón en suelo peñolano.
Por su parte, Víctor Alvarado Guzmán, Secretario de Asuntos Ambientales del PIP, comentó que la ley claramente prohíbe el depósito de los residuos de la combustión de carbón en cualquier lugar del país, incluyendo los vertederos o rellenos sanitarios.
“En enero le advertí a la alcaldesa Bonilla que la única opción es exportar las cenizas y que, en mi opinión, debieran ser llevadas a un vertedero de desperdicios peligrosos. Pero, la alcaldesa ya tenía cotizaciones de dos empresas de basura para recibir las cenizas, entre estas la empresa EC Waste, sin que el DRNA le haya otorgado una dispensa. Al parecer su intención siempre fue usar los vertederos. Incluso, una teoría que le comunicó a la comunidad es que la ley no le aplica porque ella no produce cenizas. Sin embargo, la ley y el reglamento son claros cuando establece que los vertederos no pueden depositar esos desperdicios”, explicó Alvarado.
La Regla 12 Sección E, del Reglamento para el Manejos de los Residuos de Combustión del Carbón, prohíbe específicamente el uso de las cenizas en los vertederos “como material de cubierta diaria, para la solidificación de desperdicios sólidos no peligrosos o para cualquier otro uso que involucre la colocación de estos sobre los terrenos en forma suelta y no adherida”.
“El DRNA no debe dar esa dispensa, porque podría crear un precedente peligroso, ya que existen 14 municipios donde se descartaron 2 millones de toneladas de cenizas tóxicas. Si el DRNA da dispensas a todos estos alcaldes, estaría permitiendo la violación de la ley por determinación administrativa, y tendría una lluvia de casos en los tribunales contra ellos”, añadió Alvarado.