Señala la Defensoría de las Personas con Impedimentos.
Las alarmas del fuego de hoy no funcionaron.
El titular interino de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), licenciado Juan José Troche Villeneuve, informó que afortunadamente todo el personal de su oficina fue desalojado en la tarde de hoy, luego del fuego desatado en la azotea del edificio Torre Sur Roberto Sánchez Vilella de Minillas en Santurce. En dicha instalación de servicio a la ciudadanía laboran varias personas con impedimentos.
El abogado señaló que las alarmas que fuego o de humo no funcionaron y que hay que investigar y corregir la situación. “El fuego desatado en la tarde de hoy en la azotea es el mejor ejemplo de la importancia que tienen los planes de emergencia y desalojo tanto en las oficinas de gobierno y privadas, particularmente cuando hay personas con impedimentos que requieren atención especial. No es simplemente tener alarmas regulares, se deben instalar alarmas de incendio de sonido, visuales con luces, altoparlantes, etc., para beneficio de personas ciegas y sordos. En los planes de desalojos, hay que incluir a las personas en sillas de ruedas.
Troche Villeneuve, quien estuvo en comunicación con Ivonne Maysonet, directora de seguridad de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), añadió que para asegurar la efectividad de los planes de desalojo, es importante realizar simulacros para hacer los ajustes necesarios. “Afortunadamente no tuvimos dificultad al realizar el desalojo, y la cooperación de los compañeros fue vital. Al momento estamos en espera que el Cuerpo de Bomberos determine cuando regresamos a las labores, yo espero que sea lo más pronto posible”.
La DPI es la agencia del gobierno estatal que orienta y asesora a las personas con impedimentos sobre todos los programas, servicios y beneficios a que tiene derecho, así como hacer valer sus derechos. De igual manera, la DPI promueve la creación y el desarrollo de programas para integrar a las personas con impedimentos a la comunidad y atender las quejas y reclamos de las personas con impedimentos en caso de inacción de las agencias públicas o entidades privadas o de violación de sus derechos.