Ante la presentación de la presentación de la Querella OMP-Q-2022-05, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) emite las siguientes declaraciones: En primer lugar, es importante aclarar el estado de los procedimientos, porque hemos visto muchos datos falsos circulando por distintos medios.
PRIMERO: aquí no hay ninguna imposición de multa– lo que hay es una petición de la ex procuradora de las mujeres y nueva subsecretaria de Estado, Lersy Boria, para que se impongan multas al Partido Independentista por un total de $30,000. Pero adjudicación, ninguna. Dicho proceso comienza ahora, y el PIP presentará su respuesta a lo que la Sra. Boria llama “querella”. ¿Por qué solicita la imposición de esas multas? Eso es lo SEGUNDO: esto tampoco es, como hay gente repitiendo por ahí, una “querella por acoso laboral”. Las faltas que imputa la subsecretaria de Estado es que el PIP como patrono no tenía protocolos para casos de acoso laboral o de hostigamiento sexual en el empleo y no tenía carteles puestos en este edificio para las personas que han sido empleadas aquí- ninguna de las cuales es o ha sido querellante. Lo pueden ver en los párrafos 28, 29 y 30 del documento. NO SE IMPUTA QUE EL PIP HAYA INCURRIDO EN ACOSO LABORAL NI DE NINGÚN TIPO, y el que lo diga, miente.
Ahora, es importante aclarar cómo llegamos aquí. La Lcda. Boria llama investigación, lo que no es otra cosa que la información y los documentos provistos por el PIP en respuesta a dos Requerimientos de la Procuraduría de las Mujeres, el primero del 16 de junio del 2022, y el Segundo del 18 de julio de 2022. Por razones que no se explican en la querella, la Lcda. Boria sólo tiene tres fuentes: Twitter, Facebook y nuestras propias respuestas, que fueron absolutamente francas y transparentes. La Sra. Boria escogió, al menos según refleja el escrito, no hacer entrevistas, no obtener declaraciones juradas ni realizar ningún otro esfuerzo investigativo: sólo nuestras respuestas, que incluyen, según se nos ordenó proveer, toda la evidencia que tuvo ante su consideración la Comisión Especial sobre los casos en los que intervino. Son tres casos: el de la militante de Aguada que en el año 2019 tenía a su cargo recopilar ciertos documentos necesarios para la radicación de candidaturas, y dos alegaciones (hechas a través de las redes) sobre acoso laboral.
Este es un dato importante: sobre los hechos sustantivos, sobre las alegaciones de lo que la querellante llama acoso laboral, sobre la alegación de hostigamiento digital, sobre la alegación de hostigamiento sexual, la Lcda. Boria tuvo ante así TODO lo que estaba disponible para evaluación: documentos, capturas de pantalla, exportaciones de chats, todo lo que nos ordenó proveer – y sobre los chats. Quiero hacer una aclaración importante, porque ayer en las redes hubo alusiones al chat que llevó por nombre “la unión falocrática”. En primer lugar, es una imprudencia mayor que tiene que ser repudiada el que se use un nombre como ese. Segundo, para despejar cualquier duda, ese chat no era un instrumento de comunicación del PIP, ni de ningún comité, ni de ningún organismo político, sino un intercambio entre personas en su capacidad personal. Nos enteramos de que existía cuando en abril, la querellante del primer caso, dijo que en ese chat se habían hecho expresiones misóginas sobre ella. Se entrevistó por separado, a tres participantes del chat, y ninguno recordó tales publicaciones sobre la querellante. Se les pidió que hicieran una búsqueda en el chat, y no aparecieron las expresiones. Así que, esa es la que hay con ese chat.
Con toda esa información en su poder, sobre los hechos, sobre las alegaciones de acoso y hostigamiento, (y con todas las facultades en ley sobre investigación y citación de testigos) sobre eso, la Sra. Boria no hace ninguna declaración, ninguna alegación, ninguna determinación, ninguna imputación de violación de ley- nada más allá de transcribir algunas oraciones de lo que el Partido le proveyó. Nada más. Si hubiera existido evidencia de acoso, de hostigamiento, la Lcda. Boria tuvo oportunidad sobrada de hacer determinaciones sobre eso. Y como la evidencia demostraba claramente, tan claramente que ni podían tergiversarla, esas determinaciones no se hicieron. Lo que en efecto constituye el documento firmado en su último día en funciones en la Procuraduría por Lersy Boria, es una confirmación de las determinaciones de la Comisión Especial y de la corrección de los procesos. Reiteramos: con toda la evidencia en sus manos, la señora subsecretaria de Estado no pudo llegar a ninguna conclusión sobre la existencia de acoso u hostigamiento.
El único dato cierto, que según la subsecretaria de Estado merece el castigo de $30,000 – que, para que sepan, es mucho más que la suma de las cinco multas administrativas que impuso en el 2021- es que el PIP no tenía para sus empleadas y empleados, protocolos y reglamentos al amparo de la Ley 17, que es la ley de hostigamiento sexual en el empleo, y de la Ley 90-2020 que es la de acoso laboral, (y que por cierto no estaba vigente para la fecha de las alegaciones que llaman de acoso laboral y además, es una obligación que entró en vigor hace menos de un año, y para la cual en todo caso, la ley no provee penalidad en caso de incumplimiento). De nuevo, pueden ver la sección IV de la querella, la que describe “Violaciones Imputadas y Multas administrativas” y eso es lo que van a encontrar. Y ese gran descubrimiento de la Lcda. Boria no es otra cosa que una repetición de las declaraciones que yo misma dí hace casi dos meses. Cuando empezó a discutirse públicamente este asunto, a mediados de junio, ofrecimos un sinnúmero de entrevistas, y en todas, se dijo con mucha honestidad que el PIP como patrono no tenía protocolo de acoso laboral ni de hostigamiento sexual en el trabajo. Y después de casi dos meses, después de que le contestáramos cada pregunta, después de que le entregamos cada pieza de evidencia, después de la inversión de recursos públicos, el gran hallazgo de Lersy Boria es repetir lo que el PIP ya dijo. Añado, que los Protocolos ya se prepararon, que se notificaron a los dos empleados que tiene el PIP y que se le entregaron a la Sra. Boria.
Pero además, la falta de seriedad y de rigurosidad, la irresponsabilidad en este acto póstumo de la Lcda. Lersy Boria, llega al extremo de decir, en el párrafo que “el PIP incumplió con las obligaciones que le impone la totalidad de la Ley Número 17 de 1988 de proveer a sus empleadas un lugar de trabajo libre de hostigamiento sexual” cuando no hay, no ha habido, ningún caso, ninguna alegación, nada que tenga que ver hostigamiento sexual aquí en la sede del Partido, y así de la explicó a la Sra. Boria con todo cuidado, de forma muy clara, en AMBAS contestaciones a los Requerimientos a la OPM. Pueden ustedes escudriñar con lupa, todo el documento, y no van a encontrar nada que justifique una declaración tan asqueantemente falsa como esa, y la Lcda. Boria, con tal tranquilidad, utiliza los recursos públicos, para mentir descaradamente en un documento oficial de la Oficina de la Procuradura de las Mujeres e imputarnos que aquí impera un ambiente de hostigamiento sexual. Es un ejemplo clarísimo de abuso del derecho.
Ambiente de hostigamiento sexual, nos parece, aunque ciertamente no a la señora Boria, es que un representante del PNP de esta administración, tenga sexo en el Capitolio con empleadas, y todo el mundo en esa oficina lo escuche, todo el mundo lo sepa- y así está en un testimonio prestado bajo juramento ante el tribunal federal y con eso no pasa nada.
Finalmente, expresamos nuestra preocupación sobre la filtración de documentos que son parte de la investigación confidencial mediante la cual el PIP proveyó a la Procuradora todo lo que nos requirió. Ya ha llegado a nuestro conocimiento que hay documentos circulando por la vía electrónica en violación a la propia ley de la OPM y su reglamento. Entre los documentos sometidos hay material sensitivo que nos preocupa pueda ser divulgado por la OPM y que por hacerle daño al PIP, esa práctica se convierta en un disuasivo que impida que las mujeres acudan a ese foro a solicitar remedios para la violación de sus derechos.
De eso y de nada más (en términos jurídicos al menos) trata este ejercicio vergonzoso que la nueva subsecretaria de Estado llama querella.
