Proyecto Dignidad somete a Emanuelli Hernández a la Oficina de Ética Gubernamental

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi demostró su incapacidad de entender las repercusiones de las expresiones del secretario de Justicia ante un gran sector conservador del país.

Dada la controversia que se suscitó en los pasados días, por las expresiones prejuicios y discriminatorias de parte del secretario de Justicia, licenciado Domingo Emanuelli Hernández, Proyecto Dignidad someterá una investigación ante la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, para que sea investigado al amparo de todas las leyes que cobijan sus planteamientos.

“Las expresiones del secretario de Justicia, al usar el lenguaje “el movimiento al que usted pertenece” durante la audiencia pública, celebrada el pasado 25 de mayo de 2023, ante la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico, en el contexto de la evaluación legislativa del Proyecto del Senado 495 y dirigidas directamente a la portavoz de Proyecto Dignidad, la senadora Joanne Rodríguez Veve, constituyen expresiones públicas de naturaleza político partidistas, las cuales el secretario Emanuelli Hernández está impedido de llevar a cabo”, explicó el doctor César Vázquez Muñiz, presidente del partido Proyecto Dignidad.

“En este planteamiento le estamos solicitando a esta Oficina que comience una investigación al amparo del Artículo 7.1 de la Ley de Ética Gubernamental, por llevar a cabo una acción que pone en duda la imparcialidad e integridad del secretario de Justicia en su función gubernamental. Esto es una violación clara al Artículo 4.2(s), de la Ley de Ética Gubernamental. A su vez, el Secretario de Justicia ha incurrido en un claro conflicto de interés y una violación a la Ley 178-2001, según enmendada, en su Artículo 2(10), 16 L.P.R.A. § 524 (10), la cual dispone de manera puntual que el secretario de Justicia de Puerto Rico no podrá “hacer expresiones públicas sobre asuntos de naturaleza político partidistas”, añadió Vázquez Muñiz.

La gran responsabilidad que tiene el secretario de Justicia, que incluye el que tenga que asumir la representación legal de la senadora Rodríguez Veve como funcionaria pública electa bajo la insignia del partido Proyecto Dignidad, así como de la capacidad y autoridad que tiene para iniciar investigaciones, civiles y criminales, autorizar el inicio de un proceso criminal en contra de cualquier ciudadano o entidad en Puerto Rico, le obligan a actuar en completa imparcialidad con relación a las ideas políticas y/o religiosas de los ciudadanos, así como su libertad de asociación.

“En Puerto Rico hemos sufrido y palpado como pueblo lo que es que el Estado, con su fuerza de ley, imponga medidas de persecución, procesamiento y violación a sus derechos de libertad de expresión y asociación. No podemos darnos el lujo de abrir las puertas nuevamente a actuaciones que puedan hacernos volver al tiempo de la ley de mordaza, el carpeteo y el encausamiento criminal en contra de ciudadanos y funcionarios electos por el simple hecho de su afiliación o creencias políticas y religiosas” declaró el presidente del partido Dignidad.

“Permitir que se pase por alto las expresiones del secretario de Justicia hechas el 25 de mayo de 2023, es simplemente dejar que la semilla de los prejuicios y el discrimen por ideas políticas y religiosas germinen sin interrupción dentro de la estructura de justicia de nuestro Puerto Rico” puntualizó  Vázquez Muñiz.

Es precisamente la Oficina de Ética Gubernamental una de las murallas que nuestro pueblo ha erguido para que le protejan del asalto proveniente de los que quieren adscribirse como parte del andamiaje del Estado, la capacidad de violentar los derechos fundamentales que garantizan nuestra libertades ciudadanas, sobre todo la expresión libre y clara de nuestras ideas políticas y religiosas.