Una investigación gubernamental arrojó que 4,718 boletos fueron validados irregularmente y se recomendó un proceso administrativo contra Camarero para cobrar $2.4 millones, pero las autoridades a cargo de fiscalizar la industria hípica no han recobrado el dinero y, hasta ahora, habían ocultado el fraude.
Por José M. Encarnación Martínez | Centro de Periodismo Investigativo
Empleados y representantes de Camarero Race Track Corp. “validaron o cambiaron de forma manual” boletos de apuestas ganadas o premiadas que no habían sido reclamados con la presunta “intención de apropiarse del dinero”, según surge de un informe “confidencial y privilegiado” al que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tuvo acceso, y que fue desarrollado por la Oficina de Investigación y Regulación (OIR) de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico.
El Reglamento de Apuestas vigente, del año 2017, establece en la página 50 que “el derecho de cobrar los premios caducará a los tres meses contados desde el día en que resulten premiados”. El personal de la OIR identificó un patrón en el que se cobraron boletos justo antes de la fecha del vencimiento de este plazo de 90 días que se aplica a cada una de las apuestas hípicas que se realizan en Puerto Rico.
El “aparente esquema fraudulento” en Camarero Race Track, nombre oficial de la empresa operadora del Hipódromo Camarero en Canóvanas, conllevó que 4,718 boletos fueron validados “de forma manual y sospechosa” entre 2021 y 2023 en las ventanillas de apuestas del único circuito hípico de Puerto Rico. El informe está en manos de varias agencias federales, incluyendo el Buró Federal de Investigaciones, (FBI en inglés), supo el CPI por distintas fuentes.
“Esta Oficina [de Investigación y Regulación de la Comisión de Juegos] insta al Negociado Hípico — dependencia que se encarga de la fiscalización de la industria hípica — a comenzar un proceso administrativo contra Camarero con la intención de cobrar la cifra de $2,434,275.85, correspondiente a los 4,718 boletos que se cambiaron o validaron de forma manual y sospechosa”, lee el documento con fecha del 27 de junio de 2024 y que fue sometido a la licenciada Mónica Andreu Martínez, directora del Negociado.
El señalamiento de la OIR al Negociado del Deporte Hípico se desprendió de un análisis de los informes de transacciones obtenidos a través del sistema Global Tote, que maneja toda la estructura electrónica de apuestas hípicas en Puerto Rico.
“Se pudo identificar una serie de transacciones que fueron validadas manualmente en un lapso limitado [de tiempo], por ejemplo: en un periodo de un minuto, se validaron alrededor de ocho boletos”, detalla el documento.
El informe añade que personal investigativo de la Comisión de Juegos ingresó a las instalaciones de Camarero y constató que el proceso de cobrar o validar un boleto premiado toma varios minutos en lugar de segundos, como sugiere el historial de transacciones evaluado. Cada boleto de apuesta tiene la fecha y la hora en la que se efectúa la jugada.
El Hipódromo Camarero, a través de su vicepresidenta de proyectos, María Cristina Mari García, aseguró que “Camarero no tiene conocimiento” del informe “ni de la información que aquí [se] señala”. Añadió que “definitivamente, en nuestra operación, tenemos auditorías periódicas y un sistema de vigilancia robusto en todas nuestras áreas”.
Calce: Los boletos de apuesta hípica, que son parte del sistema Global Tote, detallan día, fecha y hora en la que es efectuada la jugada.
“Durante el mes de diciembre del año 2022, ocurrió un incidente donde un cliente llegó a las instalaciones de Camarero para cobrar unos boletos premiados, sin embargo, se le notifica que los boletos habían sido ya validados”, lee un caso presentado en el documento. “A raíz de esta situación, el Inspector de Apuestas interviene y decide corroborar cierta información con la intención de clarificar los hechos en controversia. De los datos corroborados, este establece en el informe que, en efecto, los boletos no habían sido validados a favor del cliente ya que según las grabaciones de los días y horas cuando se procesaron, este no se encontraba en la ventanilla”, se añade.
Si una persona apuesta y gana, pero pierde su boleto, tiene diez días para hacer una reclamación a las autoridades hípicas e iniciar una evaluación del caso. No obstante, el Reglamento de Premios no Reclamados no establece un procedimiento para corroborar que la persona que cobra el boleto de una apuesta es la misma persona que realizó la jugada originalmente. Este reglamento no se actualiza desde 2013, advierte el informe. El propio Reglamento de Apuestas de 2017 simplemente da por sentado que el poseedor de un boleto de apuesta es su dueño.
En junio, el CPI solicitó a la Comisión de Juegos informes de las apuestas hípicas que se realizan diariamente en Puerto Rico, detallando las entradas y salidas de dinero por cada carrera celebrada a partir del 2020 hasta la fecha. Al día de hoy, ni la Comisión ni el Negociado Hípico han ofrecido esa información.
La fiscalización no corre sin jinete
Entre agosto de 2021 y julio de 2024, la Comisión de Juegos otorgó cuatro contratos de sobre $100,000 cada uno a la empresa Gaming Laboratories International (GLI) para inspeccionar y auditar los sistemas y dispositivos de las apuestas que se realizan en Puerto Rico. GLI es ampliamente reconocida en la industria de juegos como una de las principales entidades que hace ese trabajo. Pero los servicios que da GLI al Gobierno no se extienden a las apuestas de caballos, de manera que, aunque tiene la facultad y los recursos para realizarlas, no existen inspecciones ni auditorías de esos sistemas de apuestas, contrario a lo que ocurre, por ejemplo, con los casinos que operan en la Isla.
El director ejecutivo interino de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, Juan Carlos Santaella Marchán, le dijo al CPI que la investigación no ha concluido. Confirmó que no ha celebrado ninguna reunión con el director auxiliar de la OIR, Alexis Berríos Marrero, para discutir los hallazgos ni las recomendaciones del informe que se sometió en junio. Sí se ha reunido con otros funcionarios, aseguró.
Santaella Marchán señaló que lo que procede es realizar una auditoría forense para confirmar los hallazgos del informe de la OIR. Para eso, señaló, es posible que haya que contratar personal especializado.
Desde 2021, la Comisión de Juegos tiene bajo contrato a la firma Robles y Asociados para asesoría financiera y, entre los servicios, se especifica que llevará a cabo auditorías forenses sobre posibles malversaciones de activos. Los contratos de Robles y Asociados totalizan $223,250 entre 2021 y 2024.
Berríos Marrero, autor del informe confidencial, entregó su arma de reglamento en agosto, ya no tiene acceso al correo electrónico de la agencia y se encuentra agotando días por enfermedad ante la posibilidad de que salga del cargo, informó en entrevista con el CPI cuando se le llamó para corroborar la autenticidad del documento recibido a través de una fuente.
Indicó que sus continuos señalamientos de irregularidades incomodaron al actual director ejecutivo interino de la Comisión de Juegos, y esto desembocó en un pedido de renuncia que hasta la fecha no se ha oficializado.
El CPI obtuvo un documento oficial de la Comisión de Juegos, con fecha del 24 de agosto de 2024, en el que Berríos Marrero informó a Santaella Marchán que fue amenazado por una persona que es regulada por la propia Comisión. A Berríos Marrero le llamó la atención que el hombre que lo increpó sabía de su posible salida del puesto, según hizo saber en el documento. El individuo supuestamente le manifestó, además, que estaba contento porque abandonaría la agencia y que se verían en la calle.
“Estas personas han perdido el respeto a la agencia y han perdido el respeto a la autoridad que les fiscaliza”, lee la comunicación que relata el incidente.
Santaella Marchán, por su parte, indicó que Berríos Marrero entregó su arma de manera voluntaria. Pero no pudo precisar si el trámite se realizó en la Comisión de Juegos ni bajo qué procedimientos. Aseguró que no hay relación alguna entre el incidente de la amenaza y el trabajo del funcionario. Dijo que le recomendó ir a la Policía, pero no realizó ningún trámite administrativo sobre el particular.
