El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Dr. Ramón Barquín III reconoció el paso legislativo dado por el Senado de Puerto Rico con la aprobación del Proyecto de la Cámara 420, que congela el impuesto al inventario para los años fiscales 2025 al 2027. Aunque el gremio valora este alivio temporero, reiteró que la medida debe ser solo un paso provisional hacia la eliminación total de este impuesto que, por años, ha afectado la capacidad operativa y competitiva de los pequeños y medianos comerciantes de la isla.
La organización hizo hincapié en que el impuesto al inventario constituye una forma de doble tributación injusta, ya que se grava el inventario almacenado aun sin generar ingreso y posteriormente también se tributa sobre las ventas de esos mismos productos. “Solicitamos la eliminación total del impuesto al inventario como una medida urgente para estimular la capacidad productiva de la empresa privada y, a través del capital, alcanzar las aspiraciones sociales de nuestro pueblo. Aplaudimos que hoy el Senado haya congelado temporalmente este gravamen, pero insistimos en que esto no es suficiente. Mientras avanzamos hacia la eliminación total, acogemos cualquier alivio disponible como un paso en la dirección correcta. Sin embargo, hacemos un llamado firme a que se incluya en el proceso una solución permanente dentro de una reforma contributiva amplia, que distribuya con justicia la carga impositiva, fomente la producción y facilite la formalización del sector informal”, expresó Barquín III.
El CUD subrayó que esta discusión no puede continuar dándose a expensas del sector productivo, que junto a la clase media ya sostiene gran parte de la carga contributiva del Puerto Rico. En ese sentido, urgieron a que la reforma contributiva que promueve el gobierno central contemple alternativas reales y sostenibles para evitar que los municipios vean afectadas sus finanzas ante la eventual eliminación del impuesto.
Finalmente, la organización reiteró su compromiso con continuar colaborando en el proceso legislativo y defender los intereses de los detallistas, quienes representan un eje vital para el desarrollo económico de Puerto Rico y para la estabilidad de miles de empleos a través de toda la isla.
