Paquete legislativo incluye propuesta de asfaltera con neumáticos reciclados y exige respuestas sobre el costo de no atender la crisis climática
En un esfuerzo por encaminar acciones concretas ante la crisis climática que enfrenta Puerto Rico y como preámbulo de la temporada de huracanes la senadora Ada Álvarez Conde radicó un paquete de medidas legislativas dirigidas a evaluar el impacto económico de los desastres naturales, analizar el plan de mitigación existente y exigir acciones concretas para adaptarse a los efectos del calentamiento global e incluye una propuesta de una asfaltera con neumáticos reciclados.
“La isla enfrenta amenazas tangibles y crecientes por el cambio climático: erosión costera, olas de calor, pérdida de biodiversidad, y vulnerabilidad de nuestras industrias agrícolas, pesqueras y turísticas”, señaló la Senadora. “No actuar con urgencia representa un costo humano y económico que el País no puede darse el lujo de ignorar. Si llegan al 30 de junio y no han actuado, la Asamblea Legislativa empieza a incumplir su propia ley”, agregó Álvarez.
Entre las medidas radicadas en el Senado se encuentran:
– Resolución del Senado 101: Ordena a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) realizar un estudio sobre el impacto económico que han tenido los desastres naturales en Puerto Rico durante los últimos 15 años, incluyendo daños y la inversión pública en recuperación y mitigación, tanto local como federal.
– Resolución Concurrente del Senado 7: Ordena a la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático evaluar el Plan presentado por el Comité de Expertos conforme a la Ley 33-2019 y rendir un informe a la Legislatura antes del 30 de junio de 2025.
– Resolución del Senado 103: Dispone que el Plan de Mitigación sea sometido a un análisis macroeconómico por la OPAL para evaluar las consecuencias de no adoptar las recomendaciones propuestas por el Comité de Expertos.
– Resolución Conjunta del Senado 40: Para ordenar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) a diseñar un plan para fomentar la industria del reciclaje de neumáticos usados, identificar terrenos públicos viables para establecer plantas de producción de asfalto a base de gomas recicladas y canalizar los fondos necesarios para su desarrollo.
“Estas resoluciones buscan garantizar que el gobierno actúe con responsabilidad, datos claros y sentido de urgencia. No podemos seguir improvisando mientras el cambio climático pone en riesgo vidas, infraestructura y la economía del país. La OPAL debe mirar más allá del presupuesto a corto plazo. Necesitamos entender las consecuencias económicas de no invertir hoy en políticas de resiliencia climática”, expresó la Senadora.
Entre las medidas radicadas, la RCS 40 representa un ejemplo concreto de cómo el desarrollo económico puede ir de la mano con la protección del ambiente. Al convertir un problema de salud pública y contaminación en una oportunidad para fomentar industrias locales sostenibles, se atienden múltiples frentes: se reduce la acumulación de desperdicios sólidos, se previenen plagas y enfermedades transmitidas por vectores, se mejora la infraestructura vial y se generan empleos verdes.
Puerto Rico ha sido golpeado repetidamente por eventos naturales extremos, y aunque se han asignado miles de millones en fondos de recuperación, todavía no se conoce con claridad cuánto se ha invertido y si hay un plan real en marcha. Se necesitan acciones concretas para mitigar los efectos del calentamiento global.
El propósito de este paquete de medidas es una invitación al gobierno y a la Asamblea Legislativa a asumir la responsabilidad que le corresponde ante la mayor amenaza ambiental y económica que enfrenta Puerto Rico en el presente, “Hay que garantizar que el gobierno actúe con responsabilidad, datos claros y sentido de urgencia. No podemos seguir improvisando mientras el cambio climático pone en riesgo vidas, infraestructura y la economía del país”, añadió Álvarez Conde.
Estas medidas buscan ir más allá de los cálculos fiscales tradicionales, e incluir el costo real de la inacción: pérdida de vidas, desplazamientos de comunidades costeras, destrucción de ecosistemas, colapso de industrias y el deterioro de la salud colectiva.
La senadora Álvarez reiteró su compromiso con la justicia climática y aseguró que continuará impulsando legislación que promueva la resiliencia, equidad y sostenibilidad en las políticas públicas de Puerto Rico, “No hay justicia social sin justicia climática. Nuestro deber como líderes es anticipar las crisis, no sólo reaccionar ante ellas. Hay que contestar preguntas y exigir acción”, finalizó diciendo la Senadora.
