LUMA tiene que irse

Por María de Lourdes Santiago

Senadora Partido Independentista Puertorriqueño

La privatización del servicio de energía eléctrica se dio sobre tres premisas absolutamente falsas: que representaría una monumental inyección de capital privado indispensable para la renovación de infraestructura, que incluiría múltiples proveedores que competirían por el favor de los abonados y que, lejos de la toxicidad partidista, sería garantía de eficiencia operacional y administrativa. En lugar de ese paraíso energético, tenemos los monopolios privados de LUMA y Genera, ávidas succionadoras del dinero público con el que se paga una costosa estructura por la que se pasean gerenciales reciclados de la AEE, mientras a valiosos celadores de línea los repartieron para hacer tareas menores en las agencias. Ni siquiera la Junta de Control, tan predicadora de la austeridad ajena, le ve problemas a salarios de seis cifras en LUMA (más de un millón en sueldo y extras para el director) ni a los bonos de $200,000 que reparte Genera. Ahora, tras los apagones que han llevado a municipios enteros a estado de emergencia, los mismos que primero desampararon a la AEE y luego le impusieron al país su enamoramiento insensato con la privatización, claman por la salida de LUMA, con la tranquilidad de quien dice que nunca es tarde si la dicha es buena. Si, como sostiene la actual administración, no procediera la cancelación sin más del contrato debido a la inexistencia de criterios para decretar un incumplimiento, tienen que explorarse otras vías.

 Cuando se planteó, en noviembre de 2022, que se cancelara el contrato suplementario bajo el que LUMA había operado ya por 18 meses, se argumentó que el costo era muy alto. Según reseñó entonces la prensa, no ceder a la extensión del acuerdo obligaría a un pago aproximado de $283 millones. “Es demasiado”, dijeron entonces, y firmaron. Hoy estamos en mejor posición para apreciar justamente esa suma. Urge una valorización del costo al país del agregado de apagones de Luma, cuantificando tanto las pérdidas en actividad comercial e industrial, como las pérdidas a familias e individuos. Me parece razonable anticipar que esas pérdidas superan los $283 millones- y ni hablar de las angustias que no son contabilizables. El precio del fracaso de la privatización se ha socializado y lo absorben los abonados. Es insostenible. Llegó el momento de planificar con seriedad el retiro de LUMA a través de una transición ordenada que no implique un regreso a los males de la antigua Autoridad de Energía Eléctrica. La función de un nuevo gobierno en el 2025 debe ser la creación de una estructura pública a cargo de la generación, transmisión y distribución en armonía con la transición a renovables, énfasis en la revitalización de infraestructura y conciencia de que el acceso a electricidad es la base de derechos fundamentales como la educación y la información.

LUMA, Genera y los otros elementos de la lista de fracasos de la privatización son un llamado a fortalecer los servicios públicos, erradicando la politización y estableciendo prácticas de eficiencia y rendición de cuentas. Serenidad y transparencia deben guiar las determinaciones del futuro energético de Puerto Rico, aceptando que el costo mayor de LUMA es seguir bajo su reino de oscuridad.