Una pesquisa de la Oficina del Procurador del Ciudadano, que servirá de instrumento de trabajo para que el Departamento de Educación afine un plan asertivo sobre el uso y mantenimiento de los planteles escolares cerrados, reveló que solo un 39% de las escuelas que fueron cerradas hace cinco años, han sido adjudicadas o concedidas para otros usos, según solicitud de Instituciones o algunos Municipios.
El Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, informó que en coordinación con el Secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, su oficina realizó una investigación e inspección de las escuelas cerradas en los años 2017 y 2018. El Informe detallado será entregado a Educación a fines de septiembre.
El trabajo del Ombudsman fue arduo, ya que los 18 investigadores de la Procuraduría visitaron e inspeccionaron unas 400 escuelas cerradas de todas las Regiones de Puerto Rico, para un 94% de impacto en estas escuelas. El desglose revela que, de 181 escuelas cerradas en 2017, se visitaron 169 planteles o un 93%; y de 223 escuelas cerradas en el 2018, se visitaron 212 para un 95%.
“Mi experiencia como funcionario y como exalcalde me dice que lo importante es encontrar soluciones. Este trabajo coordinado con Educación provee de manera independiente, una visualización de la realidad para que se allanen mecanismos de solución y resolver situaciones que atenten contra el interés público. Esa es nuestra meta”, apuntó García Feliciano.
El Ombudsman informó que, de las Escuelas Cerradas en el 2017, solo un 37% fueron adjudicadas: 68 de 181. De las Escuelas Cerradas en el 2018, un 41% fueron adjudicadas: 92 de 223.
Ahora bien, las estructuras y predios que albergan los planteles cerrados, aunque bajo dominio de Educación, pertenecen a diversas agencias como Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP); la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la Oficina de Mejoramiento de Edificios Públicos (OMEP), según los procedimientos establecidos en el proceso de cierre.
“Les estamos sometiendo Requerimientos de Información, así como Informes de Hallazgos, con el propósito de que las agencias pertinentes tomen las medidas correctivas necesarias. Se hace necesario atender los problemas que afectan las comunidades y ciudadanos que residen en las áreas donde ubicaban las escuelas, ahora cerradas”, expresó el Procurador.
Siguió diciendo García Feliciano que entre los hallazgos encontrados y asuntos que requieren la atención de las agencias gubernamentales se encuentran:
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Identificación de documentos con Data Sensitiva y Data Personal, en 16 de estas escuelas cerradas. Entre los documentos inspeccionados hay expedientes y tarjetas de estudiantes, así como tarjetas de ponches de empleados, con direcciones y números de identificación y hasta documentos con números de seguro social. Se encontraron estos Documentos sin custodiar, almacenar o decomisar debidamente, según lo requiere la Ley de Documentos Públicos.
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Identificación de Propiedad Pública aun sin remover en 22 de estas escuelas. Se encontró mobiliario y propiedad tales como escritorios, archivos, fuentes de agua, timbres, equipo electrónico, computadoras, libros nuevos y materiales escolares servible e inservible.
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Identificación de Utilidades Públicas, agua y electricidad sin desconexión. Servicio de Agua conectada en 30 escuelas en desuso; y servicio de Electricidad conectada en 32 escuelas en desuso.
Se investiga si el Departamento de Educación realizó la solicitud de baja de estos servicios, como parte de los protocolos establecidos para los cierres de escuelas. O si por el contrario, es que las corporaciones de AAA y LUMA aún no han realizado las desconexiones solicitadas por la agencia de gobierno e incluso no se han retirado los respectivos contadores.
“También, se ha identificado el uso indebido en algunas de estas escuelas, utilizando los servicios básicos, para el lavado de autos, bañar caballos, y conexiones ilegales desde las instalaciones. Estos servicios que aún continúan conectados representan un impacto de miles de dólares para Puerto Rico en servicios de agua y luz sin contabilizar”, comentó García Feliciano.
Además, la pesquisa ordenada por el Ombudsman detectó falta de mantenimiento en 105 de las escuelas inspeccionadas. Esto ha ocasionado vandalismo, destrucción o robo de verjas, puertas o ventanas.
“Esta situación ha convertido muchas de estas escuelas en estorbos públicos, lo que acarrea otros agravantes como actividades delictivas y clandestinas, basureros, animales realengos entre otros problemas que afectan la salud pública, la calidad de vida de las comunidades aledañas y a quienes transitan por el área. La jurisdicción entre las agencias parece no estar definida por lo que se hace necesario revisar los procesos para que se actúe conforme sea necesario”, adjudicó el funcionario.
El Ombudsman García Feliciano hizo hincapié en otra serie de anomalías detectadas que requieren también la urgente intervención del aparato de seguridad pública, el Departamento de la Familia, Departamento de Salud y ASSMCA, entre otras agencias.
Pasó a detallarlos:
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Se identificaron más de 25 de estas escuelas en desuso, donde se impide el acceso por estar en aparente control y ocupación de personas para actividades criminales. Los salones, así como canchas escolares, se usan para aparentes actividades delictivas, almacenamiento de vehículos sin tablillas y desmantelamiento de los mismos.
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Identificación en 15 escuelas cerradas, de animales y caballos realengos en las canchas, pasillos y hasta dentro de salones.
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Personas sin hogar viviendo en estas escuelas, así como individuos con aparente dependencia de sustancias controladas que podrían requerir ayuda para tratamiento.
El Ombudsman estará informando a las agencias pertinentes el detalle de cada uno de los casos, para que se tomen las medidas correspondientes. Igualmente, se estará dando el seguimiento para las acciones correctivas necesarias.