Skip to content
Por: Gabriel López Arrieta, exadministrador de vivienda pública
La vivienda es más que un techo; es el espacio donde construimos sueños, criamos familias y encontramos refugio. En PR, urge reconocer la vivienda como un derecho constitucional y fundamental. Como exadministrador de vivienda pública, propongo iniciar una conversación que nos lleve a garantizar este derecho y fortalecer nuestra sociedad.
Garantizar el acceso a una vivienda digna es obligación del gobierno y un pilar esencial del desarrollo social y económico de la isla. Desde la creación del Departamento de la Vivienda en 1972, se estableció un marco legal para desarrollar viviendas asequibles. Empero, la falta de planificación y ejecución limita su cumplimiento.
Actualmente, el 70% de las propiedades en Puerto Rico son de sus titulares, lo que refleja el deseo de las familias de tener un hogar propio. Sin embargo, el 30% restante enfrenta serios desafíos. De las 1.4 millones de viviendas en el país, 200,000 están vacantes y en deterioro, mientras el déficit de viviendas asequibles crece en 4,333 unidades anuales, lo que acumula un déficit total de 205,000 unidades.
Estos números representan miles de familias que luchan por un hogar digno. La crisis de vivienda es compleja y requiere acción inmediata. Según mi experiencia, los principales problemas incluyen: falta de un plan integral: La clase media no cualifica para subsidios ni tiene el poder adquisitivo para acceder a viviendas asequibles. La burocracia y regulaciones obsoletas que incluyen trámites lentos y normativas desactualizadas que frenan la construcción y rehabilitación. La falta de planificación coherente: El Plan de Uso de Terrenos y los reglamentos de zonificación no responden a las necesidades actuales. Terrenos baldíos y propiedades en desuso: Miles de terrenos podrían convertirse en hogares, pero los procesos de recuperación son lentos y complejos. El alto costo de las viviendas limita el acceso a muchas familias.
Frente a estos desafíos, propongo como soluciones: el desarrollo de un Plan integral inclusivo que cuente con estrategias que incluyan a la clase media, jóvenes profesionales, personas mayores, desplazados y personas sin hogar. Reducir la burocracia y actualizar normativas que fomenten la construcción y rehabilitación de viviendas. Identificar y rehabilitar terrenos baldíos y propiedades en desuso para convertirlos en viviendas accesibles. Revisar criterios de elegibilidad y ampliar programas de financiamiento para incluir más personas. Promover el desarrollo de complejos de viviendas para optimizar espacio y reducir costos. Asegurar que las ayudas federales y estatales lleguen rápidamente a los proyectos de vivienda e implementar programas de capacitación para trabajadores de la construcción.
La crisis de vivienda no es solo un problema del gobierno; es un desafío colectivo. La academia, profesionales, comunidades y otros sectores tienen un rol crucial. Como exadministrador de vivienda pública, fui testigo del impacto de una política bien diseñada en la vida de más de 56,000 familias. Necesitamos voluntad política, colaboración y una visión clara para garantizar que cada puertorriqueño tenga un hogar digno. La vivienda es un derecho y la base de nuestra prosperidad. Transformemos este desafío en una oportunidad para construir un Puerto Rico más justo y equitativo.
Sobre Gabriel López Arrieta: Se desempeñó como exadministrador de Vivienda Pública bajo el mandato del gobernador Alejandro García Padilla. Además laboró como como asesor legislativo en el Senado de Puerto Rico. Desde el 2003, inició sus labores como empleado de diferentes agencias de gobierno donde ocupó diferentes puestos. Actualmente labora como asesor en diversos temas.
error: Content is protected !!
