La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Maunabo. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la Unidad de Auditoría Interna de Maunabo no llevó a cabo auditorías en las áreas de materialidad y riesgo del 2019 al 2022. A tales efectos, el Municipio no contó con información necesaria para determinar la efectividad y eficiencia en el uso de los recursos en las compras, cuentas por pagar, desembolsos y contratos, entre otros. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-20-01 del 8 de julio de 2019.
La auditoría de tres hallazgos señala que no se encontraron las actas ni los expedientes correspondientes a 18 meses, de las reuniones de la Junta de Subastas celebradas del 2019 al 2020. De acuerdo con la información disponible en el archivo y en el Libro de Actas, la última fue preparada el 6 de junio de 2017 y la próxima era del 24 de marzo de 2021. Al examinar el Informe Detallado de Órdenes de Compra se identificaron dos avisos de subasta, un Request for Proposal y el pago de dieta al ciudadano particular miembro de la Junta. Estas deficiencias impiden mantener registros permanentes y confiables de los acuerdos de la Junta.
Por otro lado, el Municipio carece de normas para conservar o disponer documentos fiscales, el último Inventario y Plan de Retención se realizó en el 2002, y el área designada de archivo no tenía equipo de control de humedad y temperatura. Los Municipios deben proteger los documentos públicos como evidencia de los procedimientos fiscales y administrativos. De lo contrario, estos se pueden perder y/o deteriorar.
La auditoría comenta que el Municipio de Maunabo tuvo que devolver $142,065 al US Department of Housing and Urban Develompment (HUD) porque no celebraron subasta pública para realizar los trabajos de construcción del gimnasio municipal que fue sufragado con fondos federales.
Al 30 de abril de 2024, una demanda civil por $456,000 estaba pendiente de resolución por el tribunal. Además, un caso presentado por un empleado ante la Comisión Apelativa del Servicio Público también estaba pendiente de resolver.
