Lauce Colón Pérez, candidato a la alcaldía de Arecibo por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y la Alianza de País, exige la remoción del alcalde saliente, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry, de la papeleta en estas próximas elecciones generales ante la relevación de la convicción del incumbente de un crimen grave de hace 34 años y que escondió de la Comisión Estatal de Elección y del pueblo Arecibeño.
“Estos hechos, reportados por NotiCel, revelan que el alcalde saliente fue arrestado, acusado y convicto en 1990 por agredir a un agente de la policía y obstrucción a la justicia, violando así el Artículo 256 del Código Penal. Además, estas acciones lo inhabilitan para aspirar a la reelección bajo el Artículo 6.10 del Código Electoral, que prohíbe a personas convictas de delitos graves ocupar cargos públicos”, denunció Colón Pérez.
“Aunque el alcalde ya ha cumplido con las penas impuestas por estos crímenes y creemos firmemente en la justicia restaurativa y en ofrecer segundas oportunidades, esto no lo exime de la responsabilidad de actuar con transparencia y honor en el servicio público y el cumplimiento de la ley. Ramírez Irizarry es un convicto por un crimen grave y, por ley, nunca debió aspirar a la alcaldía en el 2020, nunca debió ser electo ni juramentado y hoy, debe ser removido de la contienda”, continuó.

Ramírez Irizarry ha demostrado, una y otra vez, una incapacidad para liderar con integridad. Uno de los actos más cuestionables de su administración fue la contratación de la exsenadora convicta por corrupción, Maritere González.
“Ramírez Irizarry no solo contrató ilegalmente a una persona con historial criminal, sino que ignoró la resolución de la Legislatura Municipal que exigía su destitución y la devolución del dinero que había cobrado indebidamente. Este es un ejemplo claro de corrupción y mal manejo de los recursos públicos,” agregó Colón Pérez. “Aunque el alcalde devolvió los fondos tras un acuerdo con el Fiscal Especial Independiente, la falta de ética en este proceso es indignante y revela su desprecio por la transparencia y la legalidad.”
Estas acciones no solo reflejan un patrón de conducta inaceptable para cualquier funcionario público, pero también cuestionan los procesos internos del Partido Popular Democráticas (PPD) y su oficina en la Comisión Estatal de Elección (CEE) para la selección de candidatos y sus evaluaciones.


