La delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Legislatura Municipal de San Juan radicó un proyecto de ordenanza por petición para declarar al Municipio Autónomo de San Juan como Ciudad Santuario para Personas Trans y No Binarias, reafirmando así su compromiso con la equidad, la inclusión y la protección de los derechos humanos.
En un mundo aún marcado por la desigualdad y la discriminación, algunas ciudades se han convertido en faros de esperanza para la comunidad transgénero. Desde el Castro District en San Francisco hasta la Zona Rosa en Ciudad de México, urbes de distintos continentes han adoptado políticas inclusivas que reconocen y celebran la diversidad de identidades.
Ciudades como Berlín, Buenos Aires, Montevideo, Toronto, Ámsterdam y São Paulo han desarrollado redes institucionales y comunitarias que garantizan derechos fundamentales a las personas trans. En Estados Unidos, urbes como Nueva York, Minneapolis y Portland han sido pioneras en legislar a favor de esta población desde hace décadas. Minneapolis, por ejemplo, fue la primera ciudad en prohibir la discriminación por identidad de género en 1975.
San Juan, como capital de Puerto Rico, tiene el potencial de replicar y adaptar estas iniciativas. La resolución presentada por la Dra. Norma Devarie Díaz (portavoz) y Daisy Sánchez Collazo (portavoz alterna) propone declarar a San Juan como Ciudad Santuario, utilizando su autonomía municipal para:
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Establecer protocolos de no colaboración con leyes estatales que criminalicen la atención médica trans.
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Fortalecer servicios municipales, como clínicas inclusivas, programas de salud mental afirmativa y protección de datos médicos.
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Crear una mesa de trabajo municipal con organizaciones trans para desarrollar políticas públicas afirmativas.
Según el Centro Mujer y Salud, en Puerto Rico hay al menos 2,061 mujeres trans, lo que representa aproximadamente el 3 % de la población LGBTTQ+. Desde 2018, 427 personas han solicitado cambiar el marcador de género en su certificado de nacimiento, incluyendo 24 menores entre los 13 y 21 años. Aunque no existen estadísticas oficiales específicas para San Juan, se reconoce como el centro urbano con mayor concentración de servicios, activismo y organizaciones trans.
La falta de datos oficiales invisibiliza a esta población y dificulta el diseño de políticas públicas efectivas. Como señaló el activista Justin Jesús Santiago: “Lo que no se cuenta, no existe, y por eso no nos quieren contar”.
Puerto Rico ha sido testigo de propuestas legislativas que buscan restringir los derechos de las personas trans. La Ley 63-2025 (PS 350), aprobada por la gobernadora Jenniffer González Colón, prohíbe los tratamientos médicos de afirmación de género para menores de 21 años, penalizando con hasta 15 años de cárcel a los profesionales de salud que los practiquen. La Ley 14-2025, conocida como Ley de Libertad Religiosa, impulsada por el senador Thomas Rivera Schatz, deja sin protección médica a esta población, entre otras implicaciones.
Estas medidas refuerzan el estigma y la exclusión. Estudios como el Proyecto TRANSforma revelan que el 81 % de las mujeres trans recurren al trabajo sexual como única fuente de ingresos, debido a la discriminación laboral. Además, el 74 % gana menos de $1,000 mensuales y más de la mitad está desempleada.
Las organizaciones que representan a la población trans en San Juan —como True Self Foundation, La Sombrilla Cuir, Arianna’s Center, Espicy Nipples, LaBoriVogue y Amnistía Internacional PR— han sido fundamentales en la exigencia de derechos y el bienestar de esta comunidad.
En 2021, el alcalde Miguel Romero Lugo declaró un estado de emergencia por violencia de género en San Juan, reconociendo que “la violencia de género no discrimina; el maltrato físico, emocional, psicológico y sexual se presenta tanto en mujeres, hombres y miembros de la comunidad LGBTT+.” Esta afirmación puede servir como base para extender el compromiso municipal hacia la protección de las personas trans frente a legislaciones discriminatorias.
La medida presentada por el MVC busca proteger a las comunidades vulnerables cuando el Estado falla. Envía un mensaje político claro de inclusión y resistencia, y establece precedentes que pueden influir en otras jurisdicciones.
Convertir a San Juan en Ciudad Santuario no es solo un acto político: ¡es una declaración de humanidad! Es reconocer que cada persona merece vivir con dignidad, sin miedo y con acceso pleno a sus derechos.
