Piden en los tribunales acceso a la Cueva del Indio

Que se garantice el acceso público a la Cueva del Indio, localizada en el barrio Islote de Arecibo, es lo que en esencia reclaman varios vecinos y grupos ambientalistas en una demanda presentada contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y otras agencias, incluyendo al Municipio.

Además, exigieron en el recurso de mandamus sometido ante el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo que cumplan con las leyes y reglamentos, así como con un plan de manejo para la Reserva Natural, Marina y Arqueológica Cueva del Indio.

“Hoy, en el trigésimo segundo (32) aniversario de la designación de la Reserva Natural Cueva del Indio, y luego de dos años de inacción ante las denuncias comunitarias, anunciamos colectiva y comunitariamente estas solicitudes en el Tribunal de Arecibo para que las agencias pertinentes cumplan con su deber ministerial”, anunció Lauce Colón Pérez, organizador comunitario de Defendiendo la Cueva del Indio-681 (DCI-681) y portavoz de los grupos demandantes.

Los demandantes incluyen a los grupos DCI-681, Ciudadanos en Defensa del Ambiente (CEDDA) y el Grupo VEREDAS (Vecinos en Rescate de Accesos y Senderos). Mientras, los demandados son el DRNA, el municipio de Arecibo, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), así como los departamentos de Justicia, Transportación y Obras Públicas y Desarrollo Económico y Comercio.

La Cueva del Indio es una formación de piedras en la que entran las aguas del océano Atlántico. Los demandantes la catalogan como un “tesoro nacional”, ya que en su interior hay petroglifos de los indios taínos.

Los demandantes denunciaron que “las únicas dos entradas públicas y directas y los bienes de dominio público de la Cueva del Indio han sido usurpadas y vandalizadas, tapadas con basura, escombros y verjas por la corporación González Freyre National Properties.

En el 1988 se le designó como un sitio arqueológico, en el 1992 como una reserva natural y en el 2015 como una reserva marina.

Colón Pérez denunció, de inmediato, que “las únicas dos entradas públicas y directas y los bienes de dominio público de la Cueva del Indio han sido usurpadas y vandalizadas, tapadas con basura, escombros y verjas por la corporación González Freyre National Properties. Esto obliga a los visitantes a pasar por los terrenos privatizados, con Caracoles Bar & Grill, corporación arrendadora, cobrándoles ilegalmente hasta $35.00 por persona”.

Como reacción a las denuncias, el DRNA indicó en declaraciones escritas que “ese asunto está ante la consideración del tribunal, por lo que emitir comentarios no es prudente”.

También se le solicitó reacción al empresario José González Freyre, propietario de la entidad que se alega evita el acceso a la Cueva del Indio. Hasta el momento, no la ha concedido.

El abogado de los demandantes a través de Servicio Legales de Puerto Rico, Omar Saadé Yordán explicó que la acción legal se tomó porque “se necesita la protección de la Cueva del Indio ante actos de vandalismo, arrojo de basura, construcción ilegal y otras acciones que continúan ocasionado daños y afectando los recursos naturales, arqueológicos, históricos y culturales en la Reserva Natural Cueva del Indio”.

Se explicó que el 29 de noviembre de 2023 los demandantes cumplieron con el requisito del Requerimiento Previo, un intento legal previo para solicitar el cumplimiento de la ley al enviarle una carta a las agencias pertinentes pidiendo una reunión para formalizar acciones concretas por la Cueva del Indio.

“No se ha recibido respuesta a esta carta, la cual enfatiza los deberes ministeriales respectivos al manejo y acceso a la Cueva del Indio”, explicó, por su parte, la abogada Michelle Alvarado Lebrón, representante legal de DCI-681 y directora ejecutiva del Resiliency Law Center, localizado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

Destacó, de paso, que durante el último año y medio, los demandantes han emprendido incansablemente acciones administrativas, manifestaciones y esfuerzos comunitarios para denunciar las supuestas violaciones de la ley que se aluden se han cometido en contra de la preservación de la Cueva del Indio. Añadió que “todas estas iniciativas no han recibido las acciones correspondientes, ya que ninguna de las partes demandadas ha demostrado disposición para abordar estas preocupaciones legítimas”.

“Por lo tanto, es imperativo que el Tribunal intervenga y ordene a todas las agencias demandadas que cumplan con sus obligaciones legales. Esto debe comenzar con la apertura de un acceso público y directo a la Cueva del Indio, así como el desarrollo e implementación de un plan de manejo interagencial que garantice tanto el disfrute público gratuito como la conservación adecuada de esta Reserva Natural, Marina y Arqueológica”, puntualizó Alvarado Lebrón.

En la demanda se denuncia el incumplimiento de varias leyes, incluyendo el documento de designación de la Reserva Natural Cueva del Indio del 1992 y la Ley 10-2015 para la designación de la Reserva Marina Cueva del Indio. Ambas disposiciones ordenan la creación de planes de manejo que nunca fueron creados.

“Particularmente, la Ley 10-2015 ordena al DRNA a remitir a la Legislatura un informe anual en que detalle las gestiones realizadas para cumplir con el plan de manejo de la Reserva Marina. Esto, al igual que el resto de las leyes y deberes ministeriales, no han sido cumplido en lo absoluto”, explicó Saadé Yordán.

Además de las designaciones de las reservas, también se denuncia la falta de cumplimiento de la Ley 175-2003 para la creación de un Comité Interagencial para la Conservación y el Desarrollo de la Reserva Natural Cueva del Indio, el cual debía desarrollar un plan de conservación, pero que nunca se realizó.

“La ley ordena a este Comité a preparar un Plan de Acción para el desarrollo de instalaciones físicas, áreas verdes, baños, estacionamientos, museos, un centro de información, entre otros”, detalló Saadé Yordán.

De igual manera, se alegó en la demanda que el municipio de Arecibo ha incumplido con sus acciones administrativas, ya que en el 1980 su Asamblea aprobó una ordenanza para adquirir los terrenos donde está la Cueva del Indio por $125,000, pero nunca se concretó la compra. Doce años después, en el 1992, la Legislatura de Puerto Rico asignó al Municipio $200,000 para comprar estos mismos terrenos, más tampoco completaron el proceso de expropiación.

“La Reserva Natural, Marina y Arqueológica Cueva del Indio es pública, está ubicada en la Zona Marítimo Terrestre y el pueblo de Puerto Rico tiene derecho pleno a su uso y disfrute”, expresó Colón Pérez.

Más allá de la demanda, el grupo convocó a una Marcha Comunitaria por la Cueva del Indio este próximo domingo, 14 de abril, a las 1:00 p.m., en la entrada Reserva Marina, localizada en el kilómetro 7.5 de la carretera PR-681.

“Luego de más de tres décadas de incumplimientos, exigimos ya un deslinde, expropiación de los terrenos, la instalación de un Cuartel de Vigilantes y el comienzo de un plan de manejo comunitario para la Reserva Natural, Marina y Arqueológica Cueva del Indio”, exigió Colón Pérez.