Consumidores, comerciantes, jubilados y trabajadores piden a la jueza Swain no confirmar el plan que aumentaría la tarifa por los próximos 35 años o más
Cerca de 800 objeciones al Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) fueron radicadas al Tribunal de Quiebra, solicitando a la jueza Laura T. Swain, rechazar los aumentos a la luz por 35 años y recorte de pensiones incluidos en el plan para el pago de los bonistas de la AEE y porque además no se contempla las inversiones necesarias en el sistema eléctrico para proveer un servicio adecuado.
“Se sometieron al Tribunal de Quiebras sobre 772 objeciones de consumidores residenciales y comerciales, personas pensionadas y trabajadores activos de la AEE que le piden a la jueza no confirmar el PAD como está contemplado. De las objeciones presentadas, 438 fueron de consumidores residenciales, 269 de personas ya pensionadas de la AEE, 57 de trabajadores activos a punto de retirarse y 8 de comerciantes pequeños. Dichas objeciones fueron realizadas en los centros comunitarios que se establecieron por la Campaña No más Aumentos a la luz para que aquellas personas interesadas pudieran presentar a la jueza como parte del mismo procedimiento legal su rechazo a este plan que nos aumenta la tarifa por los próximos 35 años, mientras seguimos con un servicio de luz sumamente deficiente, y afecta a los más vulnerable recortando pensiones para pagar una deuda que no ha sido ni auditada.” explicó Cathy Kunkel, portavoz de la Campaña No Más Aumentos a la Luz.
“Estas mociones, que presentaron residentes de más de 60 municipios de nuestro archipiélago, reflejan los diversos impactos nefastos de este plan de ser aprobado,” añadió Kunkel. “Cuentan la realidad de familias puertorriqueñas en situaciones financieras muy precarias, de personas cuyas vidas dependen en un servicio eléctrico confiable, de pensionados y trabajadores activos que enfrentan el riesgo de perder una fracción significativa de sus ingresos en una avanzada edad, y de comerciantes que no pueden absorber más aumentos a la luz, entre muchas otras historias.”, enfatizó.
Dentro de los testimonios presentados destacan el de María Agripina Garay Bonano, maestra jubilada de 84 años que vive en Vieques, quien tiene varias condiciones de salud que requieren que viaje a la Isla Grande para recibir tratamiento. “Ya es difícil cubrir los gastos relacionados a mis necesidades médicas y otras necesidades básicas […] Además, sin una fuente de electricidad confiable en mi hogar, estoy corriendo riesgos potencialmente fatales dado mi avanzada edad”, explicó en su moción.
Del mismo modo, Elsa Figueroa, una madre soltera de una hija adulta y severamente incapacitada, que vive en Barceloneta sometió su objeción al Tribunal. “Cuando se va la luz, mi hija empieza a gritar hasta que vuelva el servicio o que salgamos para llevarla a otro sitio para entretenerla.” Explicó que “no tengo planta porque no puedo costear los gastos de combustible y mantenimiento. Cuando aumenta la luz, aumenta el costo de todo, incluye alimentos, salud y ropa, porque todo depende en electricidad y los suplidores pasan estos costos a nosotros”, añadió.
Otro testimonio presentado al Tribunal es el de Axel Arce, pensionado de la AEE, que cuida a su hijo incapacitado y cuya esposa no puede trabajar por una situación de salud. Le preocupa que una reducción o eliminación de su pensión implicaría que su familia tendría que sobrevivir solamente en el seguro social y no sería suficiente.
De igual forma, Francisco Pérez, trabajador activo a punto de jubilarse de la AEE presentó su objeción “para que la jueza lo pueda considerar a la hora de certificar el plan y no dejar a nuestra población de empleados activos desprotegida ante todas las repercusiones que traería el plan propuesto al Sistema de Retiro de los Empleados Activos, en especial a los de 25 a 29 años que tenemos 50 años (o más) y próximos a retirarnos. El costo de vida ya es demasiado alto y seguirá aumentando y lo que dicta la propuesta de la Junta no nos dará para vivir.”
Por su parte, Juan Carlos Martínez Cruzado, profesor de biología en la Universidad de Puerto Rico Mayagüez, con su objeción trajo a la luz el impacto del continuo mal servicio eléctrico en la educación universitaria.
“Tengo un laboratorio con neveras y freezers en las cuales guardamos pruebas que no se pueden reemplazar. Hemos perdido muchas pruebas porque los apagones y las fluctuaciones del voltaje frecuentemente dañan los enseres. Conozco de números casos en el Departamento de Biología en que se ha perdido material biológico crítico, y esto seriamente impacta tanto nuestra capacidad de cumplir con nuestra misión como universidad como el trabajo de nuestros estudiantes de maestría y sus posibilidades de ser aceptados en programas doctorales.”, declaró en su objeción.
Estas objeciones, presentadas por ciudadanos y ciudadanas, se suman a las 30 objeciones presentadas por diversas organizaciones como la UTIER, Sistema de Retiro de Empleados de la AEE, el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, Asociación de Economistas, Liga de Cooperativas, Asociación de Titulares de Condominios, Asociación de Industriales, Centro Unido de Detallistas, Espacios Abiertos, Colegio de Abogados y Abogadas, Asociación de Detallistas de Gasolina, Asociación de Farmacias de la Comunidad, Asociación de Colegios y Universidades Privadas, organizaciones ambientales, entre otros, que resaltan el impacto económico, ambiental y la insostenibilidad del plan propuesto.
