Todos coinciden en que los cargos propuestos a la factura de luz para pagar a los bonistas son insostenibles para el país y el sistema eléctrico
Tom Sanzillo, director de análisis financiero de IEEFA y los economistas Dr. José Alameda y Dr. Ramón Cao, tres peritos que sometieron informes a la corte de quiebra federal sobre el impacto económico del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), expusieron hoy las consecuencias nefastas para el país si la jueza Taylor Swain aprueba el plan.
Según Sanzillo, experto en asuntos energéticos y financieros, el Plan de Ajuste propuesto no es viable y no proporciona los recursos capitales y operacionales necesarios para garantizar un servicio eléctrico confiable y asequible en Puerto Rico.
“Este plan mantendrá a la isla dependiente de las costosas importaciones de combustibles fósiles, sin tomar en cuenta otras opciones disponibles que podrían reducir y estabilizar los costos y disminuir nuestra dependencia de estos combustibles”, añadió.
Sanzillo también afirmó que existen alternativas que podrían ser consideradas a través del proceso de quiebra, que podrían conducir a una solución realmente viable para la economía y el sistema eléctrico de Puerto Rico.
Por su parte, Ramón Cao, experto en economía, advirtió por parte del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) que más alzas en las tarifas eléctricas de la magnitud contemplada en el Plan de Ajuste de la Deuda tendría un impacto negativo significativo en la economía de Puerto Rico.
“Aumentos en las tarifas de la magnitud que contempla la Junta impactarían negativamente la economía, pues disminuiría el nivel de actividad económica a lo largo del tiempo lo que también redundaría en una reducción de más de 75,000 empleos para el año 2030″, insistió.
Por otro lado, el economista y especialista en asuntos fiscales José Alameda, destacó que la imposición del Legacy Charge crea una carga adicional para los residentes, así como para los sectores industriales y comerciales reduciendo los ingresos del gobierno central.
“Cuando se considera el impacto del Legacy Charge junto con el pago de la deuda del gobierno central y las transferencias al Commonwealth Trust Fund, se vuelve insostenible el Plan Fiscal propuesto por el gobierno central”, señaló.