[CPI] Investigan al senador por Carolina Héctor Joaquín Sánchez por alegaciones de corrupción

La investigación federal comenzó hace cinco años y comprende un período en que el Senador estuvo en la alta plana del Departamento de Educación, fue contratista en la CEE y Comisionado Electoral de Pedro Pierluisi, según fuentes.

 

Por Laura M. Quintero | Centro de Periodismo Investigativo y 9 Millones

Las autoridades federales investigan al senador por el distrito de Carolina Héctor Joaquín Sánchez Álvarez por presuntamente solicitar sobornos a contratistas del Departamento de Educación (DE) cuando trabajaba allí. El patrón se extendió mientras ocupaba el cargo de comisionado electoral y trabajaba en la campaña electoral del exgobernador Pedro Pierluisi, según dos fuentes con conocimiento de las pesquisas.

Aunque Sánchez Álvarez debutó como funcionario electo en el Senado hace apenas tres meses, no es ajeno a la política partidista. Durante más de una década, ha trabajado intermitentemente en las campañas electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP) y como empleado de confianza en el Departamento de Educación, hasta consolidar su poder como subsecretario de esta agencia entre enero de 2021 y mayo de 2022.

Sánchez Álvarez contó con el respaldo absoluto de la administración de Pierluisi, incluso luego de que salió de esa posición en el DE en medio de escándalos de corrupción. El exgobernador lo apoyó, también, en su camino al Senado con donativos que emitió su comité de campaña al comité del ahora senador por distrito de Carolina.

La investigación criminal del Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés) y la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento federal de Educación comenzó hace cinco años, cuando la OIG recibió alegaciones de que Sánchez Álvarez estaba utilizando su posición en el Gobierno para intervenir en la distribución de fondos, contrataciones y subastas de forma indebida, confirma la investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y 9 Millones. Durante ese período, también recibieron alegaciones de delitos electorales.

La portavoz de la fiscalía federal para el distrito de Puerto Rico, Lymarie Llovet, contestó por escrito que “de conformidad con la política del Departamento de Justicia, no podemos hacer comentarios ni discutir asuntos relativos al estado de cualquier investigación en curso ni confirmar o negar la existencia de tal investigación”.

Las autoridades federales encontraron conductas que podrían constituir crímenes de lavado de dinero en el financiamiento de la campaña electoral del exgobernador Pedro Pierluisi, derecha, y del propio Senador.
Foto suministrada

Por su parte, Sánchez Álvarez reaccionó extrañado al ser abordado por el Centro de Periodismo Investigativo y 9 Millones en su oficina en el Capitolio. Cuestionó que se haya tenido acceso a información de carácter confidencial, y agregó que estaba seguro que ninguna investigación sobre malversación de fondos públicos le implicaba.

En declaraciones escritas enviadas luego, puntualizó: “Nadie me ha notificado, ni citado sobre investigación federal alguna. De hecho, las alegaciones son tan absurdas o inverosímiles que nadie, autoridades federales o locales, las creería”.

Tras indagar sobre la conducta del ex subsecretario de Educación, las autoridades federales encontraron conductas que podrían constituir crímenes de cuello blanco por supuesto fraude, solicitud de sobornos y lavado de dinero en el financiamiento de la campaña electoral del exgobernador Pierluisi y del propio Senador.

El presunto esquema involucra a dos compañías con una larga trayectoria como proveedores de servicios de tecnología y construcción para el Gobierno. Innovative Solutions, Inc. (INSOL) ha tenido $51.7 millones en contratos de tecnología y consultoría administrativa con el DE en el transcurso de 17 años, según el registro de contratos de la Oficina del Contralor (OCPR). El DE contrató a INSOL “para evidenciar cumplimiento federal” con los requisitos académicos y administrativos del Gobierno de Estados Unidos, indican los contratos.

La dirección física de INSOL es el 151 de la Calle Federico Acosta, prácticamente al frente de la oficina central del Departamento de Educación, que ubica en el 150 de esa misma calle. El ex comisionado electoral del PNP, Edwin Mundo, hace gestiones de cabildeo ante la agencia para conseguir o defender los contratos de la compañía, confirmaron el CPI y 9 Millones con dos fuentes que le han visto entrando a reuniones con la compañía o haciendo gestiones ante la agencia. Mundo contestó por mensaje de texto que él no hace cabildeo, sino que asesora sobre gobierno. Además, negó ser asesor directo de INSOL; más bien, indicó, que trabaja “para una firma, que hace trabajos para ellos”.

Mientras, AKA Electrical Engineering & Contractors es una empresa de construcción del área de Naguabo que ha sido contratada principalmente por la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) desde 1998, según la OCPR. También, ha tenido decenas de contratos con la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) para la construcción y reparación de escuelas y con el DE.

En declaraciones escritas, el vicepresidente de INSOL, Julio César Muñoz Ayala, ripostó que “la información que asocia a Innovative Solutions con cualquier investigación, negociación de contrato, acto de soborno o cooperación es absolutamente FALSA”. Añadió que durante 20 años han trabajado para el Gobierno con excelencia y rectitud.

Al momento de publicación, AKA Electrical Engineering & Contractors no contestó una petición que le hicieron estos medios independientes para réplica, mediante llamada telefónica y correo electrónico.

Los alegados pagos fraudulentos comenzaron en 2017, cuando Sánchez Álvarez ocupaba la posición de secretario auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica bajo la jefatura de la exsecretaria y convicta Julia Keleher.

Sánchez Álvarez, a la izquierda, junto a Julia Keleher, exsecretaria del DE, y Eligio Hernández Pérez, quien fungió como subsecretario del DE, en una ceremonia de graduación en 2017. Foto suministrada

Desde ese período, Sánchez Álvarez presuntamente solicitó sobornos que, en conjunto, sobrepasan los $50,000 a los oficiales de las compañías de INSOL y AKA Electrical & Engineering Contractors, Muñoz Ayala y Luis Fidel Robinson Meléndez, respectivamente, en encuentros que tuvo con ellos por separado, según una fuente que lo afirmó bajo juramento.

“En ningún momento he recibido solicitud de soborno ni de cualquier otra acción ilegal por parte de funcionarios del Departamento de Educación”, puntualizó Muñoz Ayala.  Dijo que las contrataciones que tienen con el DE se remontan a décadas antes de que Sánchez Álvarez asumiese cualquier puesto gerencial, y que durante el tiempo que ocupó un cargo directivo en la agencia, los contratos se originaban en la Oficina de Asuntos Federales, bajo diversos directores, todos autorizados por los Secretarios de Educación, y no por la división que él dirigía. “El Sr. Sánchez no ha tenido injerencia alguna en la parte contractual de nuestros servicios”, alegó.

Robinson Meléndez no estuvo disponible al momento de publicación, pese a que le dejamos mensaje con la auxiliar administrativa de su compañía y le dirigimos un correo electrónico.

En donativos informados legalmente a la Oficina del Contralor Electoral (OCE), se encuentran $1,000 que en febrero de 2020 Muñoz Ayala aportó al comité de Pierluisi y $1,500 en abril de 2022, para la actividad de cumpleaños de Pierluisi que se celebró ese mes en el Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones. Para esa actividad también adquirió boletos Robinson Mélendez, quien también donó $1,500 que, según muestra el informe de ingresos y gastos, era una de las aportaciones más altas porque los donativos de las otras personas fueron de $100 hasta $2,800.

Antes de esa celebración, en junio de 2020, Ignacio J. Rivera Martínez, ejecutivo de INSOL, donó $2,800 al comité de Pierluisi.

Mientras, en septiembre de 2020 se registraron donativos individuales de $2,800 cada uno en efectivo de Robinson Meléndez, su esposa, Nancy Santana Nazario; y su hijo Alexander Robinson Santana, quien figura como presidente de AKA Electrical. Dos meses después, se registró un donativo de $2,800 del vicepresidente de esa compañía, Vidal Santana Nazario. En diciembre de 2021, Nancy Santana Nazario donó otros $1,750. Las donaciones informadas de los directivos de AKA Electrical Engineering & Contractors al Comité de Pierluisi suman un total de $14,450 entre 2020 y 2022.

Alegada conspiración para postergar la compra de los generadores

Luego de que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) le atribuyó la victoria de las elecciones de 2020 a Pierluisi, Sánchez Álvarez no perdió tiempo en querer asumir el control de las contrataciones en el DE, reseñó El Nuevo Día. El periodo de poco más de dos semanas, en el que se autoproclamó subsecretario de Educación sin haber sido nombrado por la entonces secretaria nominada, Elba Aponte Santos, parece haber sido decisivo para la pesquisa criminal. Sánchez Álvarez asumió labores en la agencia cuando aún tenía vigente su contrato como comisionado electoral. La OIG recibió en ese momento la tercera querella en su contra.

Elba Aponte Santos fue designada secretaria del Departamento de Educación en 2021. Foto suministrada

La primera queja ocurrió en 2019, cuando recibieron alegaciones de que Sánchez Álvarez había involucrado a legisladores del PNP en la distribución de fondos del programa para brindar experiencia laboral a estudiantes con diversidad funcional. Luego, en 2020, recibieron una querella por alegadas presiones de Sánchez Álvarez para enmendar contratos en favor de INSOL. Finalmente, en 2021, hubo una querella por sus esfuerzos para supuestamente anular una subasta y favorecer a Bella Sofía Contractors, una empresa con oficina en Bayamón, según el registro de corporaciones, que ha prestado al DE servicios de construcción y reparación de escuelas.

Según esta última querella, Sánchez Álvarez habría tratado de influir en la compra de generadores eléctricos para 231 escuelas públicas con fondos del Programa federal de Ayuda Inmediata para el Reinicio de las Operaciones (Restart).

Al hoy Senador, “lo describen como una red de corrupción con tentáculos en todas partes”, dijo una fuente con conocimiento de la investigación. Estas investigaciones se originaron por las denuncias de los propios empleados al interior del DE.

“Es el propio Departamento y hasta los propios PNP que están hartos de que esto esté ocurriendo; que todavía hay gente que se atreva a hacer esto”, puntualizó la otra fuente con conocimiento.

En declaraciones escritas, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, contestó al CPI y 9 Millones que, “como hemos expresado en otras ocasiones, el Departamento de Educación colabora de manera plena y diligente con todas las investigaciones que requieran información o documentación relacionada con nuestras operaciones”, pero evadió reaccionar específicamente a estas alegaciones.

Abordado sobre si piensa que ha habido avances en las estructuras de prevención de la corrupción desde la era de Víctor Fajardo (1994-2000), añadió que desde entonces se han implementado sistemas de información financiero para monitorear transacciones, así como un sistema de alerta rápida que coteja que los fondos sean utilizados de acuerdo con los objetivos establecidos. Con el interés de defender a la institución, agregó que “algunas denuncias sobre posibles actos indebidos han sido presentadas por nuestros propios empleados, lo que refleja la conciencia y el compromiso interno que prevalecen dentro de la agencia”.

El suplido de generadores se había otorgado mediante subasta formal a dos compañías, en septiembre de 2020. El exsecretario del DE Eligio Hernández Pérez había dejado adjudicados los procesos de subasta a favor de Master Link Corporation para instalar los generadores en las regiones educativas de Arecibo, Bayamón y Caguas, mientras que Wide Range Corporation supliría e instalaría generadores en las regiones de San Juan, Humacao, Mayagüez y Ponce.

Cuando cambió la administración del DE en enero de 2021, presuntamente Sánchez Álvarez pidió cancelar la adjudicación de la subasta para favorecer a Bella Sofía Contractors. Se alega que el todavía Comisionado Electoral del PNP convocó a personas de su confianza al interior del DE para que hicieran un nuevo comité evaluador y anularan la subasta anterior. El esfuerzo fue, sin embargo, frustrado y la queja de este intento de influencia indebida llegó hasta la entonces secretaria designada, Aponte Santos.

El dueño de Master Link Corporation, Carlos Morales Vázquez, recordó la presencia de la  compañía competidora en las reuniones de subasta. “Era una compañía querida por ellos, pero no tenía la capacidad. El día de la reunión, una persona empleada de OMEP trató de eliminar el requisito de bid bond (fianza o garantía de licitación). Quería eso porque esa compañía [Bella Sofía Contractors] expresó en la reunión que quería que quitaran el requisito de bid bond. Salimos molestos de esa reunión”, confirmó. Según documentos de adjudicación, Bella Sofía no incluyó el bid bond, según requerido. Los contratos de Master Link y Wide Range vencieron en agosto de 2024, sin que se terminara de instalar ni una cuarta parte de los generadores, aseguró Morales Vázquez, quien adelantó al CPI y 9 Millones que demandarán al DE reclamando daños económicos por la alegada obstrucción que enfrentaron por parte de la OMEP.

Anterior a su primer contrato con la OMEP, la compañía se llamaba Bella Sofia Air Conditioner Inc., pero su propietario, Alexander Pérez Rivera, le cambió el nombre en febrero de 2021, según la resolución corporativa. Fue en ese cuatrienio cuando comenzó a obtener contratos con la OMEP, que ascendieron a $3,395,369, y con el DE por $14,679,696, según la Oficina del Contralor. Previamente, había sido contratada solamente por la AFI, la Administración de Terrenos, el Municipio de Bayamón y el de Cataño.

La compañía está también entre los 10 proveedores a quienes la agencia más le compra servicios: en el año fiscal 2024, el DE le pagó $4 millones, según un portal de la Administración de Servicios Generales. Sin embargo, el DE no ha divulgado públicamente las órdenes de compra de años previos, por lo que al cierre de esta edición no fue posible conocer la totalidad de fondos públicos que le fueron otorgados.

Al cierre de la publicación de este reportaje, Pérez Rivera no envió las declaraciones solicitadas por el CPI.

Una carrera marcada por influencias en el PNP

El ascenso de Sánchez Álvarez de maestro de jardinería a secretario auxiliar, en 2017, vino por recomendación del entonces presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado y exalcalde de Yauco, Abel Nazario Lugo, según una fuente. Para el momento en que ocurrió ese nombramiento, Sánchez Álvarez había trabajado adiestrando a funcionarios electorales como Instructor en Jefe del PNP. Nazario Lugo renunció a su escaño en el Senado en marzo de 2020, mientras enfrentaba cargos — de los cuales resultó convicto — por defraudar al Gobierno federal y solicitar sobornos con fondos públicos.

La jefatura de Sánchez Álvarez en la secretaría auxiliar duró solamente dos años. No obstante, se quedó trabajando en la agencia, hasta que — en febrero de 2020 — regresó a la CEE como representante electoral de Pierluisi en las primarias del PNP, en las que se enfrentaba a Wanda Vázquez Garced para la candidatura a la gobernación. Cuando Pierluisi se alzó con la máxima candidatura del PNP, Sánchez Álvarez consiguió ser el Comisionado Electoral de ese partido.

Lo que siguió a las elecciones de 2020 fue un capítulo de incondicionalidad por parte de la administración Pierluisi, que — una y otra vez — respaldaba a Sánchez Álvarez cuando estaba inmerso en escándalos de corrupción que le podían lacerar en la opinión pública.

“Siempre ha gozado de mi confianza tanto como Comisionado Electoral de nuestro partido como en el Departamento de Educación”, afirmó Pierluisi sobre la salida de Sánchez Álvarez del DE en medio de alegaciones de que había intervenido en la premiación de Maestro del Año. “Entiendo que hubo unas alegaciones, que fueron refutadas, y no hubo referido legal alguno”, reiteró en julio de 2022, cuando se le cuestionó el reclutamiento en ese momento de Sánchez Álvarez como subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Del DTOP salió en diciembre de 2022, luego de que una empleada de la agencia le grabó contabilizando el dinero recaudado en donativos políticos para el gobernador Pierluisi durante horas laborables.

En 2023, luego de que el CPI publicó que Sánchez Álvarez tenía un contrato de consultoría administrativa con la Autoridad de Tierras por medio de la compañía Advisors Consulting, LLC, Pierluisi volvió a salir en su defensa al señalar que no había “nada irregular en ese asunto en lo más mínimo. Está bajo licencia sin sueldo [en Educación], eso se concede en el Gobierno, prácticamente todas las agencias”.

“Dejen de buscar polémica donde no la hay. Es contratista del Gobierno, tiene una ideología política y no hay nada irregular con eso”, dijo a los periodistas el entonces Gobernador.

Estas defensas reiteradas provocaron, entre los empleados públicos del DE, la impresión de que Sánchez Álvarez era intocable, incluso a tal nivel que muchos se cuestionaban por qué gozaba de tanta impunidad.

“Todo el mundo [en el DE] sabe que la defensa de Pedro Pierluisi era porque le debían favores, y que él [Sánchez Álvarez] podía hacer caer al Gobierno de Pedro Pierluisi”, comentó una fuente que pidió proteger su identidad por temor a represalias.

“La relación que tenía con La Fortaleza era bien estrecha y hermética. Había una especie de [interés de] tenerlo contento… Se sentía con una impunidad completa en Fortaleza”, validó una segunda fuente del DE sobre la impresión que tenían los empleados, incluyendo aquellos del mismo partido.

Pierluisi no contestó una petición de reacción, que le hicimos llegar a través de su portavoz de prensa.

Potenciales delitos electorales

Las autoridades federales también han examinado alegaciones de que Sánchez Álvarez pudo haber cometido delitos electorales, incluyendo — pero sin limitarse — a la falsificación de papeletas electorales, según documentos revisados por el CPI y 9 millones. En 2021, el FBI presentó un requerimiento de información a la administración del Condominio Parque de las Fuentes, en Hato Rey, en el que solicitó la grabación de las cámaras de seguridad, luego de recibir alegaciones que apuntaban a la entrada y salida de Sánchez Álvarez y otras personas al apartamento que alquilaba en ese condominio, cargando cajones llenos de papeletas en horas de la madrugada. Estas supuestas movidas ocurrieron cuando la CEE estaba en medio del escrutinio general de las elecciones de 2020, en el que Pierluisi se enfrentaba a otros cuatro candidatos a la gobernación.

El edificio donde Sánchez Álvarez se alojó está ubicado a 1.6 millas del Coliseo Roberto Clemente, en donde estaba la bóveda de papeletas de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado de forma provisional por la pandemia de COVID-19.

Sánchez Álvarez no quiso emitir comentarios adicionales con relación a estas alegaciones, que tildó de “absurdas”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés) hizo constar los pocos controles que habían en el Coliseo. “Nos llamó la atención la falta de seguridad de la supuesta bóveda. La valla de alambre no estaba colocada del suelo al techo. Cualquiera podía acceder a ella desde la parte superior. Además, en la parte inferior, había varios lugares en los que había grandes aberturas que permitían el fácil acceso de personas para entrar y salir de la bóveda”, observó la entidad en un informe que publicó en julio de 2021.

“Aunque disponía de dos puertas que debían cerrarse con cadenas en las que se colocaban cinco candados… en la práctica cualquiera podía acceder a este espacio con sólo tumbarse en el suelo y empujarse hasta él [la bóveda] por cualquiera de los huecos que se habían creado al montarlo”, agregó.

La ACLU consignó en su informe como observadores de las elecciones del 2020 que la valla de alambre de la bóveda, donde se guardaron papeletas en el Coliseo Roberto Clemente, no estaba colocada del suelo al techo. Cualquier persona podía acceder desde la parte superior.

Foto suministrada | Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Capítulo de Puerto Rico

Una semana después de las elecciones generales del 2020, aparecieron casi 200 cajas con papeletas de votos no contados, suceso que hizo noticia a nivel internacional. El entonces presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, adjudicó este incidente al problema de la desorganización y al cansancio de los trabajadores electorales, según informes de prensa.

Los resultados de las elecciones de 2020 en Puerto Rico fueron altamente disputados, incluso, mediante la presentación de seis impugnaciones en los tribunales y una en la Cámara de Representantes. Estos comicios se rigieron por el polémico Código Electoral, que se aprobó el mismo año. Se caracterizaron, además, por la flexibilización del voto por correo, lo que redundó en una cantidad masiva de esa modalidad de votos que la estructura de la CEE no estaba capacitada para manejar.

Al ser abordada sobre cómo los cambios de administración influyen sobre los procesamientos criminales, Llovet — la portavoz de la fiscalía federal — dijo que “por política, la oficina no comenta ni discute los procesos administrativos o deliberativos internos que pueda tener con el Departamento de Justicia, incluyendo discusiones con la sede en Washington D.C. o cambios en las prioridades o políticas de la administración”.

Políticos, contratistas y agricultores entre sus donantes

El comité de Sánchez Álvarez para su candidatura a senador por Carolina se organizó en marzo de 2023 en Canóvanas, según datos de la OCE. Su tesorera es Natallie Virella Irene, quien en 2020 realizó la misma función para el PNP.

Precisamente el Comité Pedro Pierluisi Inc. donó al Comité Amigos de Héctor Joaquín Sánchez, $3,100, que es el máximo que se puede donar a una campaña, y fue el segundo donante más importante del ahora senador por el distrito de Carolina.

Ese donativo fue superado solamente por el propio Sánchez Álvarez, quien donó en total a su propia campaña $5,113, según los informes de ingresos y gastos de la OCE.

Andrés Guillemard Noble, cuñado del ahora exgobernador, también donó $2,000 a la campaña de Sánchez Álvarez. El tercer mayor donante fue Anthony Maceira Zayas con $3,000. El ex secretario de Asuntos Públicos del exgobernador Ricardo Rosselló tiene ahora lucrativos contratos de asesoría con varias agencias y con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Entre el 2023 y 2024, el Comité de Sánchez Álvarez reportó ingresos por más de $82,000.

Entre la lista de donantes, se encuentran contratistas de construcción y reparación de escuelas del DE, la OMEP y la AFI. Así como empresas ligadas a la tecnología en el DE y otras agencias del Gobierno.

Entre esos donantes, están dos de los principales directivos de INSOL, Julio César Muñoz Ayala e Ignacio J. Rivera Martínez. Cada uno aportó $1,500. También, dio $1,300 Luis Fidel Robinson Meléndez, propietario original de AKA Electrical, empresa que representa ahora su hijo Alexander Robinson.

Entre los donantes, también hay varios agricultores ligados a los mercados agrícolas que auspicia el Departamento de Agricultura y algunos venden productos a comedores escolares. Cuatro agricultores han resultado favorecidos con préstamos e incentivos del Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA), de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias y del Departamento de Agricultura (ADEA).

En el informe de ingresos y gastos presentados a la OCE figura el registro de un cheque de $500 de la Finca La Hermosa Inc., como donativo a la actividad Camino al Triunfo celebrada en marzo de 2024 en el Hipódromo Camarero. Los donativos de corporaciones a comités de campaña están prohibidos por ley, por lo que el Comité tuvo que devolver el donativo en mayo de ese mismo año.

El propietario de Finca La Hermosa Inc. es Julio César Hernández López, dueño también de J.A. Cleaners Services L.L.C. y quien a título personal donó otros $750 para la actividad “Hawaian Blue Party” celebrada en julio 2024 en Loíza. Finca La Hermosa Inc. ha recibido del Gobierno de Puerto Rico préstamos de emergencia de FIDA y fondos para mejoras en la finca de ADEA. Mientras, J.A. Cleaners Services también dio servicios de mantenimiento de escuelas públicas en Moca, Añasco y San Sebastián mediante un convenio con la OMEP para el mantenimiento rutinario a escuelas públicas.

Funcionarios de alto nivel de la Autoridad Escolar de Alimentos como la directora Franchesca Reyes Benítez, y del Departamento de Agricultura como Wilbert Vélez Rodríguez, quien se desempeñó el cuatrienio pasado como Subadministrador de la Administración de Desarrollo de Empresas Agrícolas, también figuran entre los donantes con $625 y $500, respectivamente.

Entre los donantes, están funcionarios o exfuncionarios del DE y de Rehabilitación Vocacional. También, hay exfuncionarios del Gobierno como Christian Sobrino, quien donó $250 para Camino al Triunfo, una de las cuatro actividades que realizó el candidato.

Las actividades de recaudación fueron: “Hawaian Blue Party” realizada en julio de 2024 en un área comunal residencial en Loíza, donde se recaudaron $4,525; Wine and Cheese con Héctor Joaquín Sánchez, celebrada en septiembre de 2024 en el Restaurante Mar del Caribe, en San Juan, con $9,750  en recaudos; 2024 Camino al Triunfo, realizada en marzo de 2024 en el Winners Convention Center del Hipódromo Camarero, donde se recaudaron $9,350; y Arrancando con Héctor Joaquín Sánchez, en la Hacienda Campo Rico, en la que se recogieron casi $28,000, en abril de 2023.

 

La periodista Wilma Maldonado Arrigoitía colaboró con esta historia.