El alcalde de Aguada, Christian Cortés Feliciano participó ayer lunes de la primera reunión comunitaria en oposición a la propuesta instalación de una antena de telecomunicaciones en el el Sector Botti del Barrio Marías. “Nuestra posición es firme y clara, en contra de la instalación de dicha antena, y en total apoyo a la determinación de nuestra gente”, señaló el alcalde a los presentes.
Del encuentro participó el educador y sociólogo Wilson Rivera Ramos, quien por más de 15 años ha mantenido su lucha en contra de proliferación de antenas. También estuvieron presente nuestros legisladores de la zona, el representante del distrito 18, Jessie Cortés Ramos y las dos senadoras del distrito Mayagüez Aguadilla, Ada García Montes Migdalia González, así como legisladores municipales y líderes cívicos. Rivera Ramos es el autor de la publicación ‘Marcados por las antenas’, donde da cuenta de las luchas desarrolladas, muchas de ellas en la región oeste, donde nace el movimiento.
En el barrio Altosano-Sonador, en San Sebastián se registró la primera de las resistencias en 2005. Desde entonces luchas similares se sucederían en Atalaya (Aguada), Corchado (Isabela), Cuchillas (Moca) o la reciente y sonada de Goyito Muñiz (Aguada). En todo Puerto Rico, unas 30 comunidades se han unido para expresar su oposición a estos proyectos y exigir participación en el proceso oficial de permisos.
“Nosotros no nos oponemos a la tecnología”, añade Rivera, también dirigente de la entidad cívica Frente de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas en Puerto Rico (FCCPA). “Lo que nosotros estamos pidiendo es tecnología responsable, que se hagan las cosas responsablemente y estamos solicitando participación en los procesos, en la toma de decisiones”.
Según el ordenamiento legal existente, las empresas de telecomunicaciones deben presentar solicitudes de permiso para cualquier antena o torre de comunicación a la Oficina de Gerencia de Permisos de Puerto Rico (OgPE), así como a la Junta de Planificación (JP), detallando la ubicación y el alcance del proyecto. Las compañías interesadas en instalar antenas también deben completar una evaluación de impacto ambiental. Lo cierto es que la Ley vigente no requiere que las empresas soliciten comentarios de quienes residen localmente, excepto en circunstancias limitadas, como cuando se construiría una torre en un área ecológicamente sensible.
Actualmente, se estima que hay alrededor de 2,000 torres de comunicación y 20,000 antenas en Puerto Rico, según datos de la Junta de Planificación. “Ciertamente hay una sobresaturación de antenas en nuestra zona montañosa. Por ejemplo, distintos gobiernos, a nivel estatal, federal y municipal, han permitido que se hayan instalado más 20 torres de comunicaciones en nuestro Barrio Atalaya, por lo que en esta ocasión llevarán sus protestas hasta las últimas consecuencias para evitar que se establezca otra más aquí en el Barrio María”, señaló el alcalde, quien es ingeniero y abogado.