Por Jeniffer Wiscovitch Padilla | Centro de Periodismo Investigativo
Mientras el sistema hospitalario HIMA iba en una estrepitosa caída económica, que terminó en la quiebra comercial más grande de Puerto Rico, sus dueños y principales directivos recibían compensaciones de hasta de medio millón de dólares, compraban artículos de lujo, adquirían nuevas empresas y propiedades, y acomodaban a decenas de familiares y políticos en el grupo corporativo.
Algunas de estas personas continuaron devengando ingresos anuales de entre $300,000 y $500,000 hasta la presentación de la quiebra en septiembre de 2023, incluyendo al cofundador del emporio, Joaquín Rodríguez García, quien se retiró de la operación en el 2018, pero permaneció como presidente de la Junta de Directores. También cobraban tales sueldos sus hijos, Armando Rodríguez Benítez, el actual presidente, y la vicepresidenta de Asuntos Legales, Heidi Rodríguez Benítez.
Mientras, el Grupo HIMA dejaba de pagarle constantemente a sus médicos, empleados y suplidores, acumulando deudas millonarias, particularmente con grupos de médicos especialistas que les dieron servicios a sus pacientes por contrato, tales como cirujanos oncólogos, radiólogos y pediatras, y médicos que le manejaban sus unidades de cuidado intensivo. A algunos de ellos les debían dinero desde 2017 y todo apunta a que se quedarán sin cobrar en el proceso de quiebra, según los expertos consultados.
Entre los grupos médicos que quedaron con grandes deudas figuran Grupo Radio Terapia Turabo, MB Advance Surgery Group, Grupo Intensivo Pediátrico, Neurocritical Care Physician y JVD Advanced Imaging, según el expediente judicial de la quiebra.
También quedarán desprovistas decenas de víctimas de impericia médica y sus familiares con sentencias millonarias a su favor que constan en el expediente judicial.
La quiebra bajo el Capítulo 11 de reorganización ronda los $500 millones y Grupo HIMA solo ha generado $51.3 millones de la venta de todos sus hospitales.
Durante más de una década, el que fuera uno de los principales conglomerados de hospitales de Puerto Rico, acumuló deudas con 4,400 acreedores, sobre todo con el Gobierno de Puerto Rico, que hizo poco o casi nada por cobrar más de $180 millones a HIMA y sus corporaciones afiliadas. La mayoría de esos fondos públicos están a punto de perderse por la falta de proactividad de las dependencias gubernamentales en cobrar las deudas durante años, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que incluyó una veintena de testimonios de personas allegadas a la operación, la revisión de cientos de documentos judiciales y el análisis de expertos en materia contributiva y de quiebras.
“Lo que ha pasado con HIMA es que es tan grande la deuda, que el dinero que han ido cogiendo con la venta [de hospitales] es ínfimo. Ese hospital va a terminar en un proceso de liquidación”, advirtió el licenciado Wilbert López Moreno, profesor de la sección de Quiebra de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. “No hay forma, en ningún sitio, en que tú puedas reorganizarte cuando debes alrededor de $500 millones”, puntualizó.
Armando Rodríguez Benítez, principal oficial ejecutivo del Grupo Hospitalario HIMA, ha culpado públicamente a los planes médicos y a la pandemia de COVID del mal estado financiero de las empresas y de su petición de quiebras en agosto de 2023. Sin embargo, las deudas millonarias acumuladas y los incumplimientos de pago a la banca, agencias de gobierno, médicos y suplidores comenzaron hace más de una década.
A pesar de cuatro intentos por entrevistarle para obtener su versión de los señalamientos, Rodríguez Benítez rechazó contestar preguntas del CPI.
Entre los impagos de HIMA figura el seguro por desempleo e incapacidad de los empleados al Departamento del Trabajo, y las retenciones a empleados y contratistas y del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) al Departamento de Hacienda. Esto último podría constituir una apropiación de fondos públicos que está tipificado como delito grave en el Código Penal.
Hacienda con la deuda más grande
HIMA le adeuda $36 millones a Hacienda. Al menos $8 millones de esta deuda no están asegurados, según datos provistos por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).
Hacienda nunca embargó a HIMA, según una fuente interna, a pesar de que el embargo es parte del procedimiento disponible para el cobro de deudas. Hacienda no confirmó ni desmintió esta información.
Además, tiene deudas con 12 agencias del Gobierno y con los municipios de Caguas, Bayamón, Fajardo y Humacao.
Entre las deudas mayores, después de Hacienda están las de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Departamento del Trabajo, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Salud, así como el Servicios de Rentas Internas del Tesoro de los Estados Unidos.
Gráfico: Deudas de HIMA con el Gobierno de Puerto Rico y federal
Enlace: https://www.datawrapper.de/_/ndi2m/?v=4
Junta de HIMA sabía de impagos a Hacienda desde 2017
Desde el 2017, un informe financiero, que según una fuente fue entregado a los directivos del hospital, los alertó de que no se estaban haciendo los pagos a Hacienda. Sin embargo, el incumplimiento de pagos siguió hasta el momento de la quiebra en agosto de 2023, indica el expediente del Tribunal de Quiebras.
La fuente del CPI aseguró que para Hacienda, cuando se trata de personas poderosas económicamente, “están sujetos a unas reglas distintas”.
Cuatro fuentes del CPI aseguraron que varios expolíticos o personas vinculadas a políticos tuvieron contratos con HIMA, entre ellos los exgobernadores Sila M. Calderón y Aníbal Acevedo Vilá; Wilma Pastrana, entonces esposa del exgobernador Alejandro García Padilla; Margie Rosario Lugo, esposa del presidente del Senado, José Luis Dalmau; y el convicto exadministrador de Instituciones Juveniles, Miguel Rivera Hernández, primo hermano del senador Thomas Rivera Schatz. Todos confirmaron al CPI que tuvieron contrataciones con el grupo hospitalario.