Victoria Ciudadana denuncia la Ley 39-2026 “falsa reforma electoral”

El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) rechazó con firmeza la Ley 39-2026, impulsada por Thomas Rivera Schatz, y convertida en Ley con la firma de la Gobernadora, Jenniffer González. La catalogó como otra enmienda hecha a conveniencia del bipartidismo y no para fortalecer la democracia.

“El bipartidismo acomoda las reglas según la elección que enfrentan. No buscan ampliar derechos ni confianza ciudadana, sino garantizar su ventaja política”, expresó Lillian Aponte, pasada Comisionada Electoral de Victoria Ciudadana.

 “Las reglas de la democracia no deberían cambiarse por imposición. Las leyes electorales deben construirse con el mayor consenso posible, precisamente porque son las que garantizan la legitimidad de nuestros procesos democráticos”, añadió Aponte Dones.

El MVC denunció que el cierre del Registro Electoral 50 días antes de las elecciones limitaría la participación, afectando especialmente a la juventud, y que se pretende restringir el voto ausente y condicionar el voto adelantado. También señalaron la incoherencia en torno a las Juntas de Inscripción Permanente, recordando que propuestas previas del MVC fueron rechazadas.

Entre los cambios aprobados se incluye la creación de una modalidad de voto adelantado presencial dirigida específicamente a electores de cierta edad. Aunque la medida se presenta como una iniciativa de accesibilidad, expertos advierten que el establecimiento de criterios basados en la edad para determinar quién puede acceder a modalidades de votación más flexibles puede tener efectos discriminatorios en la práctica.

“Cuando una ley electoral establece reglas distintas para distintos grupos de electores, se crea una clasificación legal que debe ser cuidadosamente evaluada a la luz de los principios constitucionales de igualdad”, expresó Lillian Aponte Dones.

Aponte Dones explicó que, en la medida en que la ley facilite el acceso a modalidades de votación para ciertos grupos mientras impone procesos más restrictivos o limitados para otros, podría estar generando cargas desproporcionadas en sectores específicos del electorado, particularmente entre electores jóvenes que no tendrían acceso a las mismas alternativas de votación.

“El derecho al voto es un derecho fundamental. Cuando el acceso a modalidades más accesibles de votación se condiciona por criterios como la edad, existe el riesgo de crear procesos más onerosos para otros sectores del electorado”, añadió.

El movimiento insistió en que Puerto Rico necesita una verdadera reforma electoral, construida en consenso y dirigida a ampliar derechos: inscripción automática a los 18 años, voto adelantado y ausente para toda la ciudadanía, extensión de horarios de votación, más centros de inscripción, y una Comisión Estatal de Elecciones multipartita y transparente.