Decenas de contratistas del Gobierno que viven en Estados Unidos hicieron donaciones a favor de Pedro Pierluisi. La única relación evidente que la mayoría de ellos tiene con Puerto Rico es trabajar para una compañía con contrato con el Gobierno.
Por Luis Valentín Ortiz | Centro de Periodismo Investigativo
El viernes, 8 de diciembre de 2023, el gobernador Pedro Pierluisi realizó una fiesta de Navidad llamada “Blue Christmas”, un evento de recaudación de fondos para su campaña a la reelección. Allí, en uno de los salones del Fairmont Hotel San Juan, recaudó más de $579,000, de los cuales $6,000 fueron aportados por cinco ejecutivos de Hill International, una firma de manejo de proyectos con oficinas en 42 países.
Aunque ninguno de los cinco ejecutivos de Hill reside en Puerto Rico, sintieron la motivación de donar dinero a Pierluisi. No es la primera vez que oficiales de esta compañía quieren respaldar al Primer Ejecutivo. Desde diciembre del 2022, hay al menos $12,600 registrados en la Oficina del Contralor Electoral (OCE) como aportaciones políticas de parte de oficiales de Hill International a favor de la campaña política del Gobernador.
En Puerto Rico, Hill International tiene un contrato de $11.8 millones con la Autoridad de Carreteras como consultor en la operación del Tren Urbano. También es subcontratista en el programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3) del Departamento de la Vivienda, donde inspecciona, supervisa y controla la calidad de los trabajos, según la compañía.
Durante este cuatrienio, el Comité de Pierluisi ha recibido al menos $115,000 en donativos políticos de personas que trabajan para compañías estadounidenses contratadas por el Gobierno de Puerto Rico, arrojó un análisis del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Esto representa alrededor del 20% de los más de $556,000 que ha recibido el Gobernador en donativos de residentes de Estados Unidos durante el mismo periodo, según datos de la OCE.
La lista de contratistas estadounidenses con donativos políticos registrados en la OCE incluye principalmente bufetes, cabilderos, firmas de consultoría y compañías que trabajan con fondos federales de reconstrucción, encontró el CPI.
A nivel de Estados Unidos, el Gobierno federal prohíbe a sus contratistas realizar aportaciones económicas a incumbentes o candidatos a puestos electivos, mientras que al menos 15 estados tienen limitaciones similares.
“[En Puerto Rico] no es ilegal que personas naturales que trabajen con una persona jurídica que tiene un contrato [gubernamental] aporten a campañas políticas”, dijo el contralor electoral Walter Vélez en entrevista con el CPI.
Sin embargo, el funcionario favorece cambios a la Ley para el Financiamiento de Campañas Políticas, la Ley 22 del 2011, para prohibir los donativos de contratistas gubernamentales en Puerto Rico, ya que entiende que esto fomenta prácticas ilegales como el “pay for play”, donde una compañía aporta con la expectativa de recibir un contrato público o beneficio. Este esquema precisamente estuvo al centro de los casos recientes de corrupción de exalcaldes populares y novoprogresistas relacionados con la contratación de asfalto y recogido de basura en los municipios.
A principios de este cuatrienio, se presentó el Proyecto de la Cámara 320 para prohibir esta práctica en Puerto Rico. Lleva engavetado hace casi tres años, a pesar de haber sido objeto de vistas públicas y estar avalado por la comisión legislativa que lo evaluó.
¿Por qué donan?
O’Melveny y King & Spalding, dos bufetes estadounidenses que representan al Gobierno en los casos de quiebra bajo la ley federal PROMESA, acumulan entre los dos más de $270 millones en contratos gubernamentales en los pasados siete años. Desde el 2020, más de una veintena de abogados de ambas firmas, y algunos de sus familiares, tienen registrados al menos $27,000 y $39,000, respectivamente, en donativos a favor de Pierluisi.
El CPI contactó por separado a una decena de estos abogados para conocer qué los motivó a donar dinero a Pierluisi. Al cierre de esta edición, ninguno respondió.
John Rapisardi, del bufete O’Melveny, aparece como uno de los donantes al Comité Pedro Pierluisi.
Foto por Juan Costa | Centro de Periodismo Investigativo
Casi todos los abogados donantes de estos dos bufetes residen fuera de Puerto Rico, en lugares como Nueva York, Maryland, Virginia, Connecticut y Texas, según datos de la OCE. Más allá de una visita para algún evento relacionado al caso de quiebra — a veces vienen y van en un mismo día, según sus facturas —, la mayoría no tiene otra relación evidente con Puerto Rico. Cobran honorarios que rondan los $1,000 por hora y sus biografías incluyen casos de alto perfil en materia de reestructuración financiera como: Enron, Lehman Brothers, General Motors, Chrysler, Blockbuster, Pacific Gas & Energy Co.
Desde el 2017, O’Melveny lidera la representación legal del Gobierno de Puerto Rico en todos los procesos relacionados a PROMESA, mientras que King & Spalding hace lo propio con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), incluyendo la privatización del sistema eléctrico.
Las aportaciones de estos abogados ocurrieron en tres periodos de tiempo: los meses previos a las elecciones generales del 2020 que ganó Pierluisi; al final del 2021 y principios del 2022; y en julio de 2023, durante un “compartir” con el Gobernador en Washington, D.C. en la que se recaudaron $22,697.
Esta no es la primera vez que O’Melveny aporta a las campañas políticas de los gobernadores. En la OCE, hay al menos $30,000 en donativos registrados a favor del ex gobernador Ricardo Rosselló Nevares, de un grupo de abogados del bufete y algunos familiares durante una actividad de recaudación de fondos en el 2018.
No solo estos abogados de Estados Unidos procuran que el Gobernador tenga dinero para su campaña. Un grupo de cabilderos ha donado al menos $20,000 a Pierluisi desde Estados Unidos. La mayoría trabaja para firmas contratadas por el Gobierno para cabildeo y servicios legales, tales como Venable ($730,000 en contratos), Cornerstone Government Affairs ($750,000), Capitol Counsel ($480,000), Tonio Burgos ($570,000) y Squire Patton Boggs ($168,000).
Donantes políticos en la reconstrucción
En un compartir en Washington en julio del 2023 se registró un donativo de $3,100 a nombre de Plexos Group, que fue devuelto meses después, según informó el Comité de Pierluisi. Las empresas no pueden donar a las campañas políticas a no ser que lo hagan mediante un comité de gastos independientes, mejor conocido como Súper Pac.
Según la página de Plexos Group, la compañía trabajó en el programa R3, que se supone que asista a los residentes de Puerto Rico que perdieron sus hogares tras el paso del huracán María y los terremotos del 2020. El proyecto de reconstrucción ha sido cuestionado por su lentitud y burocracia, según investigó el CPI en agosto del 2020.
Además del de R3, Plexos Group tiene otros dos contratos con el Departamento de la Vivienda que suman más de $47 millones, para trabajar el Programa de Revitalización de la Ciudad y el Programa de Mejoras de Resiliencia Energética en el Hogar. En el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la compañía maneja fondos federales de recuperación en esta agencia bajo un contrato de $2.7 millones.
Durante este cuatrienio, tanto el presidente de Plexos Group, Bob Roberts, como dos de sus principales ejecutivos en Puerto Rico, aparecen con $5,350 en donativos al Comité del Gobernador.
Un portavoz de esta compañía no contestó preguntas del CPI sobre el apoyo de la empresa a Pierluisi por medio de un donativo a su nombre, así como los registrados a nombre de sus ejecutivos.
Otra compañía de la reconstrucción con ejecutivos en la lista de donantes es DCMC LLC. Llegó a Puerto Rico en septiembre del 2017 para ofrecer servicios de “manejo de desastres” después del paso de los huracanes Irma y María.
Desde entonces, DCMC suma más de $66.7 millones en contratos con el Gobierno de Puerto Rico, algunos de los cuales han sido objeto de señalamientos de la Oficina del Contralor.
Actualmente, la compañía tiene un contrato de $10 millones con la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, mejor conocida como COR3, para administrar el multimillonario programa federal de mitigación de riesgos. También tiene otros dos contratos, de $9.8 millones y $2.7 millones cada uno, con la empresa privatizadora de energía, Genera Puerto Rico y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), respectivamente, para manejar proyectos de reconstrucción con fondos federales.
Tan reciente como enero de este año, en plena campaña primarista, tres altos ejecutivos de DCMC donaron $3,000 cada uno como parte de la actividad de recaudación de fondos para Pierluisi llamada “Sellando el Triunfo”, en un restaurante de San Juan.
En total, al menos cuatro ejecutivos de DCMC han aportado más de $15,000 en un periodo de cinco meses. También hay un donativo de $3,100, el máximo permitido por persona, registrado a nombre de Seth Lemoine, principal oficial de operaciones de Lemoine, la compañía que es dueña de DCMC.
Otro contratista de la reconstrucción en la lista de donantes políticos es Horne LLP, cuyo principal oficial de la compañía en Puerto Rico, Samir El Hage, y Scott Keller, socio de servicios gubernamentales en Horne, han donado $7,600 a Pierluisi. En este cuatrienio, Horne lleva sobre $131 millones en contratos relacionados al manejo en Puerto Rico de los fondos CDBG-DR que otorgó el Departamento de Vivienda federal tras los desastres de Irma y María.
Mientras, para el pasado mes de abril, el Comité de Pierluisi reportó tres donativos, de $500 cada uno, a nombre de Derrick Stensrud, vicepresidente en la firma de consultoría ICF. La compañía, que es uno de los principales contratistas en la reconstrucción, suma más de $621 millones en contratos con el Gobierno.
Engavetado el proyecto de ley que prohíbe esta práctica
En junio de 2021, la Comisión de Gobierno de la Cámara, que preside el representante Jesús Manuel Ortiz, aprobó el PC 320, con algunas enmiendas. Desde entonces, permanece engavetado, a pesar de haber sido aprobado en la comisión con un informe positivo y recibir el respaldo de la OCE.
“A mi modo de ver llegaron instrucciones del liderato cameral de que ese proyecto tenía deficiencia o afectaba algún tipo de interés y no debía ser aprobado, o por lo menos aguantado hasta nuevo aviso”, dijo el representante José Bernardo Márquez, coautor de la medida junto a la representante Mariana Nogales.
El portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático en la Cámara, el representante Ángel Matos, no contestó preguntas del CPI sobre por qué el proyecto no ha sido llevado a votación.
En junio de 2022, estuvo a punto de ir a votación el PC 699, un proyecto de la administración Pierluisi que impondría límites a los donativos de contratistas pero solo si ocurrían 90 días antes de las elecciones, o 90 días antes y después de obtener el contrato. Una enmienda al proyecto para ampliar la prohibición durante todo el ciclo electoral, similar al PC 320, paralizó la consideración del proyecto.
En aquel momento, el representante del PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló, sostuvo que una prohibición absoluta de estos donativos sería inconstitucional, al violar el derecho que tienen las personas a realizar aportaciones políticas. Pero los tribunales en Estados Unidos han validado limitar los donativos políticos de parte de contratistas gubernamentales, incluyendo una prohibición absoluta como la que existe a nivel del Gobierno federal.
“Ha sido validado porque se entiende que el interés de combatir potenciales riesgos de corrupción o de apariencia de conflicto sobrepasa el interés de permitir libremente estos donativos”, explicó Márquez.
En marzo de 2023, fue el propio Contralor Electoral Vélez y su oficina quienes presentaron un proyecto de ley, el PC 1676, para añadir controles en el financiamiento y fiscalización de campañas políticas. En aquel momento, la OCE se expresó nuevamente a favor de prohibir donativos políticos de parte de contratistas del Gobierno. Luego de ser aprobada en comisión, la medida quedó engavetada al igual que las otras.
