PRENSA POLICIA/La senadora del Partido Nuevo Progresista, Keren Riquelme, pidió al gobierno de Nicaragua que cese y desista de sus actitudes persecutorias contra la libertad religiosa y los derechos humanos de sus ciudadanos.
La senadora por acumulación radicó la Resolución 664 para manifestar la solidaridad y cercanía del Senado de Puerto Rico con los hermanos nicaragüenses y las iglesias católicas y evangélicas de este país y solicitar al Gobierno de Nicaragua que cese y desista de sus actitudes persecutorias contra la libertad religiosa.
“Lo que viven los hermanos nicaragüenses es una persecución por parte de un régimen dictatorial. Uno de los sectores más perseguidos son las organizaciones de base de fe. Durante los pasados años hemos visto cómo las autoridades de este régimen opresor han secuestrado a un obispo, han detenido varios sacerdotes, expulsado misioneras y han implantado serias restricciones contra la libertad religiosa. Hacemos un llamado al gobierno de Daniel Ortega a detener esta práctica abusiva y opresora”, dijo Riquelme, autora de la medida.
En agosto de 2022 los miembros de la diócesis de Siuna denunciaron la detención del padre Óscar Benavidez, presbítero párroco de la Parroquia Espíritu Santo Mulukukú.
“No podemos permanecer en silencio cuando la persecución violenta e insensible se ha desatado contra los grupos disidentes del gobierno, incluyendo, pero sin limitarse a las iglesias, grupos cívicos y opositores del régimen dictatorial nicaragüense”, agregó la legisladora novoprogresista.
La Comisión de la Libertad Religiosa Internacional reveló un detallado informe que el pasado mes de marzo el régimen de Ortega expulsó al nuncio papal, el principal diplomático del Vaticano en el país, Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, por “razones inexplicables”.
Mientras que un juez condenó a un sacerdote a más de cuatro años de prisión por cargos “falsos y las autoridades arrestaron a otro por motivos sospechosos”.
Otros ejemplos son la expulsión de las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta cuyo único “crimen” fue dedicarse a la atención de los más pobres y menesterosos; la orden de disolución de 100 organizaciones no gubernamentales, no afín al gobierno; el asesinato de pastores evangélicos; el cierre de estaciones radiales y medios de comunicación religiosa; la prohibición arbitraria de manifestaciones públicas religiosas y la persecución de líderes de todas las esferas sociales.
En este momento, el régimen dictatorial de Nicaragua también mantiene en arresto domiciliario al Obispo de Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez y un grupo de sacerdotes.