La Federación de Instituciones de Cuido Prolongado expresa preocupación y descontento ante la grave situación de atraso en los pagos por parte del Departamento de la Familia, que afectan directamente a las instituciones dedicadas al cuidado de adultos mayores.
Jonathan Morales Adorno, presidente de la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado de Puerto Rico (FICPRO) que representa a 587 dueños de hogares afiliados a la entidad, denunció que a algunos de estos centros acumulan deudas de hasta dos (2) años y actualmente supera los dos millones.
Algunos hogares están reclamando deudas de $40,000, $70,000 y $90,000, mientras que otros hogares llevan desde el 2020 gestionando pagos atrasados.
“Se repite el ciclo”, lamentó el presidente de FICPRO. En el 2023, la deuda del Departamento de la Familia con los centros de cuidado prolongado que albergan adultos mayores rondaba los cuatro millones de dólares.
Adorno Morales relató que este atraso “ha generado serias dificultades financieras para nuestras instituciones, que luchan por cumplir con sus obligaciones y garantizar la atención continua y de calidad que nuestros adultos mayores merecen”.
El total adeudado es necesario para continuar su operación y poder cumplir con las obligaciones contractuales de alimentación, cuidado y atención las 24 horas, nómina del personal profesional y las utilerías agua, luz, teléfono, gas, entre otros servicios.
Reclamó que el gobierno debe cumplir sus obligaciones, sabiendo que en la actualidad enfrentan una crisis con los adultos mayores abandonados. “Nosotros resolvemos gran parte de esta problemática, por tanto, lo más justo es recibir el pago por los servicios brindados sin dilación”.
Expresó que “tan irresponsables son los hijos que abandonan a sus padres, como el gobierno cuando retrasa los pagos por nuestros servicios de cuidado, amor, alimentación, protección y hogar seguro para miles de envejecientes”.
Previo a la temporada de huracanes, los dueños de hogares deben cumplir de manera cabal con la Ley 88 del 14 de abril de 2018 (Ley de Garantía de Prestación de Servicios). Los requisitos incluyen que los centros deben contar con una fuente de energía que produzca electricidad suficiente para continuar sus operaciones cuando no esté funcionando el sistema energético; contar con abastos de combustible suficientes para operar el generador eléctrico al menos veinte (20) días después del paso de un evento de fuerza mayor; abastos de medicamentos y artículos de primera necesidad suficientes para operar por ese tiempo; y contar con una cisterna de agua con la capacidad suficiente para suplir su necesidad por al menos cinco (5) días, entre otros.
Adorno Morales relató que, las instituciones no tienen una fecha exacta en el que van a recibir los pagos cada mes para poder trabajar de manera adecuada sus finanzas, basada en el presupuesto y los ingresos programados. “Este proceso de pago por parte del Departamento de la Familia, no solamente es ineficiente, sino que pone en riesgo el funcionamiento de nuestras instituciones y más importante aún, la calidad de vida de nuestros adultos mayores”, aseguró.
Por tanto, Adorno Morales hace un llamado urgente para que “se paguen las deudas pendientes y se establezcan protocolos claros que garanticen los pagos mensuales de manera efectiva, dentro de los primeros cinco días del mes siguiente”.
La Federación de Instituciones de Cuido Prolongado reiteró su compromiso con la defensa y el bienestar de los adultos mayores y solicita la colaboración de todos los actores involucrados para resolver esta situación crítica.
Según los datos ofrecidos por la propia agencia, el Departamento de la Familia subvenciona el cuido de sobre 5,807 adultos mayores que fueron ubicados en distintos centros a través de la Isla y que podrían estar en riesgo de quedar desprovistos del servicio de cuidado asistido.
