El Overseas Press Club de Puerto Rico (OPC) rechazó este miércoles, en vista pública en la Cámara de Representantes, la propuesta legislativa que enmendaría la Ley de Transparencia por considerar que representa un retroceso en el acceso ágil, económico y expedito a la información pública.
La presidenta del OPC, Wilma Maldonado Arrigoitía, instó a los miembros de la Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante José “Che” Pérez Cordero, a no aprobar el Proyecto del Senado 63 (PS 63), señalando que las disposiciones de la medida son tan adversas al acceso a la información que no es enmendable.
“El sistema bicameral se estableció para dividir el poder legislativo y asegurar una representación más plural. Su voto en contra de este proyecto sería una muestra de que todavía queda algo de esa distribución de poderes entre las cámaras legislativas”, afirmó Maldonado Arrigoitía.
El PS 63, de la autoría del senador Thomas Rivera Schatz, propone varias modificaciones a la Ley 141-2019, conocida como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Entre ellas, duplicaría el plazo para la entrega de la información, de 10 a 20 días laborales, y eliminaría la opción de recibir los documentos en formatos accesibles.
A pesar del amplio rechazo que recibió el proyecto de ley de diversas organizaciones y comunidades, el Senado aprobó la medida el pasado octubre, sin celebrar un proceso de vistas públicas. La medida se encuentra ahora bajo la consideración de la Cámara de Representantes, que, al momento, solo celebrará una vista pública para discutir la medida.
Además del OPC, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI); la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asspro); la organización Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA Inc.); la líder comunitaria de Loíza Modesta Irizarry; el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico; la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés); y la sección ambiental de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) repudiaron el proyecto de ley ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.
Foto Suministrada por el Centro de Periodismo Investigativo
Foto Suministrada por el Centro de Periodismo InvestigativoLa Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), el Departamento de Justicia y la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) fueron las únicas agencias que presentaron ponencias sobre la medida. La OAT y OIG recomendaron enmiendas adicionales al proyecto de ley, mientras que el Departamento de Justicia avaló la pieza legislativa tal como está redactada. Según datos presentados por el CPI durante la vista pública, estas tres agencias no atienden grades volúmenes de solicitudes de información. En 2025, el Departamento de Justicia solo ha recibido 17 solicitudes de información, lo que representa un promedio de dos solicitudes al mes. Mientas, la OIG ha tramitado menos de 10 peticiones desde 2022 y la OAT recibió 14 solicitudes en 2024, expuso la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.
De aprobarse, la medida obligaría a los solicitantes a notificar a los jefes de agencia y titulares de entidades de gobierno sobre la solicitud. La ley vigente, en cambio, solo requiere notificar a los tres oficiales de información designados en cada agencia o entidad.
“Este requisito hará casi imposible que un ciudadano pueda acceder a la información porque el correo electrónico de un jefe de agencia, de un alcalde o de un procurador pocas veces está disponible al público”, señaló Maldonado Arrigoitía.
Para los periodistas, subrayó la presidenta del OPC, la obligación de notificar al titular de la entidad gubernamental puede significar una demora no justificada en la entrega de la información si a esa persona no le conviene divulgar la información.
El proyecto de ley también establecería que “ninguna entidad estará obligada a crear o preparar un documento inexistente al momento de recibir la solicitud de información”. Esta oración podría ser suficiente para negarle a los ciudadanos acceso a información que existe, pero que se encuentra en distintos documentos o expedientes, expuso Maldonado Arrigoitía.
La medida, además, le daría el poder a las agencias para escoger cómo harán accesible la información, pues advierte que el derecho del solicitante a escoger cómo quiere que se le entregue la información será solo “como regla general”. Permitiría también que la información se entregue en papel.
“Eso es lo que quiere este proyecto de ley: abrumarnos con miles de documentos de información irrelevante para que no encontremos el dato importante y revelador”, dijo Maldonado Arrigoitía.
La medida, sentenció la periodista investigativa, impondría barreras burocráticas que desalentarían la búsqueda de información pública e impactaría tanto periodistas como otros ciudadanos.
“Los periodistas, las comunidades y los residentes en Puerto Rico demandan mayor transparencia”, concluyó Maldonado Arrigoitía en su ponencia. “¿Por qué dificultar el acceso a la información? ¿A qué le temen? ¿Qué hay que esconder? Ya lo dijo el juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Louis Brandeis: ‘La luz del sol es el mejor desinfectante’”.
