Un gran jurado federal emitió tres acusaciones acusando a Radamés Revilla-Machín, Roberto Miranda-Schmidt y Luis Matos-Rosa del negocio sin licencia de tráfico de armas de fuego, anunció W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
El Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) está a cargo de la investigación, con la colaboración del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR). Según las acusaciones, desde 2012 Revilla-Machín y Miranda-Schmidt han transferido más de 820 armas de fuego en Puerto Rico. Desde 2019, Matos-Rosa ha transferido más de 100 armas. Varias de estas transferencias ocurrieron dentro de las 72 horas posteriores a la adquisición de las armas por parte de los acusados.
Los tres acusados anunciaron la venta de armas en sitios web como comprayventadearmas.com y pewpewpr.com. Ninguno de estos individuos tenía licencia para vender armas de fuego. En 2019, la ATF envió a Revilla-Machín una carta aconsejándole que dejara de involucrarse en el negocio sin licencia de tráfico de armas.
“Trabajar con nuestros socios locales para abordar los delitos violentos es una de las principales prioridades del Departamento de Justicia”, dijo el fiscal federal Muldrow.
“Los arrestos de hoy son otro ejemplo más de nuestro compromiso de combatir los delitos violentos y el tráfico ilegal de armas de fuego. Continuaremos investigando e interrumpiendo las redes que colocan armas en nuestras comunidades, a menudo con consecuencias trágicas”.
“Los arrestos de hoy marcan avances significativos en los esfuerzos de la ATF y la NPPR para combatir el tráfico de armas de fuego en Puerto Rico”, dijo Christopher A. Robinson, agente especial a cargo de la División de Campo de la ATF en Miami. “Este esfuerzo colaborativo mejora nuestra estrategia de prevención de delitos violentos al detener a quienes colocan armas de fuego en manos de delincuentes”.
Los fiscales federales adjuntos Linet Suárez y Jonathan Gottfried de la Sección de Crímenes Violentos y Seguridad Nacional están a cargo del enjuiciamiento del caso. Si es declarado culpable, cada acusado enfrenta una sentencia de hasta cinco años de prisión.
