Sierra Club Puerto Rico fue una de las organizaciones ambientales propulsoras de la Ley que se firmó en el 2022
La directora de Sierra Club Puerto Rico, Hernaliz Vázquez condenó la reciente decisión de la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Natalia Catoni y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de dejar sin efecto su propia interpretación conjunta sobre la fiscalización de la Ley de plásticos de un solo uso.
“El dejar sin efecto su propio reglamento es otra evidencia más de cómo este gobierno sigue priorizando los intereses económicos por encima del bienestar del pueblo y del ambiente. Este tipo de medidas nos alejan de un futuro ecoresilente y perpetúan la crisis ecológica y climatica que enfrentamos”, expresó Vázquez.
La Orden 2025-002 deja sin efecto la interpretación oficial conjunta del DACO y el DRNA sobre el reglamento para prohibir los plásticos de un solo uso en Puerto Rico. Esto significa que las agencias responsables de la fiscalización están retrocediendo en su aplicación, lo que podría debilitar la implementación de la Ley 51-2022.
“Este tipo de acciones suelen responder a presiones de sectores comerciales que argumentan dificultades para cumplir con la ley, en lugar de enfocarse en soluciones como incentivos para materiales alternativos o medidas de transición para los negocios. En la práctica, esto podría facilitar que más establecimientos sigan usando plásticos de un solo uso sin consecuencias reales, retrasando los avances en la reducción de contaminación plástica en nuestro archipiélago”, añadió la líder ambiental.
Vázquez resaltó que, si esta revocación se mantiene, sería un golpe serio para las políticas ambientales en Puerto Rico y un precedente peligroso de cómo se puede desmantelar legislación ambiental bajo presión de ciertos sectores.
“Es importante exigir explicaciones de por qué se tomó esta decisión y presionar para que se mantenga el cumplimiento de la ley en beneficio del medio ambiente y la salud pública”, precisó.
El reglamento para la prohibición de plásticos de un solo uso en Puerto Rico entró en vigor el 1 de julio de 2024 tras años de lucha por parte de organizaciones ambientales y sectores comprometidos con la reducción de la contaminación.
Este Gobierno, en lugar de fortalecer su implementación, ha cedido ante la presión de sectores comerciales que buscan mantener sus ganancias sin asumir ninguna responsabilidad ambiental. Esta acción envía un mensaje claro: la salud de nuestros ecosistemas y nuestras comunidades es secundaria frente a los intereses económicos de unos pocos. La contaminación plástica es una crisis ambiental de proporciones alarmantes”, insistió Vázquez.
La Directora del Sierra Club resaltó que en Puerto Rico, las costas, los cuerpos de agua y la vida silvestre sufren diariamente las consecuencias del uso desmedido de plásticos desechables.
Detalló, además, que, en lugar de reforzar la transición a alternativas sostenibles, el gobierno está socavando el proceso de fiscalización, permitiendo que se siga contaminando impunemente
“El argumento de que no existen suficientes productos biodegradables o de que su costo es muy alto es una distracción que ignora soluciones reales como incentivos para la producción local de alternativas ecológicas y un apoyo más efectivo a los pequeños y medianos comerciantes en la transición hacia un modelo sostenible. Lo que vemos aquí es una falta de voluntad política para hacer cumplir una ley que responde a una crisis ambiental innegable”, recalcó.
Vázquez puntualizó que desde el Sierra Club Puerto Rico denuncian esta medida regresiva y exigen que el gobierno actúe con seriedad y compromiso ante la crisis ambiental.
“No podemos seguir permitiendo que las políticas ambientales sean desmanteladas cada vez que representan un reto para ciertos sectores comerciales. Es hora de poner la salud pública y la protección ambiental por encima de los intereses económicos. Seguiremos fiscalizando y movilizando a la comunidad para garantizar que la Ley 51-2022 no se convierta en otra promesa vacía. Exigimos transparencia, rendición de cuentas y acción inmediata. El futuro ambiental de Puerto Rico no está en venta”, concluyó.
