Las Comisión de Educación, Arte y Cultura conjunta con la de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos, que presiden las senadoras Brenda Pérez Soto y Wandy Soto Tolentino, respectivamente, llevaron a cabo una vista pública como parte de la investigación sobre la Resolución del Senado 425, para examinar los protocolos del Departamento de Educación (DE), al momento de atender situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad, bienestar y desarrollo académico de los estudiantes del sistema público.
Soto Tolentino expresó que “estamos tratando de indagar sobre cuál es el tiempo de reacción de las agencias de gobierno responsables cuando se identifica en las escuelas un caso de maltrato en el hogar. Como pudimos escuchar hoy todas las agencias tienen programas de orientación y protocolos, inclusive Familia expresó que tienen hasta 72 horas para atender un caso. Es por esto que necesitamos saber dónde está la falta de comunicación o que protocolos no están funcionando que aún se están dando muchos casos. Es por esto que he solicitado a las agencias que nos provean estadísticas e información detallada sobre cuántos casos se han identificado, cuántos se han reportado a las agencias, y cuantos se han esclarecido o resuelto”.
Compareció a deponer en representación del DE, la licenciada Saraí Ruiz Maisonet, directora de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Legales y Política Pública. Mencionó los protocolos y reglamentos vigentes dentro de la agencias que les permite trabajar con las diferentes situaciones. “Estos instrumentos establecen claramente los deberes del personal docente y de apoyo, así como los procesos de activación, documentación, referido, intervención y seguimiento, garantizando el debido proceso, la confidencialidad y la protección de los derechos del estudiante”. Además, de capacitación continua al personal.
Ruíz explicó que el DE cuenta con mecanismos para atender y corregir cualquier funcionamiento inadecuado u omisión de deberes ministeriales por parte del personal docente y no docente, conforme al Reglamento de Medidas Correctivas y Acciones Disciplinarias del DE (2022). Igualmente, mencionó que la atención a los estudiantes se realiza mediante el Equipo Interdisciplinario de Servicios (EIS), integrado por trabajadores sociales escolares, psicólogos escolares, consejeros profesionales y personal de enfermería escolar.
Pérez Soto señaló que “decir en el récord que sí están los protocolos y el protocolo es tan reciente como del 2025, el problema no son los protocolos, no es el personal, son las consecuencias administrativas que tienen que tomar las agencias cuando ese empleado no cumple o no termina lo referido”.
Soto Tolentino preguntó qué protocolos tiene la escuela para identificar a estudiantes que puedan estar siendo víctimas de maltrato, abuso o negligencia en el hogar. Maribel De Jesús del programa de Trabajo Social del DE, respondió que hicieron una compilación de todos los protocolos existentes a través de las leyes y sus enmiendas. “Nosotros continuamente estamos adiestrando a nuestro personal de maestros, docentes, el personal del equipo interdisciplinario, para poder llevar a cabo de manera rápida y efectiva las intervenciones con los estudiantes de las situaciones socio familiares que surgen… El protocolo a activar depende del tipo de situación presentado”, expresó De Jesús. A preguntas sobre la comunicación interagencial, la deponente dijo que “podemos mejorar la comunicación entre las agencias”.
En un turno, la autora de la medida y vicepresidenta del Senado, Marissita Jiménez Santoni, preguntó cómo el trabajador social contacta a los padres sobre un caso. De Jesús explicó que se hace a través de llamadas. Añadió que el reglamento establece que luego de la cuarta ausencia del estudiante, el maestro refiere el caso al trabajador social. Este hace por lo menos tres gestiones para localizar a los padres, luego el trabajador social puede salir a la comunidad para identificarlo y posteriormente se hace un plan de intervención.
La senadora de minoría, Ada Álvarez Conde, preguntó cuáles han sido los retos actuales que ha visto según su experiencia y que antes no se veían. De Jesús dijo que “esto tiene un impacto multisectorial, por ejemplo la tecnología”. Añadió que la información sale a la luz en cuestión de segundos. Las situaciones de maltrato siguen incrementándose. El lado positivo es que si se reportan, es que se está creando consecuencia. “Tenemos que darle fuerte a la prevención, a la crianza”, sostuvo la deponente.
También, asistió en representación del Departamento de Salud (DS), Odalys Aponte Jiménez, de la Secretaría Auxiliar para la Salud Integral, quien enfatizó la importancia de la coordinación entre agencias, particularmente con el DE, el Departamento de la Familia, la Policía y otras entidades. Entre las iniciativas se incluyen participación en comités interagenciales de prevención del maltrato infantil; programas educativos para estudiantes sobre prevención de violencia sexual y relaciones saludables; y recopilación de datos estadísticos a través del Observatorio para la Prevención de Violencia de Género.
Entre las recomendaciones principales, mencionó que la investigación legislativa evalúe los recursos disponibles para implementar los protocolos existentes; analice las estructuras internas del DE para manejar estos casos; fortalezca la capacitación del personal escolar; promover mayor coordinación interagencial en la prevención y atención del maltrato infantil.
Asimismo, repasó los proyectos vigentes para atender la situación presentada en la resolución, la licenciada Nicole Báez, en representación del Departamento de la Familia (DF). “El Departamento de la Familia ha estado trabajando afanosamente para atender el problema de maltrato infantil y promover entornos familiares seguros a través de diversas iniciativas. No obstante, como parte del Plan de Gobierno de nuestra Administración, el Departamento está trabajando con una nueva política pública estatal para la niñez temprana, atemperada a los retos y oportunidades de hoy”, indicó Báez.
A su vez, mencionó que entre los proyectos se destacan la Escuela para la Convivencia y la Crianza, la Escuela para la Vida en Familia, el Programa Enfermeras Visitantes “Nidos Seguros”, servicio dirigido a reducir los factores de riesgo en jóvenes embarazadas bajo custodia del estado y jóvenes en las comunidades; y el Proyecto Encuentro como centro de coordinación y ofrecimiento de visitas supervisadas, de entrega y recogido para fomentar las relaciones paterno y materno filiales con el padre o madre no custodio y servicios de mediación”, dijo Báez.
Pérez Soto preguntó sobre la Unidad Especializada de la agencia y la alianza con el DE. Báez respondió que tienen trabajadores sociales del DF que son asignados a esas unidades en particular y están ubicados físicamente allí con trabajadores sociales del DE. “Una vez entra un referido de negligencia escolar, ese referido de negligencia escolar debe ser primero mirado en esa unidad y si se estipula de inmediato que hay un maltrato, se refiere al DF y corre el proceso común que correría un caso de maltrato dentro del departamento.
De igual forma, participó en la audiencia el licenciado Omar Figueroa Vázquez, en representación del Departamento de la Vivienda. El deponente explicó que la agencia cuenta con mecanismos institucionales para apoyar la protección de menores, entre ellos; la obligación de informar sospechas de maltrato o negligencia a las agencias correspondientes; atención prioritaria en casos de violencia doméstica o riesgo familiar; protección de la confidencialidad de los casos; capacitación del personal en prevención de maltrato; coordinación con planes de servicios individualizados y con otras agencias; y visitas de bienestar en residencias donde viven menores o personas vulnerables.
Igualmente, expresó su posición sobre la resolución y recomendaciones la teniente Lilliam Ortiz Oliver, en representación de la Policía de Puerto Rico. La deponente indicó que la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Policía tiene personal capacitado para las investigaciones de delitos contra menores. “Estos agentes reciben adiestramientos continuos en entrevistas forense infantil, aplican protocolos basados en minimizar la revictimización y mantienen un manejo confidencial y sensible de los casos. Es por esto que ha trabajado 23 incidentes de maltrato de menores desde el 1 de enero de 2026 hasta el 16 de febrero de 2026”, detalló Ortiz.
Asimismo, la deponente mencionó que de las estadísticas de esta oficina se desprende que en el 2025 se atendieron 381 querellas, lo que refleja un alza en comparación con los casos del 2024 que alcanzaron los 299. “En general, las querellas se reciben de padres, madres,familiares y trabajadores sociales del DE. No obstante, un 34 por ciento de los casos los sospechosos principales son madres”.
Igualmente, participó el OMBUDSMAN de la Oficina del Procurador del Ciudadano, Edwin García Feliciano. Mencionó que en este asunto “nosotros prácticamente en nuestra oficina no hemos recibido llamadas”. A la vez, indicó que de cualquier otro asunto su oficina recibe una llamada que tenga que ver con un adulto mayor y la canalizan con la Procuradora del Paciente o la Procuradora de Adultos Mayores y se le da seguimiento para estar seguros que contestaron. “Tiene que haber ese nivel de compromiso y tiene que haber comunicación. Tiene que haber seguimiento. A mí me preocupan las cosas que hay”, sostuvo García.
De otro lado, pero en la misma línea de recomendaciones, se presentó la doctora Catherine Oliver Franco administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). “Debe contemplarse el establecimiento de un modelo escalonado para atender el ausentismo y las señales tempranas de riesgo, estructurado mediante umbrales claramente definidos que detonen acciones obligatorias”, mencionó como parte de las sugerencias.
Además, indicó la importancia de fortalecer la integración de los servicios de salud mental y los apoyos comunitarios dentro del marco escolar. “Ello requiere establecer criterios de prioridad, mecanismos claros de referido y sistemas de retroalimentación que garanticen la continuidad del cuidado, siempre observando la confidencialidad y los derechos del menor”, abundó la deponente.
También, se presentó Laura Rodríguez en representación de la Universidad Albizu. Dijo que “integrar a la Universidad Albizu, Casa Albizu, así como Child Advocacy Center en colaboración con el DE, podemos fortalecer la capacidad preventiva del Gobierno de Puerto Rico y promover una cultura de protección activa. Recordando que la protección comienza antes de la investigación y se facilita a través de la educación y acción temprana”, mencionó Rodríguez, añadiendo que la revisión de los protocolos del DE son meritorias.
