Denuncian caos en Salud debido a nuevo procedimiento para solicitar la Certificación verificación de credenciales e historial delictivo

“Un caos”. Así describió la senadora del Distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez la situación que ocurre en el Departamento de Salud vinculada al procedimiento para expedir la Certificación de verificación de credenciales e historial delictivo, según le expresaron varios profesionales de la salud. La certificación se renueva anualmente y es parte de los documentos que necesitan las personas que brindan servicios de cuidado a niños, personas de edad avanzada y con impedimentos para cumplir con la Ley 300 de 1999.  Entre la problemática que enfrentan estos profesionales se encuentran el  solicitar una cita de forma virtual, el aumento en los costos de la certificación, el tener que desplazarse hasta la oficina central del Departamento de Salud en el área metropolitana para completar el proceso así como el tener que esperar por fechas a largo plazo para atender los casos, denunció la senadora Rosa.

“Decenas de profesionales se comunicaron conmigo para denunciar que están sin trabajo debido al caos al que se someten para recibir la certificación que les faculta, entre otros requisitos, a trabajar con menores, personas de edad avanzada y con impedimentos.  Esto aplica a personas que se desempeñen como proveedor de servicios de cuidado o centros de cuido, quienes ahora tienen que esperar meses para recibir su certificación y poder ofrecer sus servicios, lo que abona a la crisis que enfrentan los servicios de salud en la isla”, explicó Rosa.

Ante este escenario la senadora Rosa anunció radicará un requerimiento de información al secretario de Salud, Carlos Mellado, para conocer qué es lo que ocurre y conocer cómo agilizar los procesos. “En el pasado esta certificación la expedían los cuarteles de la Policía y el costo rondaba los 30 dólares. Ahora, las personas tienen que moverse hasta el área metropolitana y tienen que pagar alrededor de 80 dólares, monto que duplica su costo.  Además, si tomamos como referencia que la mayoría de los contratos en el gobierno vencen al 31 de junio, significa que durante los primeros meses del nuevo año fiscal las personas irán a solicitar los servicios.  Las preguntas que urgen el secretario de Salud conteste son: ¿Quién determinó mover estos servicios a las oficinas centrales del departamento?, ¿Por qué aumentaron los costos?, ¿Tiene el departamento la capacidad de personal y tecnología necesaria para atender y expedir con rapidez las solicitudes?”, cuestionó Rosa

La senadora añadió: “Para conocer las respuestas a estas interrogantes, radiqué un requerimiento de información, documento del Senado de Puerto Rico que establece un plazo para que se someta la información solicitada.  En medio de la crisis que enfrentan los servicios de salud en el país y de la necesidad de descentralizar los servicios, el gobierno debe ser juicioso, prudente y sensible con las determinaciones que toma y el impacto de estas en los servicios que se ofrecen, en especial a las poblaciones vulnerables como lo son menores de edad, envejecientes y personas con impedimentos”.

Según una misiva firmada por el secretario de Salud denominada Cumplimiento de la Ley 300, explica que una persona que provea servicios sin la Certificación del Puerto Rico Background Check Program podría ser encontrada culpable de delito menos grave por el cual de resultar convicto le podrá ser impuesta una multa de hasta 5,000 dólares o una pena de reclusión de hasta seis meses o ambas penas a discreción del tribunal.

“Es deber de esta legislatura fiscalizar las acciones del ejecutivo en especial aquellas que pongan en riesgo los servicios de salud y empobrecen la situación fiscal de los profesionales del campo de la salud y cualquier otro campo que ofrezca servicios al pueblo. Mi compromiso es investigar esta situación para encontrar soluciones permanentes en beneficio de todos”.  La senadora adelantó que una vez evaluada la información provista por la agencia notificará los próximos pasos a seguir.