El representante Orlando Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes dirigió ayer una vista pública para atender cuatro proyectos de ley dirigidos a regular las campañas políticas, a los fines de promover procesos más justos y democráticos. Dichos proyectos de ley fueron inspirados en las propuestas presentadas por el grupo cívico ‘Somos Más’. De la vista, celebrada en la mañana de ayer en el Salón de Audiencias 3 de la Cámara, depusieron el psicólogo licenciado Johnny F. Rullán Schmidt, portavoz de ‘Somos Más’, así como, Pablo Aponte, director ejecutivo; José Luis García, director de comunicaciones y Adrián Brito, asesor legal de la entidad.
El primer documento atendido fue el Proyecto de la Cámara 1012, de la autoría del presidente Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, presentado además por los representantes Méndez Núñez, Ferrer Santiago y Aponte Rosario, busca enmendar el Artículo 5.000 de la Ley Núm. 222-2011, conocida como la ‘Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico’, a los fines de prohibirle a las personas naturales y a las jurídicas, realizar donativos de dinero en efectivo a campañas políticas. La medida especifica que no se podrá, forma directa o indirecta, hacer donaciones en o fuera de Puerto Rico a un partido político, aspirante, candidato, comité de campaña, comité autorizado o a un comité de acción política en exceso de dos mil seiscientos dólares ($2,600), que es el límite actual de las donaciones.
Por otro lado, el Proyecto de la Cámara 1013, también de la autoría del Presidente cameral, es presentado además por los representantes Méndez Núñez, Ferrer Santiago, Márquez Lebrón y Aponte Rosario, añade una sección al Artículo 8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la ‘Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico’, a los fines de prohibir la contratación de empleados o ex empleados de confianza para puestos de carrera hasta no cumplir con periodo de dos años fuera de la posición de confianza. La propuesta enmienda además la Sección 8.4 de de la referida Ley 8-2017, a los fines de actualizarla a la nueva prohibición.
“La medida propone establecer lo que se conoce en inglés como un ‘cooling off period’ para la transición y/o contratación de empleados y ex empleados de confianza a puestos en el servicio de carrera. El origen de la misma es el proyecto del Congreso de Estados Unidos nombrado ‘Political Appointee Burrowing Prevention Act’, presentado por la senadora Joni Ernst para atender esta problemática a nivel federal”, señaló Aponte Rosario.
La tercera medida es el Proyecto de la Cámara 1014, de Hernández Montañez, Méndez Núñez, Ferrer Santiago, Márquez Lebrón, Márquez Reyes y Aponte Rosario, para enmendar el Artículo 4.02 de la Ley 154-2018, según enmendada, conocida como ‘Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico’ a los fines de limitar la discreción de intervención por parte del Gobierno en los pleitos donde se hay hecho una denuncia por corrupción. “En este caso, el propósito de esta ley es prevenir el fraude gubernamental e incentivar que las personas lo denuncien. Se estima que el 64% de todas las recuperaciones exitosas por parte del gobierno provienen de acciones presentadas por personas privadas en Estados Unidos”, añadió el presidente de la Comisión de lo Jurídico.
El cuarto y último documento examinado en la vista pública de ayer es el Proyecto de la Cámara 1015, también de Hernández Montañez, Méndez Núñez, Ferrer Santiago, Márquez Lebrón, Márquez Reyes y Aponte Rosario, para crear la ‘Ley para Regular la Participación de Empleados Públicos en Actividades Político-Partidistas’, a los fines de regular el nivel de envolvimiento en actividades político-partidistas de aquellos empleados gubernamentales que sus ingresos provienen de fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como crear mecanismos de querellas, investigación y adjudicación por violaciones a esta Ley e imponer penalidades.
“En este caso, un funcionario público no podrá, mientras se encuentra en funciones de su trabajo o actuando en su capacidad oficial, dirigir o fomentar actividades, o la creación de grupos que, directa o indirectamente, promuevan los intereses electorales, pecuniarios o políticos de cualquier partido o candidato político, así como la prohibición para ofrecer y/o privar de recibir beneficios gubernamentales a cambio de aportaciones político-partidistas”, explicó el legislador, quien representa el distrito 26 de Barranquitas, Coamo, Villalba y Orocovis.
“Naturalmente con el inicio de este proceso legislativo, las medidas se analizan y se someten enmiendas en el ánimo de mejorar las mismas. Debo señalar a modo de ejemplo, que en el caso del Proyecto de la Cámara 1012, prohibir absolutamente las aportaciones en efectivo, es una propuesta extremista, aunque sí endoso que se sometan unos controles. Digamos por ejemplo que se realize una rifa donde los boletos sean a $2, pues no es realista exigir un cheque o una transferencia electrónica”, señaló Aponte Rosario.
