Los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Cámara y Senado, Denis Márquez y María de Lourdes Santiago sometieron hoy un referido al Departamento de Justicia, la Oficina de la Contralora y otras entidades, en el que detallan la comisión de múltiples violaciones de ley resultado de la privatización de los procesos de declaración de estorbos públicos y expropiación forzosa.
Ambos legisladores explicaron que el Código Municipal permite que los municipios identifiquen aquellas propiedades que por sus condiciones de ruina y abandono son perjudiciales a la salud o la seguridad, y que, si las mismas no son reparadas por sus dueñas, se declaren estorbos públicos.
El Municipio puede entonces intervenir, realizar la limpieza y reparaciones a su costo e imponer multas, y luego disponer de la propiedad mediante ejecución de la hipoteca legal que se constituye como medida para el cobro de los gastos incurridos, las multas y las contribuciones adeudadas, o puede recurrir a otro mecanismo disponible en el Código Municipal, mediante el cual una persona o entidad que interese adquirir un estorbo público le entrega al municipio una suma equivalente al valor de tasación más una porción adicional para gastos, y el municipio consigna ese dinero en el Tribunal, para iniciar un proceso de expropiación forzosa.