Justicia investiga a hermana de exsecretario de la Gobernación Ricky Llerandi

Corrección indicó que han revisado las recomendaciones de la Oficina del Contralor

La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (Dipac) del Departamento de Justicia investiga a la psicóloga Maitté Llerandi Cruz -hermana del exsecretario de la Gobernación Ricardo Llerandi Cruz- tras un referido presentado el 12 de mayo de 2022 por la Oficina del Contralor.

 

Una auditoría reveló supuestas facturaciones de la psicóloga al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), que confligían con lo facturado a otras dependencias gubernamentales.

Según el reporte de la Contraloría, Llerandi Cruz obtuvo un contrato con la agencia el 20 de febrero de 2018 por $30,720.29 para la coordinación de la logística diaria del proyecto PREA (Prision Rape Elimination Act, en inglés), que requería la implementación de metas y el monitoreo del progreso y desempeño.

La psicóloga presentó siete facturas por $22,528 correspondientes a servicios ofrecidos en 704 horas en 92 fechas entre el 9 de marzo al 30 de septiembre de 2018, por las que la agencia emitió cheques que totalizaron $21,056.

Mientras prestaba los servicios en Corrección, Llerandi Cruz presuntamente también tenía un contrato de servicios profesionales y consultivos con el Departamento de Educación por $24,000.

La psicóloga presentó a Educación tres facturas por $7,200 correspondientes a servicios ofrecidos en 180 horas entre el 9 de marzo de 2018 y el 30 de mayo de 2018, por los cuales la dependencia emitió tres desembolsos por $6,696.

Llerandi Cruz fue eje de controversia en marzo del 2019 cuando el Senado dio paso a su nombramiento como integrante del Comité de Derechos de Víctimas del Delito, adscrito al DCR, en calidad de especialista en salud mental. El proceso transcurrió de manera expedita y no contó con vistas públicas.

Según el Registro de Contratos de la Oficina de Contralor, la psicóloga no tiene contratos vigentes con dependencias gubernamentales en este momento.

Su último contrato, también con el DCR, expiró en diciembre del 2020. Originalmente era por $7,500, pero fue enmendado para extender su vigencia y aumentar a $15,000.

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